MALESTAR EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

La CNE se despide con un ‘portazo’ a la reforma eléctrica del ministro Soria

La Comisión de la Energía ha puesto en la picota la reforma del ministro Soria, dando un argumento para los recursos legales que prepara el sector eléctrico

Foto: El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. (EFE)
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. (EFE)

La Comisión Nacional de Energía (CNE) considera que la nueva metodología de retribución que el Ministerio de Industria quiere aplicar a las instalaciones del llamado régimen especial de energías renovables presenta “grandes incertidumbres” para las 60.000 instalaciones aproximadamente existentes en España. El organismo recuerda que la remuneración está todavía pendiente de una serie de “parámetros estándar que serán definidos en la orden de desarrollo del real decreto" aprobado a mediados de julio.

El consejo de administración del organismo regulador ha empezado el curso a toda prisa, con la obligación de resolver en un plazo récord de quince días todos los informes preceptivos sobre las distintas normativas que componen la reordenación del sector eléctrico. Se da la circunstancia de que esta labor de emergencia se tiene que abordar con una entidad en funciones que pasará a mejor vida una vez que sus atribuciones sean absorbidas a primeros de octubre por la flamante Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

La ya casi extinta CNE tiene que saludar la reforma del ministro José Manuel Soria con un brindis al sol por cuanto que todos sus dictámenes carecen del mínimo carácter vinculante para el Gobierno. No obstante, el organismo regulador parece dispuesto a mostrar ahora más que nunca la supuesta independencia que se supone a todas las entidades supervisoras de los mercados.

El primer documento elaborado por los comisionados salientes ha representado un golpe frontal para las expectativas oficiales y el Ministerio de Industria ha encajado con cierto malestar lo que se entiende como “el portazo de despedida de la CNE”. El informe 18/2013 aprobado el pasado lunes por el organismo que preside Alberto Lafuente analiza a fondo el real decreto 9/2013 de 12 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Sin duda, se trata de la pieza más polémica dentro del puzle de una reforma compuesta por un anteproyecto de ley, un decreto ley, ocho reales decretos y tres órdenes ministeriales.

El organismo regulador deja claro que el trámite de urgencia con el que se plantea la consulta “no garantiza la participación efectiva de los distintos agentes involucrados”. Además, define como “fallos del mercado” la razón de ser de los incentivos económicos a las renovables y subraya que el modelo retributivo propuesto no existe en ninguna jurisdicción de la Unión Europea.

Fe de errores y mejoras de redacción

La CNE carga las tintas sobre el proyecto gubernamental al advertir que la retribución a la inversión puede ahora alcanzar incluso valores negativos. Esta posibilidad “podría considerarse incompatible”, según el organismo supervisor, con el diseño de un régimen que persigue fomentar este tipo de producción complementando los ingresos obtenidos de la venta de energía en el mercado.

Ministro de industria, miguel sebastián en la inauguración oficial del xxv encuentro de las telecomunicaciones
Ministro de industria, miguel sebastián en la inauguración oficial del xxv encuentro de las telecomunicaciones

El informe mantiene una línea crítica a lo largo de sus más de 70 páginas, incluyendo un anexo bajo el título de “mejoras de redacción” con el que se intentan sacar los colores al legislador. La CNE deja al descubierto diversos errores identificados en el texto del real decreto y recomienda al Ministerio de Industria que precise los términos en los que expresa las magnitudes básicas de potencia y de energía eléctrica. En suma, una enmienda de fondo y de forma que pone en evidencia las difíciles relaciones del Gobierno actual con el consejo del organismo regulador designado en la etapa socialista del ministro Miguel Sebastián.

La incidencia directa del informe en la decisión normativa del Ministerio de Industria será nula porque, como ya se ha mencionado, las aportaciones de la CNE sólo tienen carácter preceptivo. Eso no quiere decir que el golpe no deje herida, porque los agentes del sector dispondrán ahora de un clavo ardiendo al que agarrarse a la hora de plantear sus recursos jurídicos contra la reforma del sector. Tanto la Junta de Extremadura como el Gobierno foral de Navarra están explorando la vía de apelar al Tribunal Constitucional y muchos productores de renovables, especialmente los propietarios de instalaciones fotovoltaicas, han emprendido una cruzada contra el decreto de marras.  

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