no incurre en motivo de inhabilitación

Carceller seguirá como consejero en todas sus empresas al quedar libre de blanqueo

Los servicios jurídicos de Sacyr, Ebro y Gas Natural concluyen que el empresario puede seguir en sus consejos al no haber sido condenado por ningún delito que lo inhabilite

Foto: Demetrio Carceller Arce.
Demetrio Carceller Arce.

Demetrio Carceller Arce podrá seguir siendo presidente de los consejos de administración de la cervecera Damm y la petrolera Disa, vicepresidente de Sacyr y Ebro, y miembro del máximo órgano de administración de Gas Natural, pese a la condena pactada a la que se ha avenido con Anticorrupción en la Audiencia Nacional y que les permite, a él y a su padre, Demetrio Carceller Coll, evitar la prisión a cambio de pagar 93 millones de euros por el fraude fiscal del patriarca.

¿La razón? El acuerdo entre su defensa y el Ministerio Público implica la condena de ambos por un delito contra la Hacienda Pública, pero la retirada de la acusación por el otro delito del que venían siendo acusados: el de blanqueo de capitales. Una condena por este último hubiera impedido al hijo seguir siendo consejero de tres de las mayores empresas cotizadas del país: Sacyr, Ebro y Gas Natural.

Según confirman fuentes jurídicas conocedoras, tras rubricarse el lunes la sentencia, los departamentos legales de estas tres cotizadas han refrendado la postura que han mantenido durante todos los años que ha durado este largo proceso y han avalado la habilitación del empresario para seguir al frente de sus máximos órganos de gobierno, al no haber incurrido en ninguno de los delitos tipificados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el que se recogen las prohibiciones concretas para ser administrador.

Fotografía de archivo de Demetrio Carceller. (EFE)
Fotografía de archivo de Demetrio Carceller. (EFE)

Entre ellas, se encuentra la de haber sido condenado "por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad". Los delitos contra la Hacienda Pública por los que ha sido condenado no se encuentran en ese catálogo, pero sí lo está el blanqueo, contenido en el Título XIII del Código Penal, el que se refiere a los "delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico".

Además, entre los aspectos valorados por los servicios jurídicos, destaca el hecho de que Carceller Arce ha sido de los cuatros condenados el que ha recibido una menor pena, al habérsele condenado solo como cooperador necesario de cuatro de los 13 delitos que se le han imputado a su padre. A esto se suma que fue añadido a la causa años más tarde de iniciarse el proceso, ya que en todo momento negó su implicación en los hechos atribuidos a su padre, y que incluso vio que la Sala Segunda de la Audiencia Nacional decretó el sobreseimiento libre de las diligencias penales seguidas contra el empresario, auto revocado posteriormente por el Tribunal Supremo.

Con estos argumentos legales a su favor, Carceller seguirá sin problema como consejero de Sacyr y Ebro, según han confirmado a este medio las mismas fuentes jurídicas. En el caso de Gas Natural, la futura composición del máximo órgano de gobierno de la compañía depende ahora de la remodelación que pacten La Caixa y Repsol con el fondo GIC, al que cada una acaba de vender un 10% de la gasista por 3.802 millones, y Carceller se sienta en representación de la petrolera.

Entramado societario

El supuesto blanqueo de Demetrio Carceller Coll, del que su hijo habría sido cooperador necesario y que finalmente fue retirado por el fiscal, se basaba en las cuentas a través de las cuales el padre habría tenido acceso a los fondos presuntamente defraudados a Hacienda. Esas cuentas estaban abiertas formalmente en oficinas bancarias extranjeras, "si bien operaban materialmente desde España", donde el patriarca vivía realmente, en lugar de hacerlo en el país de su residencia fiscal declarada, Reino Unido. 

En concreto, Carceller Coll figuraba como titular de dos depósitos, uno en JP Morgan y otro en Citigroup Private Bank. Pero también controlaba otros puestos a nombre de otras sociedades como Financiera Intercontinental, Japan Investments o Buckland Consultadoria e Serviços. Aparte de esas cuentas, también constaban a nombre del patriarca de la saga otras abiertas en entidades bancarias españolas: nueve en Bankinter, dos en Banco de Sabadell, una en Barclays Bank y otras cinco en Banesto.

Demetrio Carceller Coll. (El Confidencial)
Demetrio Carceller Coll. (El Confidencial)

"La titularidad de todos los fondos, derivados y activos depositados en dichas cuentas, así como los dividendos percibidos por aciones depositadas en las mismas, intereses percibidos y ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de operaciones realizadas con acciones y derivados a través de todas estas cuentas, corresponde en su totalidad a Demetrio Carceller Coll con las consiguientes consecuencias fiscales que eso conlleva", relataba el Ministerio Público en su escrito.

Carceller había tejido una compleja trama para depositar fuera de España el grueso de su imperio empresarial. Así, su parte de la petrolera Disa estuvo depositada inicialmente en una sociedad holandesa participada por otra de las antillas holandesas que, a su vez, estaba controlada por la panameña Financiera Intercontinental SA. Después pasaron a la firma chipriota Japan Investments ltd. Las de Damm también se guardaban de una manera similar, así como las de Sacyr (de la que el hijo es vicepresidente), Repsol, Gas Natural, Unión Fenosa, CLH, Estrella de Levante y Ebro Puleva.

Los papeles de Panamá destaparon gran parte de este entramado, una red operativa desde hace dos décadas y que la familia utilizaba para financiar sus inversiones en España a través de varias sociedades 'offshore' ubicadas en paraísos fiscales como las remotas islas de Niue y Samoa.

El acuerdo —y la sentencia resultante de este— redujo los 48 años de cárcel que el fiscal pedía para el padre y los 14 que solicitaba para el hijo como cooperador necesario de los delitos de su progenitor a algo más de siete años para el primero y 13 meses para el segundo, con la sustitución de todas las penas de prisión por multas. A cambio, los Carceller se comprometieron a pagar a Hacienda 93 millones de euros en concepto de la cuota defraudada, la sanción tributaria correspondiente y los intereses.

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