NEGOCIACIONES EN BUENOS AIRES

La crisis de Argentina redime al ministro Soria y avala a Repsol en el conflicto de YPF

El desplome del peso argentino demuestra la conveniencia de obtener garantías jurídicas y financieras que respalden el justiprecio por YPF

Foto: El ministro de Industria, José Manuel Soria. (Efe)
El ministro de Industria, José Manuel Soria. (Efe)

El descalabro de las divisas de los países emergentes que se ha llevado también por delante al peso argentino se ha interpretado como “un aviso del cielo” para el Gobierno español y, sobre todo, para Repsol. Fuentes oficiales y observadores financieros han coincidido en señalar la influencia que la situación económica al otro lado del Atlántico va a tener en las negociaciones que estos día mantienen los directivos de la petrolera española con el Gobierno de Cristina  Kirchner.

Una delegación encabezada por el director general de Negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta, junto al director financiero, Miguel Martínez, y el vicesecretario general, Miguel Klingenberg, se ha desplazado a Buenos Aires con el fin de intensificar las deliberaciones con el equipo del ministro argentino de Economía, Axel Kicillof. El objetivo de estos contactos, que se han sucedido de manera intermitente a lo largo de las últimas semanas, no es otro que asegurar las garantías jurídicas y financieras que permitan certificar a Repsol el cobro de los 5.000 millones de dólares fijados como justiprecio por la expropiación del 51% de YPF en abril de 2012.

El principio de acuerdo aceptado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, en noviembre pasado sirvió para romper el hielo entre España y Argentina por el conflicto de YPF, pero no dejaba de ser un mero pacto político y voluntarista que debía ser perfeccionado desde el punto de vista empresarial. Así lo entendió el consejo de administración de Repsol cuando un par de días después ratificó el planteamiento oficial del Gobierno a condición de negociar el debido soporte legal que permitiera el cobro de la indemnización pactada.

El propio ministro Soria reconoció también a mediados de diciembre que su labor constituía solamente el primer paso en la dirección de un acuerdo que debería ser rubricado por la propia Repsol. El Gobierno argentino se ha movido desde entonces con la mayor celeridad aprovechando también la mediación de Pemex, como socio de referencia de la petrolera española con un 9,4% del capital. La multinacional mexicana parece ser la más interesada en dar un carpetazo rápido al conflicto, sobre todo después de conocido su afán por apalancarse en compañía de algún socio español que le ayude a tomar el control de Repsol sin necesidad de un mayor esfuerzo financiero.

Antonio Brufau, presidente de Repsol. (Efe)
Antonio Brufau, presidente de Repsol. (Efe)
Las urgencias de Argentina y Pemex no han sido compartidas en ningún momento por el máximo órgano de gobierno de Repsol, que tampoco puede admitir un mal acuerdo como solución a un buen pleito. No en vano, la sociedad que preside Antonio Brufau tiene encauzadas sus demandas por la expropiación ante la jurisdicción internacional y también en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Cualquier solución pactada tiene que ser legitimada con el correspondiente deber de lealtad ante la junta de accionistas y de ahí la responsabilidad de una negociación realmente efectiva para los intereses de la compañía.

Las prisas no son buenas consejeras

La crisis monetaria de los países emergentes renueva la importancia de una especial cautela a la hora de rematar el pacto con el Gobierno argentino, al tiempo que favorece la actitud más receptiva de los representantes de la Casa Rosada. El ministro Kicillof, como máximo valedor del acuerdo, es consciente de las garantías que precisa Repsol para hacer efectiva lo que se considera “una cuenta a cobrar por importe de 5.000 millones de dólares”.

La oferta del justiprecio se sustenta en bonos del Tesoro pagaderos en seis cómodos plazos a partir del año 2018 con un interés del 8,75% devengado a partir de 2015. No es extraño que los medios internacionales hayan puesto en cuestión el eventual acuerdo, tal y como hacía ayer el Financial Times en un sugerente blog bajo el título “Repsol: Cerca de un acuerdo de bonos en YPF ¿y después?”. La única forma de despejar el interrogante pasa por aquilatar el pacto con garantías de carácter jurídico que consoliden los derechos legales de Repsol ante un eventual impago. Además se impone también un blindaje o aval financiero dada la existencia de unos pagos diferidos que pueden enfrentarse con problemas como los que se atisban en el inmediato horizonte de Argentina.

Dentro de Repsol existe la convicción de que un acuerdo definitivo es perfectamente posible. Aunque se resisten a reconocerlo abiertamente, fuentes de la empresa admiten que lo ocurrido ayer en los mercados servirá para abrir los ojos a todos los que han querido ver algo más que la debida diligencia empresarial en la actitud adoptada por el consejo que preside Antonio Brufau. Los intereses corporativos exigen prudencia y las prisas, como se está demostrando, no son buenas consejeras.

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