en un escrito del catedrático muñoz machado

Agbar pide a la Generalitat que haga caso al Supremo y ejecute ya la sentencia de ATLL

Agbar ha pedido a la Generalitat que ejecute la sentencia del Supremo sobre el caso ATLL, por la cual se anulaban las medidas cautelares que había solicitado el banco BTG

Foto: El presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón (EFE)
El presidente ejecutivo de Agbar, Ángel Simón (EFE)

Agbar ha pedido a la Generalitat que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Aigües del Ter Llobregat (ATLL), por la cual se anulaban las medidas cautelares que había solicitado el banco brasileño BTG para que no se aplicara la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC). En román paladino, lo que pide Agbar es que se revierta la adjudicación que en este momento explotan Acciona y el mencionado banco brasileño, según explican fuentes jurídicas cercanas al caso.

La petición de la ejecución de sentencia supone una presión máxima para las agónicas finanzas de la Generalitat, en un momento en el que no hay un duro en la caja y en el que además se han encallado el grueso de las privatizaciones previstas. En un escrito del catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, se solicita en nombre de Agbar que la Generalitat ejecute la sentencia del TS, ya que la misma determina que no se puede mantener en suspenso la decisión del OARCC y que eso supone anular la oferta de Acciona y sus socios.

En enero de 2013, la OARCC determinó que la oferta de Acciona y sus socios no podía ser contemplada como tal por incumplir la entrega de un calendario detallado de obras durante los años de la concesión. La decisión de la OARCC, según la ley, es vinculante y de obligado cumplimiento. No es este el punto de vista de Acciona, que considera que, hasta que los tribunales no entren en el fondo del asunto, pueden seguir explotando la concesión y relativizan la sentencia del TS al afectar sólo a las cautelares.

Foto: Torre Agbar.
Foto: Torre Agbar.

La Generalitat y Acciona pleitearon para intentar evitar la devolución de los 298 millones pagados por la empresa y sus socios por esta concesión a finales del 2012. Entre ellas, estas medidas cautelares, que se han perdido tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como ahora en el TS. Toda esta batalla legal busca eludir, además, que Acciona solicite una indemnización por pérdidas en concepto de lucro cesante.

Pero la trampa se va cerrando, porque ahora es Agbar la que estudia demandar a la Generalitat por daños patrimoniales por no cumplir las sentencias sobre las cautelares que obligarían a cumplir con la devolución. O lo que es lo mismo: la Generalitat debería pagar por un lado o por otro. En el escrito se asegura que Agbar está en situación de asumir de forma inmediata la operativa de ATLL, de manera que se garantice el suministro en alta para el área metropolitana de Barcelona.

Contumaz rebeldía de la Generalitat

Sin embargo, la Generalitat se ha negado a ejecutar las sentencias contrarias en el caso ATLL en repetidas ocasiones. Fuentes del Govern aseguraron que, como el TS todavía no se ha pronunciado sobre su recurso, no se va a tomar ninguna medida. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas no esperan que el TS vaya a fallar en los dos recursos pendientes –el de la Generalitat y el de la propia Acciona– de manera diferente a como lo hizo la semana pasada.

El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. (Reuters)
El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. (Reuters)

Para el equipo legal de Agbar, Acciona y sus socios están disfrutando de manera irregular de la concesión de ATLL que están explotando, un contrato de 995 millones en toda la vida de la concesión. Tras la petición de ejecución de sentencia se espera que la Generalitat proceda a liquidar el actual contrato de explotación de ATLL, porque de lo contrario se estaría incurriendo en una flagrante vulneración de la legalidad, ya que la decisión del TS no puede recurrirse.

La sentencia del TS destaca el hecho de que “no se han ofrecido razones bastantes para desvirtuar las que llevaron a la Sala de Barcelona de TSJC a denegar medida cautelar alguna” y recuerda que “la Generalitat de Cataluña procedió a formalizar el contrato sin esperar la resolución del OARCC”.

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