El Gobierno se olvida de las cajas rurales: podrán dar hipotecas sin pagar el impuesto

El decreto ley para que sean los bancos y no el cliente quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados tiene una generosa trampilla por la que se escapa un 5% del sistema hipotecario. La mayoría de cajas rurales y cooperativas de crédito están exentas de pagar este impuesto desde 1990 y el texto aprobado de urgencia por el Gobierno no incluye ninguna mención que las obligue. Fuentes conocedoras del procedimiento admiten que un descuido ha generado este doble agujero. Por un lado, la nueva regulación da una ventaja competitiva a las cooperativas y por otro amenaza con reducir la recaudación. Como en el caso de Franco, los errores en el decreto ley se pueden corregir pero en una farragosa tramitación parlamentaria. La interpretación sobre la aplicación de la exención puede acabar en los tribunales, justo cuando el Gobierno pretendía clarificarlo todo.

La reforma legal del Gobierno tras el caos en el Supremo debía ser algo sencillo. El texto iba a dejar claro que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), unos 3.500 euros de media por hipoteca, lo tenía que pagar la banca. "Democracia es también que no paguen siempre los mismos", ha declarado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ese impuesto, establecido en 1994 y cedido a las comunidades autónomas, recauda unos 2.000 millones que hasta ahora pagaba el cliente al suscribir una hipoteca. La redacción era confusa y el Supremo anuló el artículo que lo regulaba dejando en el aire quién debía pagarlo en la constitución de nuevas hipotecas en medio de un fenomenal caos.

La exención estaba pensada para los préstamos pedidos pero la redacción tan laxa -"por cualquiera de los conceptos"- hace que se beneficien ahora

La reforma del Gobierno, mediante un decreto ley para salvar la situación, establece que "cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista". Así que los bancos tienen que pagar el IAJD salvo en casos en los que concedan hipotecas a partidos políticos, iglesia o fundaciones y otras entidades con ventajas fiscales.

Pero el texto deja un agujero. Las cajas rurales son cooperativas de crédito, como también lo son la Caja Laboral o la Caja de Ingenieros, la cooperativa que concedió, por ejemplo, la hipoteca a Pablo Iglesias e Irene Montero para su chalé en Galapagar. Estas son "cooperativas protegidas" y desde 1990 tienen una ley que les da ciertas exenciones fiscales. "Las cooperativas protegidas disfrutarán de los siguientes beneficios fiscales: en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exención, por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación".

La exención estaba pensada para que estas entidades no pagaran el impuesto al pedir una hipoteca. Pero la redacción es tan amplia -"por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación"- que, según fuentes conocedoras de la aprobación del decreto ley, les permite mantener la salvedad cuando sean también prestamistas. Esta es la interpretación que hacen fuentes de bufetes de la banca y conocedoras de la tramitación. Incluso si hay quien interpreta que no les afecta y que la exención es solo para préstamos que pidan, la situación es probable que acabe en manos de los tribunales cuando el Gobierno lo que pretendía era clarificar el panorama.

El resultado es que los bancos deberán pagar el impuesto -y probablemente repercutirlo con peores condiciones para los hipotecados- mientras que las cajas rurales y las cooperativas no se verán en principio afectadas. Las cajas rurales suponen un 5% del mercado de las hipotecas, según fuentes del sector. El decreto ley sí deroga cualquier norma anterior contradictoria pero no lo es que haya una exención fiscal para determinados prestamistas.

El decreto ley del Gobierno, publicado el viernes en el 'Boletín Oficial del Estado' y en vigor desde el sábado, no previó esa particularidad. El texto se puede enmendar durante la tramitación parlamentaria si se tramita luego como ley -algo que previsiblemente ocurrirá-. Pero, como en el caso de la exhumación de Franco, los plazos se demoran y complican el arreglo porque el grupo socialista no tiene mayoría en el Congreso y sus socios pueden pedir contrapartidas a cambio de aprobarlo.

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En las cajas rurales cundió la sorpresa el viernes. "Estamos analizando el decreto ley pero parece que no nos afecta lo de pagar el IAJD", explicó el director general de una pequeña caja. "Creemos que no nos afecta, porque estamos exentos de ese impuesto, pero es un sinsentido. No creo que el Gobierno quiera eso", señaló un directivo de otra importante caja rural. Ninguno se atrevió a dar por cerrado que vayan a tener esa ventaja competitiva. Si el resto de bancos encarece sus hipotecas para repercutir este impuesto, las cooperativas de crédito van a ver cómo se les abre el negocio pero temen que el Parlamento acabe cambiando el texto o el Gobierno la interpretación.

En muchas zonas de España las cajas rurales tienen un mercado muy minoritario pero en otras son relevantes. Cajamar, por ejemplo, es líder en Almería. Una persona que ha sido durante años asesor jurídico en las cajas rurales explica la confusión: "El Gobierno y el Banco de España han dejado de lado durante años a las cooperativas de crédito porque han sido muy conservadoras y no les afectó tanto la crisis". Si querían implantar una agresiva política comercial de hipotecas este es su momento.