El Gobierno adjudica 'a dedo' a la ingeniería pública Ineco el 60% de los contratos de Adif

En los seis primeros meses de este 2015, la ingeniería pública Ineco ha recibido de Adif encargos por valor de 35,8 millones de euros, IVA aparte, según los datos oficiales que acaba de desvelar el organismo dependiente del Ministerio de Fomento. Si se cruzan estos números con los 26,1 millones de euros que, según las cifras que manejan las patronales, se ha licitado entre todo el sector, se obtiene que casi el 60% del dinero repartido por el gestor de infraestructuras ferroviarias en los trabajos de ingeniería va a parar a la empresa pública.

Estos números vendrían a confirmar las sospechas de trato de favor a Ineco que desde hace tiempo tiene el sector y que a través de las patronales Fidex y Tecniberia lleva años denunciando. Hasta ahora, estas acusaciones se habían movido en el terreno de las especulaciones, ya que la cartera actualmente dirigida por Ana Pastor había declinado detallar el importe de los contratos de ingeniería sellados entre Adif e Ineco. Pero el arranque del Portal de Transparencia ha arrojado luz sobre el particular, al hacer publicas todas las encomiendas formalizadas por el gestor de infraestructuras ferroviarias.

La encomienda de gestión es la figura que permite al gestor de las infraestructuras ferroviarias esquivar el concurso público y recurrir directamente a Ineco, o a otras empresas públicas como Tragsa, para adjudicarles los trabajos que considere convenientes. Eso sí, su uso debe limitarse a tres situaciones muy concretas: cuando la ejecución de la obra requiere una especial confidencialidad por suponer un riesgo para la seguridad, por falta de oferta suficiente para la demanda (el concurso queda desierto) o porque se trata de un trabajo de especial urgencia y, por tanto, no se puede esperar los tres meses que, de media, se retrasa la adjudicación si se recurre a un concurso público.

Consultado por este medio, desde Adif se insiste en que la encomienda de gestión es un instrumento contemplado por la ley para poder agilizar las obras y justifican el elevado volumen de negocio adjudicado a Ineco por esta vía en los seis primeros meses del año en la celeridad que imprime el hecho de que 2015 sea el último ejercicio de esta legislatura. "Si el AVE a Galicia lleva seis años esperando, ¿cómo no se puede esperar ahora tres meses?", ironiza Fernando Argüelo, director general de la patronal Fidex, que denuncia el uso abusivo que se hace del supuesto de urgencia.

"Creíamos que Adif estaba adjudicando a Ineco cerca del 50%, pero ahora vemos que es más", señala Argüelo, que lleva años denunciando tanto este trato de favor, como las bajas con que se adjudican muchas veces los contratos. "A los 26,1 millones que, estimamos, se han licitado en concurso público hasta julio, se debe restar las bajas superiores al 50% con que está adjudicando Adif", se quejan desde Fidex.

Estas rebajas, en cambio, son inexistentes cuando se trata de Ineco, ya que con la ingeniería pública Adif tiene firmado un Acuerdo Marco por el cual adjudica los contratos a unos precios establecidos. Según los datos que aparecen en el portal de transparencia, las encomiendas formalizadas por Adif Alta Velocidad con la ingeniería pública en los primeros seis meses del año ascienden a 26,2 millones, mientras que las de Adif se sitúan en 9,6 millones.

Sector en horas bajas

Estas bajas se suman al desplome del negocio de la construcción e las infraestructuras en España, lo que ha convertido a Adif, el organismo público que mejor ha sorteado los ajustes de la crisis gracias a la apuesta por la Alta Velocidad (AVE), en auténtico objeto de deseo de todas las ingenierías, ya sea pública, como Ineco, o privadas.

Pero aquí entra en juego otro de los aspectos que denuncian desde las ingenierías: los criterios que se tienen en cuenta para adjudicar los contratos. A la tarta del mercado a la que las ingenierías privadas no tienen acceso por las encomiendas de gestión se suma el progresivo abaratamiento de los contratos, derivado de la falta de importancia que tiene la calidad a la hora de adjudicarlos.

Un problema especialmente marcado en los concursos de Adif, donde el precio supone el 75% de la puntuación, frente al 25% de la solvencia técnica "Ahora, estamos reclamando que en la nueva Ley de Contratos del Estado se incluye la posibilidad de concursar a precio fijo y basando la selección en criterios de calidad, como contempla la Directiva Europea", explica Argüelo, quien se lamenta de que la deriva de ingeniería 'low cost' en la que está inmersa el sector.