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La Generalitat cambia la concesión de la C-17 para minimizar el rescate que blindó el PSC
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SE NIEGA A DEVOLVER LOS 55 MILLONES DE CAPITAL

La Generalitat cambia la concesión de la C-17 para minimizar el rescate que blindó el PSC

La Generalitat busca cómo minimizar el impacto sobre las arcas públicas del rescate de la C-17, la autovía Vic-Ripoll. El plan pasa por reformar a fondo la concesión y rechazar el pago de 55 millones

Foto: Protesta contra el pago de los peajes en Martorell. (Efe)
Protesta contra el pago de los peajes en Martorell. (Efe)

La Generalitat está buscando fórmulas para paliar el impacto sobre las arcas públicas del rescate de la C-17, la autovía Vic-Ripoll que se financió con un peaje en la sombra y que ahora la concesionaria Cedinsa, participada por FCC (ver cotización), y los bancos acreedores pretendían endosar a la Administración catalana con 275 millones de costes. No será así porque el plan de la Generalitat pasa por reformar a fondo la concesión para minimizar el impacto en sus cuentas, según han explicado fuentes conocedoras de la negociación, que se llevó a cabo la pasada semana.

Portavoces de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad han declinado hacer declaraciones. Pero fuentes del sector constructor en Cataluña han explicado que el conseller Santi Vila se ha negado a devolver a las constructoras que integran Cedinsa los 55 millones de capital aportados por la concesionaria, tal y como, sorprendentemente, preveía el contrato de la concesión. Basándose en dicho documento, FCC y sus socios pretendían traspasar a la Generalitat la C-17, cobrar 55 millones y si te he visto no me acuerdo.

Cedinsa, una empresa participada por FCC y las constructoras catalanas Comsa, Copisa y Copcisa, se aseguró por contrato de que, en caso de que no se cumplieran las previsiones de ingresos del negocio, la Generalitat les devolvería el capital. Un acuerdo que firmó el entonces conseller de Obras Públicas del tripartito, el socialista Joaquim Nadal, pese a que no había ningún caso similar en la historia de las infraestructuras en España, a excepción del almacén gasista de Castor.

La fórmula que ha propuesto Vila y está encima de la mesa implica que la Generalitat asumiría el pasivo de la C-17, 220 millones de euros, respondiendo a su responsabilidad patrimonial. Pero no se responsabilizaría del capital, algo sin precedentes en el sector de autopistas en España. Si sirve de referencia en la crisis de las radiales de Madrid, las concesionarias han perdido todo el capital aportado.

Con el plan de Vila, la Generalitat se hace cargo de la deuda de 220 millones y los bancos acreedores que no han podido recuperar el principal en los cinco años previstos –CaixaBank, Catalunya Banc, BBVA, Bankia y el ICO–  quedarían fuera del proyecto.

Pero al mismo tiempo se renegocian de arriba abajo los términos de la concesión, de manera que Cedinsa siga siendo el titular de la misma y se revise el canon por tráfico que ahora les paga la Administración catalana.

El papel del ICF

Una de las propuestas que se barajan, pero que precisa el visto bueno del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, es que la deuda de 220 millones de euros pase al Institut Català de Finances (ICF), la entidad de crédito de la Generalitat, que se encargaría de refinanciar los términos del crédito a Cedinsa alargando el plazo del préstamo y también con tipo de interés más bajo del que hasta ahora estaba en vigor.

 

Con esta refinanciación, la concesión volvería a ser viable, Cedinsa seguiría al cargo y la Generalitat se ahorraría 55 millones de euros, si bien su endeudamiento se incrementaría de manera notable. De hecho, Mas-Colell estudia contabilizar estos nuevos 220 millones de deuda a cargo del cierre del Presupuesto de 2014.

Nadal, de rositas

La C-17 impagó sus obligaciones financieras a finales de 2014 al ser incapaz de devolver el principal de su préstamo en los cinco años previstos, en otro ejemplo de infraestructura planificada de manera penosa. Para evitar el concurso de acreedores, la Generalitat asumió que las condiciones del contrato la obligaban al rescate, en una situación similar a las radiales madrileñas.

Como en ese caso o en el de otras concesiones fallidas en Cataluña –caso ATLL– tampoco habrá responsabilidades políticas por el rescate de la C-17. El mayor responsable es Joaquim Nadal, pero lo hizo como socialista, por lo que el PSC ha sido el primero que ha corrido un tupido velo sobre el asunto. En abril de 2014 Nadal dejó la ejecutiva del PSC de Girona por sus simpatías con el proceso independentista. Nadal ya se acercó a CiU cuando optó por presidir el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir en Girona, así que tampoco el Gobierno de Artur Mas abrirá la boca buscando un chivo expiatorio. Para colmo, Vila antes que conseller fue alcalde de Figueres (Girona) y mantiene una buena relación con Nadal. De manera que, una vez más en Cataluña, la culpa no es de nadie.

La Generalitat está buscando fórmulas para paliar el impacto sobre las arcas públicas del rescate de la C-17, la autovía Vic-Ripoll que se financió con un peaje en la sombra y que ahora la concesionaria Cedinsa, participada por FCC (ver cotización), y los bancos acreedores pretendían endosar a la Administración catalana con 275 millones de costes. No será así porque el plan de la Generalitat pasa por reformar a fondo la concesión para minimizar el impacto en sus cuentas, según han explicado fuentes conocedoras de la negociación, que se llevó a cabo la pasada semana.

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