La Audiencia Nacional deja a Duro al borde de la quiebra al rechazar la prórroga fiscal

Duro Felguera consiguió ayer llegar a la orilla de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aprobó el folleto informativo de la ampliación de capital de 125 millones de euros con los que pretende evitar la quiebra. Sin embargo, la compañía asturiana se ha encontrado con otro problema de una dimensión similar a la inyección de capital con Hacienda, que amenaza muy seriamente con llevarla al concurso de acreedores. Porque tanto el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) como la Audiencia Nacional han rechazado su petición de concederle una dispensa para retrasar el pago de una multa impuesta por la Agencia Tributaria.

Según detalla el documento remitido a la CNMV, el TEAC le ha denegado la suspensión de la ejecución de la liquidación impuesta por Hacienda en mayo de 2017 por los impuestos sobre sociedades de los ejercicios de 2010 a 2012 por un importe total de 123 millones (100 millones de cuota más 22 millones por intereses de demora). Duro Felguera presentó garantías inmobiliarias por 29,3 millones y pidió una dispensa por los restantes 94 millones para evitar que tuviera que pagar los 123 millones de forma inmediata.

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Pero el TEAC ha inadmitido a trámite la solicitud de suspensión, por lo que el grupo de ingeniería ha iniciado un procedimiento contensioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para anular la ejecución, así como para adoptar medidas cautelares. Aunque la Audiencia Nacional no ha resuelto aún la petición, pendiente de la formalización de la demanda, Duro Felguera reconoce que el organismo judicial resolvió el 26 de marzo de este año en una pieza separada que la compañía debía aportar garantías adicionales para detener el proceso de liquidación.

Contra dicho auto, Duro Felguera presentó un recurso de reposición, el cual ha sido desestimado esta misma semana. Ante esta situación límite, la empresa, que se encuentra en causa de liquidación al contar con un patrimonio negativo, está preparando la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Como han pasado dos meses después de la decisión de la Audiencia Nacional del 26 de marzo, la Agencia Tributaria podría ejecutar la sanción de forma inmediata, tramitación con la que el grupo no está de acuerdo.

Por este motivo, ha presentado un aplazamiento de la deuda fiscal ante la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y una nueva solicitud de suspensión ante el TEAC justificada “por los perjuicios de reparación imposible que se derivarían de la exigencia inmediata del pago de la deuda”. En concreto, sobre el acuerdo de refinanciación con la banca, su homologación judicial, el plan de viabilidad, los resultados de 2017 y, en definitiva, en el futuro de la ampliación de capital. En otras palabras, que llevaría a la compañía al concurso de acreedores.

Más sanciones

La situación es de extrema gravedad porque Duro Felguera no ha provisionado ni un euro en relación a este litigio fiscal, que no es el único que tiene con la Agencia Tributaría. Porque Hacienda le ha imkpuesto otra sanción de 23.04 millones de euros, actualmente en proceso de recurso, y una tercera que asciende a casi 28 millones que “podría tener un impacto negativo en los resultados, la situación financiera y el patrimonio de la sociedad, así como en su estado de liquidez”.

Como publicó la semana pasada El Confidencial, Duro Felguera ha pedido ayuda al Gobierno del Principado, dirigido por Javier Fernández, y al central, a través de la vicepresidenta del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, la asturiana Adriana Lastra para obtener una dispensa de la Agencia Tributaria que evite la ejecución inmediata de la liquidación. De momento, estas llamadas de auxilio no han tenido efecto, pero fuentes próximas al grupo confían en tener noticias positivas durante la suscripción de la ampliación de capital.

La Oferta Pública de Suscripción se va a hacer a un precio de 0,027 euros por acción, lo que supone de facto una dilución del 97% para los accionistas actuales. Uno de los cuales, Inversiones Somió, dueño del 27% del capital, ha sido vetado por la banca para acudir a la operación. Si Somió, representado por Angel del Valle, yerno de Juan Gonzalo Alvarez Arrojo, el mayor accionista, decide ejercer sus derechos, los acreedores suspenderán el plan de refinanciación, con lo que la compañía entrará de facto en quiebra.