El aluvión de pleitos con la Administración fuerza a Transparencia a 'fichar' abogados
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aumentan los litigios con la propia administración

El aluvión de pleitos con la Administración fuerza a Transparencia a 'fichar' abogados

Contra todo pronóstico, el Consejo de Transparencia tiene cada vez más litigios con otros organismos públicos, una situación que le ha obligado a buscar abogados privados para defenderse

Foto: Sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (CTBG)
Sede del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. (CTBG)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se arma con abogados del sector privado. Desde hace algo más de un año, el organismo público encargado de velar por la transparencia de la Administración tiene cada vez más pleitos, y no precisamente con los ciudadanos.

Entre las tareas del consejo, constituido en 2013, se encuentra la emisión de resoluciones sobre reclamaciones presentadas por los ciudadanos que quieran acceder a determinados datos públicos. Esos informes, que pueden ser favorables o no a las peticiones, pueden exigir a la entidad pública en cuestión que haga públicos los datos. Y aquí es donde empieza el problema.

El consejo ha comprobado, no sin cierta sorpresa, que en vez de atender sus peticiones, la mayoría de entidades públicas opta por recurrir esas resoluciones e ir a los tribunales. Tanto RTVE como los ministerios son ejemplos de corporaciones que mantienen pleitos con el consejo por su reticencia a ser más transparentes.

La cantidad de pleitos contra otras entidades públicas ha terminado por obligar al consejo a buscar abogados privados para defenderse

Al ser un litigio entre dos organismos públicos, la Abogacía del Estado no puede llevar la defensa de ambas partes. De ahí que hace un año el consejo tuviese que contratar de urgencia dos abogados para llevar esos asuntos. Un sistema de contratación directa (previsto en la ley) que se ha dilatado durante demasiado tiempo y al que ahora el consejo ha puesto fin con la externalización de su defensa jurídica a través de un concurso público.

La licitación, valorada en 40.000 euros, ha sido resuelta hace unos días y la defensa ha sido adjudicada a Escárate, un despacho de abogados que llevará estos pleitos durante al menos un año por 27.200 euros. Cabe señalar que el contrato puede ser prorrogado durante otro ejercicio más.

Foto: La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. (EFE)

Con esta licitación, la dirección del consejo aspira a dar carpetazo a un asunto que todavía genera estupor en el seno del organismo. Cuando se constituyó el consejo, nadie pensó en la resistencia que ofrecería la Administración a ser más transparente. Pese a todo, ya hay sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, como por ejemplo las relativas al coste que RTVE ha tenido que asumir por Eurovisión, que han terminado por dar la razón a este organismo público.

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