Los directivos de Caja Madrid cargan contra Goiri ante el juicio de las tarjetas 'black'

La apertura de juicio oral por el caso de las tarjetas 'black' contra 64 antiguosconsejeros y directivos de Caja Madrid ha provocado la reacción de los ejecutivos de la época de Miguel Blesa contra el equipo gestor actual de Bankia,encabezado por José Ignacio Goirigolzarri. Sus quejas se dirigen contra un informe de auditoría interna que sostiene que las 'black' eran ilegales porque se aprobaron fuera del cirtuito ordinario. Fuentes de las defensas sostienen lo contrario e insisten en que las tarjetas formaban parte de su retribución y que no se trataba de dinero negro.

Los directivos o ejecutivos eran empleados de la entidad que tenían un contrato de alta dirección y recibíanun salario por su trabajo, a diferencia de los consejeros, miembros del órgano de gobierno de la entidad que en las sociedades privadas representan a los diferentes accionistas y que en las cajas de ahorros eran designados por los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. El problema es que en el caso de las 'black', el propio juez de la Audiencia NacionalFernando Andreuno distingue entre ambas categorías, sino que los mete a todos en el mismo saco y se enfrentan a la misma acusación de apropiación indebida.

La diferenciaciónentre los dos grupos es clave para la defensa de los exdirectivos. Y su enfado con los gestores actuales de Bankia parte de que el informe de auditoría interna de la entidad, elaborado por el responsable de esta área,IñakiAzaola, tampoco distingue entre los procedimientos que regían las tarjetas de uno y otro estamento, que eran diferentes. La conclusión de ese informe -que es la clave para el procesamiento de los directivos- es que las 'black' de este grupo estaban "fuera del circuito ordinario" porque no las aprobó el comité de medios de Caja Madrid, y que hubo una ocultación contable y fiscal de las mismas.

Las defensas de estos acusados parten de la base de que las polémicas tarjetas no eran ningún sobresueldo en Ben su caso, sino simplemente el medio de pago de parte de su retribuciónque fue establecido en 1994, antes de la llegada de Blesa. Y al estar incluidas en su salario, la competencia de fijar el mismo, según las leyes y los estatutos de la entidad, correspondía en exclusiva al presidente ejecutivo, es decir, a Blesa.

Todo el mundo conocía la existencia de las 'black'

Dicha remuneración debía ser refrendada por la comisión ejecutiva a partir de 2004, como así ocurrió;pero en ningún caso por la de medios, que sí era la encargada de aprobar las tarjetas de los consejeros (que no eran asalariados de la caja) y las otras tarjetas que también tenían los ejecutivos, destinadas a gastos de representación -que debían justificar con facturas, a diferencia delas 'black'-.Por eso, la conclusión del informe de Bankia que les incrimina es falsa, según su versión.

En cuanto a la ocultación, sostienen que no pudo existir, puesto que la comisión ejecutiva aprobó las tarjetas y que los gastos de las mismasse anotaron a partir de 2011 en una cuenta dedicada en exclusiva a ello (no se cargaba nada más), que el Banco de España conocía en sus inspecciones periódicas. Lo mismo ocurre en el caso de Hacienda, cuyos inspectores revisaron esa cuenta, según se recoge en las actas referentes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006, y no pusieron ninguna objeción. Se refieren al famoso inspector Cipriano Muñoz, ya fallecido, sobre el que recaen sospechas de 'negociar' la apertura de un acta por un concepto distinto al de las tarjetas 'black'para mantener oculto ese sistema.

De estar exonerados, a afrontar tres años de cárcel

De hecho, el fiscalAlejandro Luzónpidió el sobreseimiento de la causa para los directivos, que solo podían ser considerados partícipes a título lucrativo (como la infanta Cristina), y Andreu lo aceptó en mayo de 2015. Sin embargo, la acusación popular encabezada por el que después fue líder de UPYDAndrés Herzogrecurrió esta medida y la Sala la revocó en julio. A partir de ahí, el magistrado dejó de diferenciar entre directivos y consejeros en el auto de transformación de diciembre, y el propio fiscal cambió su criterio anterior.

Con estos cambios, los ejecutivos afrontan acusaciones de apropiación indebida por parte del fiscal, el FROB y la acusación particular, que solicitan penas de entre tres meses y tres años de prisión. Bankia, en cambio, mantiene la consideración de partícipes a título lucrativo y la heredera de la caja, la Fundación Montemadrid, no se ha sentido perjudicada y no se ha personado en la causa.

"Si se tratara de pagar un sobresueldo en negro o de un sistema oculto, la peor forma posible es hacerlo con una tarjeta, porque siempre deja rastro de todas las operaciones y se puede acceder fácilmente a ellas, como se ha visto claramente en esta historia", concluye una de las fuentes citadas.