Zapatero al rescate: la fiesta de las cajas la pagaremos todos los españoles

"El sector financiero español es probablemente el más sólido del mundo", dijo Zapatero en septiembre de 2008. Dos años y tres meses después, su vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido por fin que esta solidez no era tal y que España va a tener que hacer lo mismo que todos los países desarrollados: un rescate masivo de su sistema financiero, al menos de la mitad del mismo (las cajas de ahorros). Un rescate que tendrá un importe mínimo de 30.000 millones que, naturalmente, pagaremos todos los españoles.

Es decir, el Ejecutivo ha perdido dos años preciosos para, al final, tener que hacer lo mismo que podía haber hecho entonces, y nadie le habría culpado por ello. Dos años más de restricción del crédito, de subida de sus tipos, de crisis, de paro, de cierre de empresas, etc. Y aunque no se habría evitado la crisis, los economistas sí creen que una solución contundente en el minuto cero habría reducido su impacto y, sobre todo, su duración.

Durante este tiempo, el Gobierno ha preferido para otro lado y encargar al Banco de España el trabajo sucio de solucionar un problema que él mismo había contribuido a crear con su tolerancia a la orgía del crédito y de los precios de la vivienda en los años de la burbuja. Pero todas las soluciones que ha puesto en marcha han ido fracasando una tras otra, hasta la derrota final de Fernández Ordóñez que supone el plan anunciado el viernes por Rubalcaba.

Es cierto que los bancos y cajas españoles no tenían titulizaciones de créditos subprime norteamericanos ni otros instrumentos tóxicos del 'sistema financiero en la sombra', que fueron los que tumbaron a la banca mundial en 2008. Pero aquí teníamos nuestro propio subprime: el crédito promotor concedido a manos llenas, por valoraciones disparatadas, con garantías que muchas veces no eran más que patatales y sin ningún control del riesgo que asumían. Y eso tenía que estallar.

El supervisor pensó que el ladrillo no son papelitos sin nada detrás y que siempre valdría algo. Así que primero puso en marcha la política de que las entidades redujeran beneficios -acostumbrados a crecimientos superiores al 20% anual- para ir provisionando estos créditos poco a poco. A ver si, con un poco de suerte, no hacía falta más y la cosa se quedaba en un susto. Pero el mercado inmobiliario se derrumbó, no se vendía un piso y de golpe ningún promotor podía pagar. La crisis económica disparaba la mora y acababa con la demanda de crédito, y las entidades tenían escondida mucha más porquería de la que se pensaba. Y encima, las cajas tenían el problema añadido del mangoneo de los políticos y de la concesión de crédito a sus amigos sin ningún criterio mínimamente económico.

El fracaso de la estrategia del Banco de España se certificó con la quiebra de Caja Castilla-La Mancha en marzo de 2009. Aquello fue el primer fin del mundo. Nadie sabía cómo salir del paso y había mucho miedo a que detrás fueran otras muchas. Así que se decidió intervenir la entidad, gastarse entero el Fondo de Garantía de Depósitos para rescatarla y prácticamente regalársela a cualquiera que estuviera dispuesto a asumir el 'marrón', que fue Cajastur. Eso sí, con todo tipo de garantías para que no quebrara ella también y forzando la ley si hacía falta (cosa que ha acabado en los tribunales). Por dinero no iba a quedar: 9.000 millones costó la broma.

El FROB contra el mangoneo autonómico

Pero después del escándalo por el enorme coste del rescate y su absoluta opacidad, el Gobierno decidió que había que crear un instrumento permanente para resolver nuevas crisis. O mejor aún, que inyectara el dinero antes de que ninguna entidad quebrase, es decir, de forma preventiva. Así nació el FROB. A cambio de recibir dinero, las cajas tendrían que fusionarse -algo que parecía la panacea para el sistema- y reducir un 25% de su plantilla, porque la enloquecida expansión de los años del boom había deparado en un exceso de capacidad insostenible. Y para que no se pudiera considerar ayuda de Estado, las entidades pagarían un 7,75% de interés.

Y comenzó el baile de las fusiones, con especial interés por salvar a las dos cajas con problemas que podían representar un riesgo sistémico: Caixa Catalunya Caja Madrid. Pero pronto el supervisor se topó con las resistencias autonómicas a perder "su" caja y a la encarnizada batalla política por salvar poderes y prebendas. Era imposible lograr fusiones entre cajas de distintas regiones (para Catalunya se toleró la "solución catalana" de Montilla) y hubo que inventar la figura de la fusión virtual o SIP. Ahí sí entró el grueso del sistema; Caja Madrid dos veces, primero con cinco pequeñas entidades, pero como no le aportaban el tamaño suficiente para apelar al FROB, tuvo que entrar Bancaja. Además, se cambió la LORCA para que los SIP pudieran convertirse en bancos o, al menos, emitir cuotas con derechos políticos para poder captar capital privado.

