Martinsa lleva su convenio al juzgado este martes sin ningún acuerdo con los bancos

A un día escaso de que termine el año, dos de las principales empresas del mercado inmobiliario trabajan a destajo en busca de un acuerdo de refinanciación que permita mantener vivo el negocio, o lo que quede del mismo. El Grupo San José de Jacinto Rey tiene ya cerrado un preacuerdo que puede hacerse efectivo en las próximas horas mientras que Martinsa Fadesa apura una negociación a cara de perro con los bancos y ha lanzado un órdago a sus acreedores. Fernando Martín remitirá este martes el nuevo convenio al juzgado mercantil nº 1 de La Coruña, sin haber alcanzado ningún acuerdo con las entidades de crédito.

El presidente de Martinsa, Fernando Martín, se reunió este lunes con todo el grupo de acreedores bancarios, compuesto por un total de hasta 17 entidades nacionales y extranjeras, en un encuentro que fuentes financieras calificaron como "totalmente infructuoso". El plan tendrá que ser ahora analizado por el juez, que, en su caso, abrirá un plazo mínimo de varias semanas para que las entidades decidan adherirse al convenio. La compañía necesita el apoyo de hasta un 75% de la masa total de la deuda, estimada en casi 7.000 millones de euros, lo que complica sobremanera el futuro de la empresa. En todo caso, el promotor inmobiliario salva, de momento y de manera provisional, el match ball de la liquidación automática que se cernía sobre la compañía para este mismo miércoles, 31 de diciembre.

La propuesta mejorada de acuerdo planteada por la compañía no ha sido aceptada por los bancos capitaneados por La Caixa, Popular y Abanca. El plan de Martín pasa por transferir un 70% del capital de la compañía a sus acreedores financieros a cambio de una quita del 66% de la deuda ordinaria, cuantificada en 3.537 millones. El 34% restante, unos 1.200 millones, se pagaría mediante dación de activos inmobiliarios. Al mismo tiempo, Martinsa solicita la capitalización de deudas para superar la quiebra técnica y asegurar fondos propios positivos por importe de 168 millones de euros.

Pleito con Manuel Jove

Bajo estas condiciones, el convenio aseguraría la viabilidad de la empresa, que además tiene pendiente el pleito con Manuel Jove por valor de casi 2.000 millones. Dicha batalla legal podría suponer un importante impulso a futuro si Fernando Martín consigue demostrar ante los tribunales que la compra de Fadesa se llevó a cabo sobre bases que no reflejaban la situación real de la inmobiliaria gallega. La fusión de Martinsa con Fadesa en marzo de 2007, poco antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, fue el motivo que provocó en julio de 2008 la mayor suspensión de pagos de la historia empresarial en España.

La compañía fusionada salió del concurso en marzo de 2011, pero la intensidad y duración de la crisis ha impedido cumplir los compromisos con los bancos, lo que ha obligado a una revisión del convenio de acreedores. El real decreto de medidas urgentes en materia concursal ha servido de amparo a Martinsa para abordar una nueva refinanciación con los bancos dentro de un toma y daca que se ha mantenido vivo durante los últimos meses y que, de momento, no ha podido saldarse con un pacto que asegure la supervivencia de la compañía.

Sin prejuzgar el desarrollo de los acontecimientos y en el mejor escenario que supondría el respaldo mayoritario al acuerdo de refinanciación, la nueva Martinsa-Fadesa será una empresa mucho más reducida en volumen que la constituida hace casi ocho años y nacerá con unos activos de 900 millones de euros y con unas deudas de 680 millones. El convenio se extiende a un total de más de 6.000 acreedores, de los que la mitad son proveedores comerciales con deudas de menos de 10.000 euros que serían reembolsadas en efectivo en dos años consecutivos y con una quita del 50%.

San José cede la inmobiliaria a los bancos

Menos traumática está siendo la refinanciación del Grupo San José, que se sustenta en el apoyo del Banco Popular y que supondrá la división del grupo en dos actividades con destinos claramente diferenciados. El negocio de la construcción seguirá bajo control del empresario gallego, que, en contrapartida, cederá a sus acreedores la propiedad de su filial inmobiliaria nucleada en torno a la antigua Parquesol. Jacinto Rey recompone así la figura de su actividad original después de la también nefasta fusión llevada a cabo con la citada empresa vallisoletana en 2008.

De acuerdo con los términos del convenio que ahora está siendo redactado por los responsables legales de la compañía, el Grupo San José, incluyendo la constructora, mantendrá en su balance una deuda de 300 millones de euros. La actividad de promoción inmobiliaria pasará a ser controlada por un consorcio accionarial formado por el Banco Popular y los fondos de inversión Värde Partners y Marathon Asset Management. Entre los tres tomarán una participación solidaria del 80% quedando el 20% restante en manos de la Sareb, JP Morgan y Deutsche Bank.