La Politécnica pierde un pelotazo millonario por un 'despiste' de la Asamblea de Madrid

En un momento en el que las arcas públicas de toda España adolecen de falta de fondos, la Universidad Politécnica de Madrid se ha encontrado con un jugoso cheque que puede alcanzar los 4,7 millones de euros. Este dinero es la suma a la que asciende la valoración de unos terrenos que enfrentan al ente educativo con los antiguos propietarios de esos suelos, a los que el Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad ha ordenado pagar un 47% más del importe al que este mismo organismo valoró en fechas similares unos terrenos vecinos.

Pero a este castizo 'pelotazo', que los reversionistas ya han recurrido a través del bufete Serrano Alberca & Conde, se le suma un importante problema: el jurado territorial se ha pronunciado cuando estaba inhabilitado para ello por una norma firme aprobada por la propia Asamblea de Madrid.

El pasado diciembre, dentro de la Ley 9/2015 de Medidas Fiscales y Administrativas, el Gobierno de Cristina Cifuentes decidió eliminar este ente, pero el voto en contra de la oposición, con el PSOE del exministro de Educación Ángel Gabilondo a la cabeza, hizo que finalmente no se articulara. Sin embargo, en la redacción final de la norma se olvidó eliminar la Disposición Transitoria Segunda, que fija que "los expedientes que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren pendientes de fijación de justiprecio, se remitirán al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa con competencias en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid".

Tras percatarse de su error, según explican desde el Gobierno regional, se suprimió esta Disposición Transitoria Segunda mediante una corrección que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 12 de abril, dos semanas después de que el jurado territorial se hubiera pronunciado ya sobre el justiprecio de una de las parcelas que enfrentan a la Politécnica con los reversionistas, lo que significa que este justiprecio se ha marcado cuando el ente carecía de legitimidad para hacerlo, y saltándose la normativa que imperaba desde el 1 de enero y que obligaba a trasladar todos los expedientes abiertos al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Este 'despiste' del Gobierno regional pone en jaque el jugoso cheque que esperaba cobrar la Politécnica, ya que con la ley en la mano, según defienden desde Serrano Alberca, todos estos expedientes deberían haberse remitido a la otra instancia. A este escándalo se suma el hecho de que el jurado territorial, compuesto por personal administrativo y no por magistrados, haya disparado un 47% el justiprecio de estos terrenos respecto a anteriores valoraciones suyas, un incremento que los reversionistas están convencidos de que ningún juez defendería y, por ello, han decidido recurrir.

Unos terrenos en pugna desde hace 45 años

El origen de este conflicto se remonta hasta el año 1971, cuando el Ministerio de Educación, a través de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, expropió cerca de 70.000 metros cuadrados para ampliar la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales, obras que nunca llegaron a ejecutarse y que llevaron, en 2006, a los propietarios originales de estos terrenos a solicitar su reversión.

En concreto, esta solicitud afectaba a un total de 42.899 metros cuadrados en el sector de Valdelacasa (Alcobendas), de uso industrial y terciario, y 24.615 metros cuadrados en Los Carriles (Alcobendas), hoy clasificados como urbanizables y pendientes de la aprobación de un Plan Parcial para su uso residencial.

Pero, cuando se produjo esta reclamación, estos suelos se encontraban en poder de la Universidad Politécnica, debido al traspaso de competencias a las comunidades autónomas y a la Ley de Autonomía de las Universidades. El ente educativo había firmado un convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas, uno de los municipios con mayor renta per cápita de España, para que se le entregara el suelo incluido en ese ámbito urbanizado para destinarlo a ampliar la universidad.

El conflicto termina en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que sentencia en 2010 el derecho de reversión a favor de los expropiados y establece que la indemnización que debe pagarse a la Politécnica debe ser fijada por el Jurado de Expropiación Forzosa de Madrid. La universidad recurre y pierde, tras una sentencia del Supremo en 2013, en la que reconoce a los antiguos propietarios su derecho a recuperar los terrenos, previo pago a la Politécnica de un justiprecio que deberá fijarse con base en el valor que tenían estos terrenos en el primer trimestre de 2006, ya que fue en esas fechas cuando los reversionistas comenzaron su lucha.

Un justiprecio muy polémico

En 2015, la Politécnica insta la ejecución de la sentencia, pero en diciembre de ese mismo año es cuando la Comunidad de Madrid publica la Ley 9/2015 de Medidas Fiscales y Administrativas, y vacía de facultades a este organismo en su 'olvidada' Disposición Transitoria Segunda. Lejos de someterse a lo dictado por esta regla, el Juzgado Territorial continuó adelante con el expediente de la Politécnica, y el pasado 30 de marzo se pronunció sobre una de las fincas del sector de Valdelacasa, otorgándole un justiprecio de 110,68 euros el metro cuadrado.

"Sorprende que esa valoración sea un 47% superior a la establecida por el mismo jurado con referencia a julio de 2005, cuando quedó establecida en 75,43 euros por metro cuadrado. Esta valoración se dictó para un expropiado al que había que pagar el justiprecio del suelo, es decir, lo contrario de la reversión, en la que el expropiado tiene que devolver el precio. No está justificado en modo alguno el incremento de suelo en un periodo tan corto de tiempo", señalan desde Serrano Alberca.

Del mismo modo, los reversionistas están sorprendidos de que, frente a la dilación mostrada por el Jurado Territorial para marcar un justiprecio en Valdelacasa, este sigue sin pronunciarse respecto al sector de Los Carriles, donde el cambio del uso del suelo en la última década juega en favor de los reversionistas. "Respecto a los metros cuadrados de Los Carriles, que también son objeto de reversión, curiosamente el jurado no ha resuelto, y en este caso es muy beneficioso para el propietario, porque el valor del suelo a febrero/marzo de 2006 es de seis euros, mientras que ahora, al ser suelo urbanizable, vale mucho más", denuncian desde el bufete.