El TS añade incertidumbre al caso ATLL y mete más presión financiera al Govern

Más lío en la adjudicación de la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat (ATLL). La batalla de las cautelares que se elevó al Tribunal Supremo (TS), y que no entra en el fondo de la cuestión, ha rechazado la pretensión del banco brasileño BTG Pactual, el socio de Acciona, de que no se cumplieran las medidascautelares que impuso la Audiencia de Barcelona y que podrían entenderse como la obligación deentregar ATLL a Agbar.

Fuentes de Acciona han asegurado que la sentencia se limita a las cautelares y que nada ha variado en la concesión, la mayor privatización que ha hecho la Generalitat que encabeza Artur Mas. En cambio, fuentes de Agbar han apuntado a que la sentencia del Supremo abre la puerta para que Agbar exija a la Generalitat la ejecución del fallo y, en consecuencia, se excluya a Acciona de la gestión del contrato.

Agbar, la Generalitat y Acciona junto con el banco BTG Pactual llevan más de dos años pleiteando todos contra todos por controlar ATLL, una concesión de la empresa que gestiona el agua en alta en el Área Metropolitana de Barcelona valorada en 995 millones.

En la Conselleria de Economía aseguran que están estudiando el fallo. De hecho, la Conselleria de Economía y la de Territorio y Sostenibilidad podría reservarse hasta que el TS emita dos fallos más sobre otros dos recursos pendientes sobre la misma cuestión, el de la propia Acciona y el de la Generalitat, consciente de que la administración debería abonar a los actuales propietarios de la concesión loa 995 millones, si bien por ahora sólo han cobrado de manera efectiva 298 millones. Sin embargo, no parece razonable esperar que estos dos fallos contradigan al Supremo en la misma cuestión. Otra alternativa sería esperar incluso a que los tribunales entrasen en el fondo de la cuestión, lo que alargaría más el litigio legal.

No está la opinión de Agbar, que ganó las cautelares en la Audiencia de Barcelona y que entienden que la resolución del Supremo no es recurrible y por tanto pone fin al procedimiento judicial. En su opinión, la gestión deberá ser asumida de forma transitoria por la Generalitat, hasta que se realice la nueva adjudicación.

Punto clave

Para la Generalitat, uno de los puntos clave del fallo es como se cuestiona la adjudicación, que se hizo antes de que se hiciese pública la resolución del Órgano Administrativo de Recurso Contractuales de Cataluña (OARCC), ente independiente encargado de tutelar la contratación pública de las administraciones catalanas.

“En los razonamientos desplegados por ACL, pese a estar perfectamente trabados, no encontramos apoyo suficiente para aceptar que, como dice el encabezamiento del motivo, de no suspenderse la resolución 1/2013 del OARCC el recurso perderá su finalidad legítima. Y es que, frente a la indicada especial significación de las decisiones del órgano llamado a impedir las adjudicaciones precipitadas y los hechos consumados en materia de contratos del sector público, no nos ha ofrecido razones bastantes para desvirtuar las que llevaron a la Sala de Barcelona a denegar la medida cautelar. En este punto, conviene recordar que la Generalidad de Cataluña procedió a formalizar el contrato sin esperar a la resolución del OARCC”, señala el fallo del TS en su punto medular.

Ahogo financiero

El ahogo financiero que vive la Generalitat complica un retorno de la concesión a la que la administración se ha estado resistiendo pese a los reveses judiciales. Por tanto, puede pasar cualquier cosa. Pero si Agbar pide la ejecución de sentencia, como es previsible, la Generalitat tendría muy complicado seguir ignorando la situación.