Vodafone pacta con Hacienda y exime a Castellano y Portela del fraude del IVA
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LA OPERADORA DEVUELVE AL FISCO 58 MILLONES

Vodafone pacta con Hacienda y exime a Castellano y Portela del fraude del IVA

El acta de conformidad firmada con Hacienda despeja las acusaciones de fraude fiscal y puede suponer para Vodafone España una factura, incluyendo indemnizaciones, de 175 millones

Foto: Foto: Reuters.
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Al final la sangre no llegará al río. El célebre caso del fraude del IVA en ONO se ha saldado con una declaración complementaria que ha servido para que Vodafone regularice la situación fiscal de la empresa adquirida en julio del pasado año por 7.200 millones de euros. La multinacional británica reembolsará a Hacienda un total de 58,6 millones de euros después de firmar un acta de conformidad con la Agencia Tributaria (AEAT) que exonera de cualquier cargo a la antigua cúpula ejecutiva del operador español de cable que encabezaban José María Castellano y Rosalía Portela.

El pacto final alcanzado con Hacienda supone incluso una pequeña mejora para la empresa en relación con elresultado inicial de los servicios de inspección de la AEAT, que habían establecido el pago de 63,5 millones de euros por regularizaciones de los años 2011 a 2014. En todo caso, el desenlace de la investigación sitúa como grandes vencedores a losdirectivos de ONO que gestionaron la venta de su compañía y que ahora tienen nuevos argumentos para reclamar el multimillonario bono acordado por el llamado ‘hecho de liquidez’ que supuso la compra por parte de Vodafone.

De acuerdo con el acta de conformidad firmadael pasado 29 de enero y a la que ha tenido acceso El Confidencial, “los hechos comprobados únicamente implican la no deducibilidad de las cuotas que le fueron repercutidas a ONO por sus proveedores de reventa de voz internacional”. En relación conlos ajustes propuestos para 2011, los inspectores Vicente Pérez Sánchez y Asunción Iglesia Gordo señalan que “no se aprecia que concurra la necesaria culpabilidad en el obligado tributario, por lo que se considera que su conducta no constituye infracción tributaria punible”.

El documento, suscrito por Javier Viloria Gutiérrez en nombre de Cableuropa (antigua ONO), ahora bajo control de Vodafone, reafirma esta misma conclusión sobre la regularización fiscal realizada entre enero de 2012 y agosto de 2014. El acta señala en este apartado que “no se aprecia que la conducta de la entidad se encuentre incardinada en ninguno de los supuestos de infracción contemplados en los artículos 191 a 195 de la Ley General Tributaria (LGT)”. La conformidad de la empresa supone el carpetazo definitivo al presunto fraude y a la acusación directa contra Castellano, Portela y el director financiero de ONO, Carlos Sagasta.

El desenlace de las investigaciones fiscales arroja únicamente sombras de dudas acerca de las actuaciones del equipo comercial formado por cuatro personas que se dieron de baja cuando la empresa emprendió también sus pesquisas internas. Estos antiguos empleados, cuya responsabilidad fue identificada por Hacienda, son Joaquín de Mier, José Miguel Parra, Álvaro Baos e Ignacio López. En todo caso, la inspección tampoco ha podido demostrar la implicación de los mismos con los proveedores de ONO que, a la postre, fueron los que dejaron de ingresar las cuotas del IVA y, por tanto, aparecen como responsables directos del supuesto ‘fraude de carrusel’ en la compraventa de tráfico de llamadas.

Pleito en los tribunales

La resolución del conflicto con Hacienda deja en una situación precaria a la dirección de Vodafone, que ahora no tendrá otro remedio que pagar el bono de 65 millones comprometido en su día con los antiguos responsables de ONO. El desenlace de la batalla se presume todavía largo a no ser que exista un acuerdo que eviteun pleito por mayor cuantía en los tribunales de justicia. No en vano, Castellano y Portela han reclamado el plan de incentivos, pero además han formulado demandas por los daños al honor generados por las acusaciones de un fraude que finalmente se ha demostrado incierto.

La representación legal de los dos directivos,coordinada por el bufete de Antonio Hernández Mancha, considera que ha existido un perjuicio notorio para sus clientes. Los daños secuantifican en una cantidad equivalente a los merecimientos reconocidos en el bono de 25 millones de euros pendiente aún de cobro por cada uno de ellos.En definitiva, la resolución del ‘caso ONO’ puede costarle a Vodafone España 100 millones de euros, además de los 15 del plan de incentivos comprometido con el exdirector financiero, Carlos Sagasta. A estas indemnizaciones habría que sumar los 58,6 millones pagados ala Hacienda Pública, de manera que la factura final podría elevarse a casi 175 millones de euros.

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