Ineco triplica su peso dentro de la tarta de Fomento en pleno desplome del sector

El sector de la ingeniería privada está en pie de guerra contra el Gobierno por el abuso que, según denuncian las compañías, está haciendo el Ministerio de Fomento de la encomienda de gestión, una figura que permite a la cartera dirigida por Ana Pastor adjudicar trabajos directamente a la empresa pública Ineco, sin sacarlos a licitación pública.

Esta práctica, que se ha denunciado históricamente, se ha disparado en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica y los drásticos recortes aplicados a todos los negocios relacionados con las infraestructuras, según ha podido corroborar Fidex -Foro para la Ingeniería de Excelencia- con los datos que ha recopilado del Portal de Transparencia recién estrenado.

Así, mientras que entre 2004 y 2014 las licitaciones de Fomento en carreteras y ferrocarriles se redujeron cerca del 80%, al pasar de 467 a 105 millones, la facturación de Ineco con el Ministerio se ha disparado un 35%, al incrementarse de 114 a 155 millones de euros.

Para entender el alcance de estas cifras, lo primero que debe señalarse es que las empresas privadas solo pueden competir por las licitaciones, concursos a los que dentro de España Ineco no puede concurrir, ya que su relación con el Ministerio se estructura mediante adjudicaciones directas. Si se suman los dos conceptos, se comprueba cómo en la última década Fomento ha cercenado un 55% toda su inversión, aunque de manera dispar, ya que el recorte se ha concentrado en las licitaciones.

El creciente uso de las encomiendas de gestión y de las adjudicaciones directas a la ingeniería pública ha hecho, según los datos recopilados por Fidex, que si antes Ineco se llevaba el 20% de todos los proyectos promovidos por Fomento, ahora sea el 60%, es decir, su peso sobre el total de la tarta es tres veces mayor.

Esto ha provocado que, si antes se licitaba el 80% del presupuesto, ahora apenas sea la mitad, un 40%, y además sobre una cifra ya de por sí muy mermada por los ajustes. El resultado es que las empresas, voraces por conseguir proyectos, acuden a los concursos con bajas de hasta el 60%, práctica que termina yendo en contra de los proyectos y originando gran parte de los modificados que terminan encareciendo las obras.

Denuncias del sector

Esta situación ha llevado a ocho asociaciones territoriales a solicitar públicamente la privatización de las empresas públicas Ineco y Tragsa ante el abuso de la figura de la encomienda de gestión, y a presentar diversos requerimientos ante la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC); mientras que las patronales han denunciado en reiteradas ocasiones esta práctica, y han exigido que se circunscriba a lo que permite la legalidad, y esto son solo tres supuestos: especial confidencialidad, falta de concurrencia y urgencia.

Este último motivo es el que suele alegarse, según el sector, de manera abusiva e injustificada, práctica a la que el Ministerio de Hacienda ha decidido poner coto y, así, evitar que sigan en ascenso las tensiones con el sector de la ingeniería privada. Como adelantó El Confidencial, la cartera dirigida por Cristóbal Montoro va a poner coto a los privilegios de Ineco y Tragsa como suministradores preferentes del Estado.

La reforma se ha planteado a través de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada en el BOE el pasado 2 de octubre y que entrará en vigor dentro de un año, cuando se hayan puesto en marcha los diferentes mecanismos que permitan adecuar los futuros procedimientos de contratación. La normativa acota el marco del sector público institucional, y dentro del mismo fija los requisitos de lo que se conoce como medio propio y servicio técnico, que permite a dos instituciones de la misma naturaleza estatal establecer relaciones habituales de carácter comercial.

El sector ha recogido la noticia con esperanza pero, también, con cautela, ya que además del amplio plazo que se contempla para su aplicación -y de que por el camino hay unas elecciones generales-, está por ver que esta nueva normativa realmente acote el abuso del supuesto de urgencia para las encomiendas de gestión. Las espadas siguen en alto.