Por el camino se vino abajo CajaSur en mayo de 2010. Y esta vez el Banco de España quiso demostrar que había aprendido de sus errores y, tras la intervención, realizó una subasta rapidísima, transparente y justa, que consiguió que la vasca BBK sólo se llevara 392 millones en garantías a cambio de quedarse con la caja rebelde de la Andalucía socialista. Todo parecía solucionado por fin, pero entre mayo y junio el rescate de Grecia dio paso a un violentísimo ataque de los mercados a la deuda española, que pilló por sorpresa al Gobierno y puso al país al borde del abismo.

Zapatero tuvo que dejar de mirar para otro lado y asumir un duro programa de recortes sociales para reducir el déficit. Eso calmó a los mercados, pero de nuevo surgieron las sospechas sobre el sector financiero. Y entonces el Banco de España lanzó la bomba atómica, el arma definitiva. los test de estrés, que aprobó con nota el grueso del sistema y que suspendió quien era previsible que lo hiciera más la sorpresa de Banca Cívica.

Eso debería haber calmado a los inversores internacionales definitivamente, pero a la vuelta del verano volvieron los ataques, y esta vez iban claramente dirigidos contra el sector financiero, del que absolutamente nadie se fía fuera de España; sus cuentas y declaraciones tienen nula credibilidad. Hasta los intocables Santander y BBVA se hundían día sí y día también en bolsa, y se volvieron hacia el Gobierno: había que parar esto de una vez o el tsunami se los podía llevar por delante a ellos también.

MAFO se queda sin más oportunidades

El Banco de España, que había estado dando una de cal y otra de arena -endurecimiento del calendario de provisiones a cambio de no apuntarse las pérdidas en deuda pública-, apretó de nuevo el acelerador: las cajas tenían que completar sus integraciones antes de Navidad, y los SIP ya podían olvidarse de mantener la identidad de cada caja; eso era una única entidad y la fusión era irreversible. Además, mandó unos formularios en los que cada banco o caja debía detallar su exposición inmobiliaria y su situación de liquidez, y propuso hacer unos nuevos test de estrés y...

Demasiado tarde. Fue el último intento de MAFO por salvar el sector sin rescate masivo. Y ha fracasado, como todos los anteriores. Ni siguiera le ha servido el apoyo de la CECA a la teoría de que lo que se ha hecho es suficiente. La réplica del terremoto en enero ha empujado definitivamente a Zapatero, con el apoyo de los bancos, a llevar a cabo el saneamiento radical que el sector se había negado a hacer hasta ahora. Por supuesto, eso implica unas necesidades de capital que se cifran en un mínimo de 30.000 millones, como adelantó El Confidencial la semana pasada, que tendrán que salir de las arcas del Estado ante el rechazo del capital privado a poner un duro en estas entidades, que ni siquiera han podido emitir deuda desde octubre. Se disparará la deuda pública para financiarlo, pero a cambio se espera acabar definitivamente con las sospechas y la desconfianza, cuyo efecto positivo compensará con creces el precio pagado.

Esta mega-inyección de capital -esta vez capital puro sin remuneración, nada de preferentes como el primer FROB- supondrá la nacionalización, al menos parcial, de las cajas. Se supone que de forma temporal, ya que con el tiempo el Estado irá privatizando sus participaciones. E irá acompañada por una norma que todavía se está concretando pero que previsiblemente obligará a todos los SIP a traspasar todos los activos y pasivos de las diferentes cajas al nuevo banco que crean e incluso puede llegar a obligar a todas las cajas a convertirse en bancos. La reforma de la LORCA apenas ha durado seis meses y ya es papel mojado. Y MAFO, que se ha opuesto hasta el final a este plan porque evidenciaba el fracaso de sus políticas en estos dos años, ahora es recompensado apareciendo en los títulos de crédito de la nueva reforma.

Lo único que queda es esperar es que no sea demasiado tarde incluso para esto. Es decir, que los mercados se fíen de que los 30.000 ó 40.000 millones son suficientes (junto a las provisiones y al capital actuales) para que el sistema haga frente a las pérdidas que se deriven de los famosos 181.000 millones en activos problemáticos. Porque si el plan de Rubalcaba fracasa también, el rescate de España será inevitable.