Nadal hace retroactiva la ley de clausura del carbón para poder vetar el cierre a Iberdrola

Nadal eleva el pulso contra Galán. Acción-reacción. Solo tres días después de que Iberdrola solicitara el cierre de sus dos últimas centrales de carbón, el Ministerio de Energía ha lanzado el borrador sobre las condiciones de cierre de las centrales de producción eléctrica. Esta normativa, que tendrá que validar la CNMC, será de aplicación para todas aquellas plantas que hayan solicitado el cierre tras el lanzamiento de la consulta pública que hizo este mes de agosto el Ejecutivo. Esto quiere decir que el ministro ha introducido la retroactividad para tener voz en el cierre de las centrales de la eléctrica vasca y poder vetarlas en caso de que lo considere oportuno. Además, ahora le pide una memoria con las "circunstancias económicas, técnicas y ambientales" como parte de la justificación del cierre. Galán tendrá que mostrarle las cuentas de las plantas a Nadal.

La principal novedad es que ahora, además de los criterios de seguridad, que gestionaban Red Eléctrica y la CNMC, el Gobierno tendrá la posibilidad de vetar los cierres por motivos económicos o cuando supongan una amenaza para la seguridad del suministro o la sostenibilidad. Es decir, cuando entienda que la clausura de una planta puede amenazar con una subida del precio mayorista de la luz que acaban pagando los usuarios en sus facturas. Además de lo anterior, el Gobierno explica que los cierres deben ser compatibles con la política energética llevada a cabo por el Ejecutivo.

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La acción de Energía llega después de que el ministro señalara este mismo lunes que España necesita mantener sus plantas de carbón activas. Para Nadal, es clave que sigan funcionando las distintas tecnologías dentro del 'mix' de generación, y cree que esto lo debe decidir el Gobierno, no las eléctricas. Tras sus palabras, el presidente de Iberdrola, que se encontraba en la cumbre por el Medio Ambiente en Bonn (Alemania), señalaba que no creía que el cierre de sus plantas vaya a suponer una dificultad y es parte de la estrategia de la compañía como compromiso con la descarbonización y el medio ambiente. En 2016 cerró la planta de carbón que tenía en Reino Unido.

En el anuncio de solicitud de cierre, Iberdrola ya señalaba que el cierre de las centrales de carbón de Lada y Velilla, que suman algo más de 800MW de potencia, no suponía un problema para la seguridad de suministro ya que la compañía cuenta con más de 5.000MW de ciclos combinados de gas.

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Nadal quiere seguir contando con el carbón para tener más diversificado el suministro y no depender más aún del gas, ante una hipotética escalada de precios de este combustible fósil, como ocurrió en enero del año pasado. Por su parte, el cierre le podría permitir a Iberdrola utilizar más sus ciclos combinados, con bajo desempeño en la actualidad por la sobrecapacidad que existe en el sistema. Máxime en un momento en que los pagos por capacidad, el dinero público que se da para que el sistema tenga respaldo, están bajo la lupa de Bruselas.

Según el Ejecutivo del Partido Popular, "el Gobierno ratifica así su posición de que las decisiones tomadas por las empresas en el ámbito energético deben estar subordinadas al interés general y a la planificación en esta materia. Esta posición encuentra pleno amparo en los preceptos constitucionales (artículos 38 y 128) y en la regulación vigente del sector eléctrico".

Se cubre ante petición de venta

Por otro lado, Nadal se ha cubierto ante la hipotética petición de cierre de las empresas por razones económicas. "En caso de denegación de la solicitud, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero, lo que podrá hacer si así lo desea mediante una subasta regulada por el real decreto. Esta subasta permitirá establecer si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitar su transmisión para que continúe operando la central", apunta el Gobierno.

Abre la puerta a pagar a estas centrales

En línea con lo anterior, el ramo dirigido por Álvaro Nadal explica que si el mecanismo de subasta no permite la transmisión a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad. "Dicho esquema se diseñará para asegurar que se otorga al menor coste posible, y en todo caso con un coste inferior al beneficio económico que los consumidores derivarían de la continuidad de la actividad". La pregunta ahora es saber, dada esta situación, cuál será este coste y cómo se determina que es inferior a mantener las plantas abiertas.