Despachos cerrados, caras largas, visitas furtivas: así prepara el Supremo la sentencia

Tras el mazazo del pasado martes y la convulsión del precipitado pleno de las hipotecas el Tribunal Supremo trata de recuperar la calma aunque solo lo consigue a medias. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo que fallaron, partidos en dos, que el impuesto de las hipotecas deben asumirlo los clientes, preparan ahora tanto la sentencia en la que deben argumentar la decisión de la mayoría de 15 como los votos en contra de este criterio de los 13 magistrados discrepantes, que se esperan potentes. Las primeras 48 horas han sido complicadas: caras de preocupación, despachos con las puertas cerradas y reuniones en privado para determinar la línea a seguir en los próximos días.

La mañana posterior a la reunión que se alargó dos días no fue fácil. Llovían las fuertes críticas sobre la gestión de este asunto y cundía el desánimo ante el descrédito del alto tribunal. Hasta tal punto el malestar era patente que incluso algunos de los jueces que votaron a favor de tumbar el cambio de criterio de sus compañeros de la Sección Segunda, que habían determinado un par de semanas antes que eran los bancos los que debían abonar el tributo, manifestaron su pesar por el desenlace.

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Durante las primeras horas se estableció el reparto de la ponencia que desarrollará los argumentos de la postura de los 'ganadores' de la deliberación. Correspondió a Jorge Rodríguez-Zapata, que preside desde 2012 la Sección Cuarta de la Sala Tercera y fue magistrado del Tribunal Constitucional durante nueve años, y Eduardo Espín, que además de integrante de la Sala es catedrático de Derecho Constitucional.

También comenzaron a sentarse las bases de los votos particulares, única vía para el 'pataleo' para aquellos que consideraron que el pleno no se desarrolló con normalidad y que se truncó el debate de forma prematura e innecesaria, ya que aún quedaba espacio para alcanzar un consenso mayor que hubiera evitado la imagen de ruptura absoluta. Según informan fuentes jurídicas, es previsible que se dicten tres o cuatro y que esos 13 que votaron en contra de desestimar los recursos sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados se adhieran a uno u otro.

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Pasarán, no obstante, varios días antes de que tanto unos como otros queden listos. Ahora mismo, todos han comenzado a reflexionar sobre la forma de expresar sus posturas. Las fuentes consultadas coinciden en que conviene, además, dejar espacio para recuperar una cierta calma, que los efectos de la convulsión se disipen y el enfado de muchos se enfríe un poco. No hay prisa por dictar la sentencia en la que previsiblemente se hará referencia a la vigencia de la Ley por encima del reglamento modificado en las tres sentencias ahora desactivadas.

Votos discrepantes

Las primeras conversaciones sobre las distintas posturas se han ido realizando de forma discreta. Tras la tormenta, la mayoría se refugiaron en sus despachos. Pocas conversaciones de pasillo y mucha reflexión interna para tratar de medir, no solo la magnitud del desastre sino también la mejor forma de reconducir las cosas. Los votos discrepantes incidirán en distintas cuestiones. No se descarta que alguno de ellos vuelva a evidenciar su divergencia sobre la forma y el fondo del Pleno, el momento de su convocatoria o incluso la forma en la que se dirigió el debate.

Uno de los más afectados ha sido el presidente del Supremo Carlos Lesmes que coincidió 24 horas después del fallo con Díez-Picazo y otros magistrados de la Sala. Este jueves se celebró una reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en la que la tensión fue evidente. Lesmes la preside y en ella participan también los presidentes de todas las Salas, entre ellos Picazo y cinco magistrados elegidos por sus compañeros. Entre ellos figuran el presidente de la Sección que dictó la sentencia que abrió la caja de los truenos, Nicolás Maurandi. La situación distó mucho de ser cómoda.