La pérdida de la subvención del Grupo Victorino Alonso ‘incendia’ la minería asturiana

La decisión del Ministerio de Industria de denegar definitivamente las ayudas al carbón correspondientes al año 2012 al Grupo Victorino Alonso, que suponían una inyección económica de alrededor de 50 millones de euros, ha creado una enorme incertidumbre sobre el futuro tantode las empresas delmayor propietario privado de la minería como entre los propios trabajadores, muchos de los cuales están incursos en expedientes de regulación de empleo (ERE), y en algunos casos en huelga como consecuencia de los impagos.

El PSOE ha culpado al Partido Popular de poner en riesgo miles de puestos de trabajo en su 'cruzada' por acabar con la minería del carbón y Comisiones Obreras ya ha solicitado al Ejecutivo central que intervenga para salvar el empleo y para poner punto final a unos ERE con objetivos claramenteinteresados en vaciar de garantías laborales y económicas a los trabajadores.

Las razones por las que las dos empresas de Victorino Alonso, Uminsa y Coto Minero Cantábrico, se han quedado sin el dinero de las ayudas tienen que ver con el impago de las deudas a la Seguridad Social, que suponen alrededor de 300.000 euros, según indican representantes del Partido Popular, que añadieron que ni siquiera el propio Alonso planteó un aplazamiento de esa deuda, posiblemente por la confianza en que tarde o temprano obtendría esos recursos. Lo cierto es que las empresas de Alonso son las únicas queno percibirán la subvención, ya que las otrascuya decisión había quedado aplazada han pasado el corte del Ministerio de Industria.

Por otra parte, en medios sindicales se cree que el pulso entre el Gobierno y Alonso, que se recrudeció en los últimos tiempos, tiene que ver con una estrategia del empresarioleonés para obligar a su venta, a través de una 'nacionalización', lo que ha sido criticado en algunos sectores laborales desde el origen del conflicto y cuya paternidad ideológica se atribuye al propio Alonso, ante la dificultad para sacar adelante su negocios con la rentabilidadque esperaba.

Además, las empresas de Alonso, tanto en la zona leonesa como asturiana, están atravesando poruna gran conflictividad. En algunos casos, las minas llevan sinactividad desde finales del pasado mes de abril y, en otros, sus trabajadores se encuentran acampados ante las dependencias empresariales para protestar por los expedientes de empleo iniciados. Sindicatos y comités de empresa han venido denunciando "la irracionalidad y mala fe"de los citados expedientes, ya que su objetivo es laminar las actuales condiciones laborales y situar a los trabajadores "en el disparadero de tener que aceptarcláusulas leoninas que son inadmisibles en los actuales tiempos históricos".

Comisiones Obreras ha salido al paso de esta situación y a través de sus dirigentes mineros ha reclamado al Gobierno de la nación que anule los expedientes de regulación y ponga en marcha mecanismos de intervención que eviten una situación de crispación social. En la explotación de Pilotuerto, en Tineo (Asturias), sus representantes sindicales consideran que los trabajadores están siendo las víctimas del "apretar de tuercas" que elMinisterio de Industria está aplicando a Victorino Alonso. Consideran quees necesario encontrar una solución política que compagine el funcionamiento normal de la minería y la solución a los problemas legales, para que no se dé "la explotación por perdida".

Parecidos argumentos han expresado alcaldes de los concejos en los que radican las explotaciones de Alonso, en un documento conjunto en el que solicitan una solución urgente que compatibilice el mantenimiento del empleo y la configuración minera de su territorio como elemento para la supervivencia en tiempos de crisis.

El carácter político de la decisión de Industria es esgrimido también por el PSOE, que considera que la 'persecución' a la que el Partido Popular somete al Grupo Alonso es una bofetada real tanto a los trabajadores como a la propia minería del carbón. El diputado socialista por Asturias y expresidente el Principado, Antonio Trevín, salió al paso de las actuaciones del Ministerio de Industria y le reclama que abandone su "obsesión" por terminar con los mineros y pague lo que debe al empresario privado para que se pueda mantener el empleo.