La constructora de los Pujol implora su tercer rescate a Santander, BBVA y Caixabank

A Copisa, una de las constructora de cabecera de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y, por extensión, de la familia Pujol, le ha llegado el agua al cuello. No solo porque su principal accionista, Josep Cornadó, y su mujer, han sido imputados por pagar supuestas comisiones ilegales a uno de los hijos del expresidente de la Generalitat, sino porque la compañía ha tenido que pedir por tercera vez en apenas 12 meses un aplazamiento de pagos que han vencido y a los que no ha podido hacer frente.

Según fuentes financieras, Copisa, que ya había pedido auxilio a sus acreedores en 2011 y en 2014, ha vuelto a incumplir el acuerdo de reestructuración de la deuda firmado hace apenas un año. De hecho, el pasado 25 de mayo, la compañía implicada en la operación Petrum, solicitó a Banco Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Popular posponer el abono de 11 millones de euros hasta el 17 de julio, una demostración fehaciente de los problemas de caja del grupo para hacer frente a las necesidades más perentorias.

Al mismo tiempo, les pidió que, ante este impago, no activasen las cláusulas por las que la banca podía ejecutar los préstamos y quedarse con la compañía. Ana Botín, Francisco González e Isidre Fainé aceptaron esta nueva prórroga por un total de 18,99 millones de euros, cuyo pago fue postergado hasta el pasado 30 de septiembre. Al mismo tiempo, ambas partes han comenzado a negociar que este dinero en forma de líneas de 'confirming' -corto plazo- se convierta en préstamos a largo plazo, para adecuarlos a la capacidad de generación de caja del grupo.

Los acreedores están en la tesitura de dar una nueva oportunidad a los Cornadó o quedarse con la compañía, dado que su reciente historial de pagos es poco esperanzador. Apenas tres meses después de la última refinanciación de 29 de octubre de 2014, la empresa ya estaba incumpliendo sus compromisos, impago por el que los bancos podían exigir la ejecución de los préstamos. Ninguno lo hizo. Ahora temen que la implicación en el caso de corrupción de los Pujol dañe aún más la capacidad de los gestores de conseguir nuevas obras.

Copisa tiene una deuda próxima a los 300 millones de euros, mientras que su matriz, Auro 97 SL, arrastra un pasivo total de 420 millones. Una cifra que llegó a ser de casi 600 millones y que se redujo gracias a que la banca se quedó por ejecución de préstamos con el negocio inmobiliario del 'holding' de los Cornadó cuando se renegoció el conjunto del endeudamiento en 2014. Se quedaron, como ocurrió con San José, con los activos que podían vender. Un acuerdo que se sacó adelante con el visto bueno de la banca española, pero al que se opusieron varios fondos oportunistas que compraron la deuda a descuento de la constructora que liquidaron algunos bancos.

La sociedad, con un patrimonio negativo de 113 millones de euros, está técnicamente en causa de disolución. Solo las continuas prórrogas de Santander, BBVA y Caixabank, principalmente, la permiten seguir viva y no entrar en concurso de acreedores. Fuentes de los tenedores de deuda de Copisa aseguran que el de esta constructora es el típico caso de empresa que se ha salvado por cuestiones ajenas a las puramente financieras.

Problemas también para la de los Sumarroca

Salvando los matices, la situación es muy parecida a la de Comsa Emte, otra de las empresas acusadas de financiar ilegalmente a CDC y a la familia Pujol. Según adelantó este miércoles 'Cinco Días', la compañía controlada por las familias Miarnau y Sumarroca ha pedido a la banca refinanciar de nuevo 900 millones de euros de un crédito sindicado cuyo vencimiento ya fue alargado hace apenas dos años hasta 2016.

Como en el caso de Copisa, los principales acreedores de Comsa Emte son Banco Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell, acompañados en esta ocasión por otras entidades como Bankinter, BPI, Abanca, Unicaja, Deutsche Bank y BNP Paribas. La diferencia con la empresa de la familia Cornadó es que el 'holding' de los Miarnau y los Sumarroca tiene activos de infraestructuras, principalmente concesiones, que podrían ser vendidas para hacer frente a la deuda. La compañía tiene una facturación de unos 1.400 millones, casi cuatro veces más que Copisa (386 millones), con una plantilla de 8.000 trabajadores.