Alierta se gana a los inversores insurgentes de Telefónica al bajarse la retribución

Telefónica ha hecho público lo que los accionistas votaron en la junta general que la compañía celebró el pasado viernes, unos resultados que en los últimos años habían supuesto un revés para el buen gobierno de la principal compañía española. Sin embargo, en esta ocasión, César Alierta ha convencido a los inversores que más habían protestado en los dos anteriores encuentros por las altas remuneraciones del equipo directivo y del consejo de administración.

Según los datos oficiales, de todos los accionistas que estuvieron presentes o representados (el 54,8% del capital, 2.494 millones de acciones) en la reciente junta general, tan sólo el 4,56% votó en contra del informe sobre remuneraciones de los consejeros, entre los que se encuentra el propio Alierta, mientras que un 7,35% se abstuvo. En total, inversores dueños de 113,9 millones de acciones rechazaron las retribuciones y ahorradores titulares de 183,4 millones votaron en blanco, mientras que los restantes 2.116,9 millones dieron su visto bueno.

Estas cifras contrastan con los 911,2 millones de acciones (el 36,7% de los asistentes) que se opusieron en la junta de 2013 y los 227,3 millones de títulos (9,1%) que se abstuvieron. Los restantes accionistas, con 1.340,5 millones de matildes en cartera, aprobaron las remuneraciones el pasado año, una amplia oposición que fue interpretada como una tarjeta amarilla al consejo. En la de 2012, el informe de las retribuciones fue aprobado por 1.500,6 millones de acciones (el 60,5% de los asistentes), con el voto en contra de 617 millones de títulos (el 24,9%) y la inhibición de 359,4 millones de valores (el 14,5%).

Por este motivo, los datos de la pasada junta reflejan que Alierta se ha ganado el favor de los inversores calificados como activistas, los que a través de los conocidos como proxis –agencias especializadas en agrupación de votos– más abiertamente expresan su disconformidad con la gestión de la compañía o con los asuntos a tratar en las juntas de accionistas.

Para el presidente de Telefónica es un auténtico respiro porque la votación de este tipo de ahorradores institucionales es tenida cada vez más en cuenta a la hora de conseguir que los grandes fondos o gestoras de pensiones compren las acciones o no. Este factor ha adquirido tanta importancia que compañías como Iberdrola, Repsol o BBVA, que en su día también sufrieron la rebelión de los más insurgentes, elaboran comunicados nada más acabar las juntas de accionistas para expresar el apoyo de los inversores a sus administradores en el caso de obtener un buen resultado.

Nuevo plan de 'stock options'

El cambio de opinión de estos activistas se explica porque el presidente de la operadora y su consejo de administración se han bajado el sueldo de forma significativa desde que la compañía dejó sin dividendos a sus inversores en 2012 por primera vez desde la Guerra Civil. La retribución de Alierta ha pasado de los 10,2 millones que recibió en concepto de salario, acciones y pensiones en 2011 a los 7,3 millones que percibió en 2013 como sueldo fijo, variable y aportación a su plan de jubilación.

Además de por la congelación de la retribución fija y el recorte de los bonus, este brusco descenso del 28% se explica principalmente porque la alta dirección de Telefónica no ha podido cobrar en los dos últimos ejercicios los planes de opciones sobre acciones. Unos ingresos adicionales de varios cientos de millones de euros que perdieron por no cumplir los objetivos del Perfomance & Investment Plan, un programa de fidelización que premiaba a los ejecutivos si la cotización de Telefónica batía a sus competidores en un periodo de tiempo determinado.

En la junta del pasado viernes, Telefónica propuso un nuevo plan de incentivos a largo plazo (cinco años, divididos en tres ciclos) mediante la entrega de acciones a unos 1.300 directivos y consejeros ejecutivos de la compañía, con un valor máximo de 350 millones de euros. Este punto del orden del día fue aprobado por 88,5% de los asistentes. Si se cumplen los requisitos del programa, al término del primer ciclo, que vence el 1 de octubre de 2017, los consejeros con funciones ejecutivas del grupo, César Alierta, José María Álvarez-Pallete y Santiago Fernández Valbuena, recibirán como máximo 506.250, 300.000 y 162.000 acciones, respectivamente.