JUICIO AL RECORTE DE PRIMAS

Revolcón a Isolux en el primer laudo de renovables: pagará 1,3 millones en costas

El primer arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo da la razón íntegramente al Gobierno. Los inversores internacionales han planteado una veintena de casos en los que piden miles de millones

Foto: Una planta fotovoltaica. (EFE)
Una planta fotovoltaica. (EFE)

El primer laudo arbitral por el recorte de las renovables de España en 2010 no solo ha dado la razón íntegramente al Ministerio de Industria, sino que condena en costas a los demandates, dos filiales de Isolux constituidas en Holanda y Luxemburgo para demandar a España. El tribunal de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) falló el pasado jueves que “rechaza en su totalidad las demandas” de la empresa de Luis Delso, según ha podido saber El Confidencial. No solo eso, sino que le condena en costas, por los que deberá indemnizar a España con 1,3 millones de euros. Es el primero de los más de 20 arbitrajes que tiene planteados España por los distintos recortes de las renovables, y supone un precedente relevante.

En diciembre de 2010, el Ejecutivo socialista presentó el primer recorte a las renovables para reducir la factura eléctrica, que ya acumula una deuda de más de 20.000 millones. Los inversores nacionales emprendieron pleitos en el Supremo que tienen pocas perspectivas de prosperar, especialmente después de que la semana pasada el Constitucional avalase los recortes.

Los internacionales eligieron otra vía: acudir a arbitrajes alegando que España incumplía la Carta de la Energía, un tratado internacional para garantizar las inversiones en la materia en el exterior. La mayoría fueron al CIADI, la cámara de arbitraje del Banco Mundial. Pero los primeros fueron a la SCC. Entre los extranjeros también hubo empresas españolas que demandaron alegando que tenían sus plantas, principalmente fotovoltaicas, radicadas en filiales en Luxemburgo y Holanda. Es el caso de Charanne y Construction Investments, empresas a través de las que Luis Delso y José Gomis controlan Isolux. Estas reclamaron en Estocolmo unos 17 millones de euros. Abengoa realizó una jugada parecida desde Luxemburgo.

Los árbitros "rechazan en su totalidad" las pretensiones de las filiales de Isolux en Holanda

Después de años de peritajes, vistas y densa pugna jurídica, los árbitros designados en el primer caso fallaron el pasado jueves que no había lugar a la reclamación. Citan que había jurisprudencia previa en España del Supremo e informes de la Abogacía del Estado como para que los inversores supieran que la normativa no era inmutable y que existía el riesgo de que las primas a las renovables cambiasen. En el mismo sentido se ha pronunciado el Constitucional español. En solo unas semanas, Industria ha recibido buenas noticias en ese sentido del Constitucional y el Supremo.

España intentó demostrar que la SCC no era competente, ya que Isolux era una empresa europea y por tanto debía ir al Tribunal de la UE. En su laudo, de 156 páginas, los árbitros se declaran competentes -lo que supone una pírrica victoria para Isolux-, pero inmediatamente acuerdan “rechazar en su totalidad las demandas de la demandante”.

Aunque no es lo habitual, y más después de declararse competente, la cámara fija que las costas deben ir a cargo de Isolux: 134.604 euros y 5.155 dólares en concepto de gastos para la corte y 1,17 millones en costas para España.

El siguiente será el de un grupo de inversores fotovoltaicos agrupados también en la Cámara de Estocolmo. Aunque hay una veintena de arbitrajes planteados en otros dos organismos internacionales, todas las fuentes consultadas destacan la relevancia de este caso como precedente. Eso a pesar de que este laudo solo habla del recorte de 2010, y no del que en 2013 acometió el Gobierno del Partido Popular. Y no entra en eso porque los demandantes no pidieron ampliar la reclamación a 2013, algo clave, según fuentes del sector, ya que los fundamentos de un recorte y de otro son distintos.

La decisión no trata el recorte de 2013, solo del que acometió el Gobierno del PSOE

El caso es particular porque España contrató para defenderse al bufete internacional Herbert Smith Freehills, que se anota un tanto notable. El contrato fue polémico en su día, aunque los ministros Miguel Sebastián (PSOE) y José Manuel Soria (PP) lo defendieron. Ahora la defensa saldrá más barata al Estado y respalda a los que apostaron por esta fórmula. Junto al equipo dirigido por Eduardo Soler-Tappa (abogado del Estado en excedencia), han colaborado la Abogacía del Estado, con Fernando Irurzun, subdirector de servicios de lo contencioso de la Abogacía General del Estado, y José Ramón Mourenza, abogado del Estado jefe de Industria.

Cuando comenzó el alud de demandas internacionales, el Ejecutivo optó por formar a sus abogados del Estado en Canadá y asumir la defensa. España es ahora uno de los pocos países que se defienden en arbitrajes internacionales con sus propios abogados del Estado, que a menudo pleitean con gran esfuerzo contra compañeros suyos en excedencia que les multiplican en medios y sueldo.

El árbitro propuesto por la empresa se desmarca de los otros dos en un voto particular

El laudo arbitral cuenta con los votos favorables del presidente, Alexis Mourre, y del propuesto por España, Claus von Wobeser. El árbitro designado por las filiales de Isolux, Guido Tawil, emite un voto particular discrepante. Esto es habitual en los arbitrajes, ya que cada parte designa un árbitro y generalmente desempata el presidente. En este caso es aún más relevante porque Mourre es además presidente de la Cámara de Comercio Internacional.

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