Ernst & Young se queda sola para hacer la auditoría de la OPV de Aena

Ernst &Young será finalmente la adjudicataria de Aena para llevar a cabo la auditoría de la oferta pública de venta (OPV) como requisito indispensable y todavía pendiente para que el operador aeroportuario pueda salir a bolsa antes del próximo 12 de febrero. El concurso para la elaboración de la comfort letter se ha resuelto después de que PwC haya renunciado a la licitación tras la controversia suscitada con el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Aunque fuentes de Aena no han querido precisar el estado de situación del polémico concurso, El Confidencial ha podido saber que la decisión formal se hará oficial la próxima semana. La oferta de Ernst & Young permite que la operación de salida a bolsa pueda realizarse dentro del nuevo calendario previsto, que termina a mediados del próximo mes de febrero. E&Y percibirá por este contrato con Aena un importe de poco más de 600.000 euros.

La responsabilidad de Ernst & Young en la salida a bolsa se concreta en la elaboración de la denominada comfort letter, que es el certificado que permite a los bancos directores de la operación vender con plenas garantías jurídicas los títulos de Aena en el mercado. E&Y tiene que analizar los estados financieros de su cliente de los últimos tres ejercicios y rubricar la calificación de los resultados de la compañía al cierre del pasado mes de septiembre. Aena cerró los nueve primeros meses de ejercicio con un ebitda de 1.800 millones de euros.

La colocación de Aena en los mercados fue pospuesta a finales del pasado mes de octubre por decisión del Consejo de Ministros y después de que el titular de Economía solicitara que la selección del auditor se llevará a cabo por concurso público. En un principio, y siguiendo la tendencia habitual en todas las salidas a bolsa, los promotores de la OPV habían previsto que fuera el auditor de cuentas de la compañía; en este caso la firma PwC, el que realizara por adjudicación directa la comfort letter.

Tras la paralización de la OPV, la ministra de Fomento solicitó del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una segunda oportunidad para actualizar los estados financieros de Aena y retomar el proyecto de salida a bolsa en el plazo de tiempo más rápido posible. Acto seguido, el pasado 12 de noviembre, Aena convocó oficialmente el concurso público para elegir de nuevo al proveedor de la comfort letter dentro de una licitación restringida a las cuatro grandes firmas de auditoría existentes en España.

Desde un primer momento Deloitte decidió quedar al margen del proyecto y ni siquiera se presentó a la fase de precalificación. Las primeras muestras de interés presentadas a Aena fueron las de PwC, KPMG y Ernst & Young. Hace una semana KPMG se cayó también de la carrera y renunció a formalizar una oferta en firme, de modo que la partida se convirtió en un cara a cara entre PwC y E&Y.

Hasta el último momento todos los observadores del mercado estaban convencidos de que PwC terminaría ganando el contrato, pero el enfrentamiento tácito con Luis de Guindos ha resultado definitivo para que el auditor habitual de Aena haya dado un paso atrás, dejando el camino libre a Ernst & Young. Al final, Aena se ahorrará cerca de 50.000 euros con la auditoría de su salida a bolsa, ya que el concurso público fijaba un precio máximo de 650.000 euros.

Distribución de tramos en la OPV

La privatización de Aena está limitada al 49% del capital de la compañía, que seguirá por tanto bajo control del Estado. La oferta pública se eleva a un mínimo del 28%, equivalente a 42 millones de acciones, incluyendo el green shoe destinado a los bancos coordinadores. La OPV se distribuye en tres tramos: un 90% de la acciones van a los accionistas institucionales, un 9% a los particulares y un 1% a los empleados, excluidos los directivos de la entidad emisora que esta vez no dispondrán de ningún beneficio en la eventual compra de acciones.

El 21% restante hasta completar la operación está reservado a los socios de referencia seleccionados el pasado mes de octubre también por concurso público. La primera oferta ganadora fue la del Grupo March, a través de la Corporación Financiera Alba, que ha comprometido la compra de un 8% a un precio máximo de 53,33 euros por acción más una prima sobre el precio de la OPV de 0,10 euros adicionales. La segunda es la de Ferrovial, que se quedará con el 6,5% por un máximo de 48,66 euros más 0,15 euros de prima. La tercera corresponde al hedge fund The Children Investment (TCI), que está dispuesto a pagar 51,60 euros por otro 6,5% sin ninguna prima adicional.

Las tres propuestas tienen vigencia de seis meses, hasta el próximo mes de abril, y serán adaptadas al precio que resulte de la OPV. Una vez que se materialice la operación, la garantía de continuidad en el capital está limitada a sólo un año, si bien el Gobierno quiere asegurar el recorrido de la acción en bolsa con el fin de incentivar el mantenimiento de la participación por parte del llamado núcleo duro.