Ada Colau se apunta a privatizar de la mano de Roures para vender la sede de Mediapro

Giro en la gestión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Por sorpresa, la alcaldesa se ha apuntado a la venta de activos de la mano del hombre fuerte de Mediapro, Jaume Roures, según han confirmado fuentes del sector inmobiliario. Esta semana, el consejo de la empresa municipal Bimsa estuvo analizando sacar a la venta la sede de Mediapro en Barcelona, un activo que comparten tanto la empresa audiovisual como el consistorio de la capital catalana, y que podría ser una de la operaciones del año en el sector inmobiliario en España.

La sede de Mediapro es un gigantesco edificio de oficinas que se encuentra en Barcelona, en concreto en el número 177 de la Diagonal, propiedad de la sociedad Mediacomplex, controlada en un 67% por Imagina Media Audiovisual y el 33% restante por Bimsa, la empresa municipal. En el consejo de Bimsa, Mediapro planteó una serie de cuestiones técnicas ante las cuales los representantes del Gobierno local pidieron tiempo para estudiarlas y la cuestión se sacó del orden del día. Pero la intención, tanto del equipo municipal de Colau como de Roures, es sacar el edificio a la venta en los próximos meses.

Fuentes del ayuntamiento confirman que se está estudiando una operación que consistiría en la venta del 100% de las acciones de esta sociedad, Mediacomplex (que tiene un edificio en propiedad), mediante un proceso de subasta pública que no afecta para nada el derecho de superficie vigente. Por esta razón, porque el Ayuntamiento de Barcelona mantendría el derecho de superficie, desde el equipo municipal de Ada Colau se niega que se trate de una privatización. Por su parte, portavoces de Mediapro han declinado hacer declaraciones. Por tanto, puede concluirse que Colau privatiza en este caso, pero solo un poco.

Con la actual bonanza del sector inmobiliario y la avidez de los inversores por activos de este tipo, la operación podría reportar a sus propietarios más de 100 millones de euros, por un inmueble que costó 60 millones, según apuntan fuentes del sector inmobiliario. Sin embargo, Mediapro no cuenta con un comprador en este momento; al contrario, lo que se quiere es organizar una subasta para maximizar la operación.

El edificio Imagina se construyó en 2005 y entonces costó 60 millones, invertidos en una torre de 17 pisos que cuenta con 12.000 m2

El edificio se denomina Imagina, uno de los bloques de terciario emblemáticos del 22@, el distrito tecnológico que el ayuntamiento impulsó en el barrio de Poblenou. Cuenta con una torre de 17 plantas, 12.000 m² de oficinas y alberga siete platós para rodajes y programas televisivos. La propia Mediapro y otras productoras y empresas creativas son sus principales inquilinos.

Segunda vuelta

Hace un año, Mediapro ya mantuvo conversaciones para vender el inmueble. Pero entonces el ayuntamiento se mostraba más bien reticente. Ahora, en cambio, Colau y Roures se encuentran perfectamente alineados en esta cuestión.

Las privatizaciones ya marcaron el gobierno de su predecesor, el convergente Xavier Trias, quien entre otros vendió la red de aparcamientos municipales. El discurso oficial de Colau es el contrario, por ejemplo, en el Área Metropolitana, donde está en pie de guerra con Agbar precisamente por la gestión privada del servicio del agua. Desde el ayuntamiento se niega que esta operación vaya a abrir la puerta a otras operaciones de venta.

La sede del grupo audiovisual se construyó en 2005. El pliego de condiciones se mantendrá tras la futura venta, según asegura el ayuntamiento. Eso supone mantener la calificación de Equipamiento 7@ y que el 61% de sus usuarios resulte ajeno a la propia Mediapro, tal y como consta en el Plan Especial de la Illa Ca L’Aranyó, aprobado en 2004. Estas condiciones podrían limitar el precio de las ofertas de los compradores.

Otros derechos de superficie

El caso de la sede de Imagina no es el único. El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con otros derechos de superficie, como el del Hotel Juan Carlos I. Pero en el caso de la sede de Mediapro, el consistorio venderá la sociedad titular del inmueble pero no incluye el derecho de superficie, por lo que cuando la vida de este derecho finalice, todas las construcciones efectuadas revertirían al ayuntamiento. El derecho de superficie acaba en 2078, según consta en la condiciones de la adjudicación publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Por tanto, la operación atraerá fondos que busquen una rentabilidad financiera a más de 50 años.

La operación podría malograrse por la situación de Colau y su Ggobierno en minoría. Aunque Bimsa otorgue el visto bueno, luego la venta ha de pasar por el plenario municipal. El PP y la CUP se oponen. Por ello, desde el equipo de Ada Colau se asegura: “Tenemos el compromiso de que cualquier operación se haga con el máximo consenso de las fuerzas políticas”.