La reforma eléctrica tiene truco: Soria no pagará más del 5% a las renovables

Industria ya ha hecho números. Y ni de lejos pagará de media a las energías limpiasla rentabilidad razonable del 7,5% que recoge la reforma eléctrica. De hecho, según aseguran fuentes próximas al Ministerio, el tándem Soria-Nadal maneja una tasa de retorno promedio para las instalaciones renovables nunca superior al 5%. Para no rebasar ese guarismo, la dupla se guarda un as en la manga. No en vano serán ellos quienes definirán vía orden ministerial los costes estándar sobre los que se aplicará esa rentabilidad. Y hay que ahorrar.

La clave está en el artículo 38 del real decreto que regula la producción de las renovables. “Por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, se aprobarán para cada instalación tipo los parámetros retributivos necesarios para la aplicación del régimen retributivo específico”, expone la norma. Se tendrán en cuenta la inversión por unidad de potencia, la vida útil regulatoria o el número de horas de funcionamiento de la instalación, entre otros criterios. La citada orden ministerial, que debería estar lista en tres meses, contendrá la clave del recorte.

“Pero no hay duda de que serán estándares alejados de las inversiones que realmente se efectuaron y sesgados a la baja –explican fuentes del sector-. Hay que tener en cuenta que Industria hace la cuenta al revés. Necesita detraer 1.300 millones a las renovables y a partir de ahí verá la rentabilidad real que puede ofrecer. Sin contar con que se habla de 7,5% para toda la vida útil de la instalación. Si esos parámetros se despegan de la realidad, puede haber plantas que lleven ya años en funcionamiento y se hayan comido toda esa tasa de retorno. Se ajustará por detrás y se quedarán a cero”.

En efecto, el margen de ajuste por parte de Industria es enorme. Y los casos variados. Sin ir más lejos, muchas comunidades autónomas obligaban a las empresas a incluir planes de inversión para aspirar a ganar concursos eólicos. Un coste que formaba parte del desembolso inicial de las firmas pero que el Ministerio no va a reconocer a la hora de calcular la rentabilidad. “En ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español”, avisa a navegantes el real decreto.

Otro de los comodines que incluye el documento es que Soria determinará los parámetros de cálculo para una empresa “eficiente y bien gestionada”. Esto es, “siempre podrán argumentar a quien no cumpla esos estándares que no ha hecho las cosas bien”, inciden fuentes del sector renovable con cierta resignación. Y no hacer las cosas bien puede deberse, por ejemplo, a un apalancamiento excesivo –la mayor parte de las instalaciones fotovoltaicas se hicieron con project finance y endeudamientos entre el 80% y el 90%- o no haber amortizado deuda en su momento. Las pautas recaen, de nuevo, en la discrecionalidad del Ministerio.

La venda antes de la herida

La patronal fotovoltaica (UNEF) se temía ayer lo peor y ya descartaba contar con una retribución del 7,5%. “No se puede establecer todavía el impacto total sobre el sector que tiene el nuevo real decreto ley, hasta que no se conozcan los costes estándares sobre los que se aplicará la rentabilidad. De la redacción del texto parece desprenderse que esta se basará en costes mínimos, lo que reducirá de manera sustancial la rentabilidad de la mayoría de instalaciones”, expone en un documento en el que fija la posición del sector. Es más, subraya que, aunque sólo sea por la fiscalidad, “la repercusión del impuesto sobre la energía producida supone una reducción del 7,5% al 5,2%”.

Como publicó El Confidencial, el Gobierno establecerá incentivos económicos para el cierre definitivo de determinadas instalaciones de energías renovables que tuvieran derecho a la percepción de retribución dentro del denominado régimen especial. Una medida que el sector fotovoltaico teme que afecte sobre todo a su tecnología. El Gobierno advierte que el cierre incentivado de plantas renovables sólo se hará efectivo cuando el coste del régimen retributivo de tales tecnologías “sea excesivo” en relación con los ingresos para el sistema en un escenario de estancamiento que afecte a la situación de las economías domésticas y a la competitividad de las empresas.