operación petrum

La constructora clave del 3% entró en barrena cuando afloraron los casos de corrupción

Las cuentas de Copisa, la constructora de la familia Cornadó, empezaron a hundirse en 2011. Su papel en toda la trama es clave por la conexión entre Xavier Tauler y Jordi Pujol Ferrusola

Foto: Fachada de la sede de Copisa en Barcelona. (EFE)
Fachada de la sede de Copisa en Barcelona. (EFE)

Todo quedaba en casa. O en los aledaños. Con Josep Cornadó Mateu y su esposa, Elvira Vidal Dinares, al frente, secundados por María, Anna y Jordi Cornadó Vidal. Respectivamente, el presidente, la consejera delegada y los consejeros de Auró 97 SL, la matriz de una auténtica maraña de sociedades, hasta medio centenar, además de participar en otras uniones temporales de empresas. Entre esas sociedades, una constructora, Copisa Grupo Empresarial, que, según las investigaciones, desempeñó un papel protagonista en la trama del 3%, consistente en el presunto cobro de comisiones y donaciones irregulares por parte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Las conexiones son continuas. Y cuentan con un eje vertebral, la estrecha relación entre Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, y Xavier Tauler, quien fue consejero delegado y ahora figura como consejero de Copisa, además de que también figura con distintos cargos en otras de las sociedades de Auró, como Natur System, Conservación de Viajes y Asfaltos, Fotovoltaica Alta Operadora o Parking Mollet -algunas de las cuales también han sido o están siendo investigadas-. Por el momento, y al abrigo de la puesta en marcha de la operación Petrum, Tauler ya ha sido detenido.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha dedicado parte de su trabajo a las intensas relaciones entre Pujol Ferrusola y Tauler, una conexión que ahora pone en el foco a la familia Cornadó Vidal, a Auró 97 y a Copisa, pero que durante unos años resultó de lo más conveniente, puesto que Copisa ha figurado entre las principales adjudicatarias de obra pública en la Generalitat.

Estos años felices se prolongaron hasta 2010. A partir de ese momento, y ya con el caso Palau sobre la mesa y empezando a destaparse una trama de comisiones ilegales en la Generalitat, la situación cambió. Las ventas menguaron, los beneficios dieron paso a las pérdidas y la situación patrimonional se tornó en negativa.

Sede de Copisa.
Sede de Copisa.

Mientras Copisa sorteó con ganancias los primeros años de la crisis, 2008, 2009 y 2010, desde 2011 el declive se volvió inevitable. Ese año perdió 26,9 millones; 53,3 millones al siguiente; 158,4 millones de números rojos en 2013; y ya en 2014 rebajó las pérdidas hasta los 3,3 millones de euros. Por el camino, el patrimonio neto, que hasta 2010 arrojaba un saldo positivo de 124 millones de euros, entró en terreno negativo (-113 millones al cierre de 2014). O lo que es lo mismo, la empresa debe más de lo que tiene.

Este periplo final ha estado marcado por las negociaciones para refinanciar su deuda y mantenerse a flote, así como por la recepción de créditos por parte de otras empresas del grupo. De hecho, Deloitte, que es la auditora de la constructora, dedica un párrafo de énfasis sobre las cifras de 2014 a esta cuestión. Resalta que al cierre del pasado ejercicio, Grupo Empresarial Copisa "presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 124,99 millones de euros (...), principalmente por las deudas mantenidas con empresas del grupo a corto plazo". Y añade: "Dichas deudas se prevén atender, conforme al plan de negocio del grupo, a partir de los dividendos que Grupo Empresarial Copisa perciba de sus participadas". Vamos, que basa su capacidad para afrontar sus compromisos en estas retribuciones dentro de una situación financiera más que delicada para la empresa y que, además, puede agravarse por la irrupción de la operación Petrum.

Teyco, el brazo constructor de los Sumarroca

Pero el escándalo del 3% trasciende a la familia Cornadó. Tras registrar las oficinas de CDC el pasado 28 de agosto, los agentes de la Guardia Civil encontraron entre los papeles destruidos por una trituradora el emblema de Teyco. Un pequeño detalle que llevó antes a la detención de destacados miembros de la familia Sumarroca, dueña de Teyco, y, esta semana, de Andreu Viloca, tesorero de Convergència. El instituto armado, en esas mismas fechas, se llevó un contrato de 1,7 millones de euros de Teyco con el Ayuntamientos de Lloret de Mar, en Girona, por presuntos delitos contra la Administración pública.

Y es que esta constructora es una pieza clave de la operación Petrum y el epicentro de los negocios de la familia Sumarroca, una de las más destacadas de la burguesía catalana. Y, como tal, una de las mayores donantes de la fundación de CDC.

Registro de la Guardia Civil. (EFE)
Registro de la Guardia Civil. (EFE)

Tras pasar por varios cargos en la firma, Jordi Sumarroca había sido nombrado presidente de Teyco en marzo de este año, tres meses antes de su detención. En el consejo de la firma se sientan además Mercé y Neus Sumarroca Moltó, primas hermanas de Jordi, y Joaquín Sumarroca Coixet, también detenido. La otra empresa que constituye el eje de los negocios de la familia Sumarroca, Comsa, ya quedó manchada por las adjudicaciones de los gobiernos de CiU y su cercanía a los Pujol.

A través de Teyco, los Sumarroca controlan hoy de forma directa un entramado de 30 empresas. El mismo Jordi Sumarroca ostenta cargos en la mayoría de ellas. Este conglomerado ha permitido a Teyco reflotar sus resultados en 2013, después de una disminución paulatina sufrida a partir de 2008 que la llevó a tener resultados negativos en 2011 y 2012, según consta en las cuentas depositadas en el registro mercantil.

Según detalló el diario 'El País', la investigación ha encontrado dos pagos, de 50.000 euros cada uno, que fueron abonados por esta constructora a la fundación CatDem. El documento incluiría los nombres de cinco ayuntamientos gobernados por Convergència (Figueres, Sant Cugat, Sant Celoni, Lloret de Mar y Torredembarra), con el detalle de los contratos de Teyco y un cálculo del 3% de esas cantidades. La constructora ha defendido públicamente que sus donaciones a CDC siempre se realizaron "de forma legal y transparente".

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