El artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguros establece la obligación de indemnizar, aunque las investigaciones y peritaciones no hubieran concluido, a partir de los cuarenta días de la comunicación del siniestro

Ha pasado más de un mes desde el incendio del Windsor y, según la ley, llega la hora de que las aseguradoras comiencen a pagar. En los próximos días, Allianz realizará un primer desembolso a su cliente, la familia Rayzábal, propietaria del edificio, como adelanto de una primera estimación del coste del siniestro, que, por el momento, la aseguradora valora en 54 millones de euros. El motivo para este primer pago viene de la aplicación del artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguros, que establece la obligación de indemnizar, aunque las investigaciones y peritaciones no hubieran concluido, a partir de los cuarenta días de la comunicación del siniestro, y por “el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, según las circunstancias por él conocidas”.

Transcurrido el primer mes desde el incendio del edificio Windsor, en el complejo Azca de Madrid, los peritos del seguro y las empresas de recuperación de bienes siniestrados todavía no han obtenido el permiso para acceder al edificio. Culminados los trabajos previos al desescombro, éste comenzará de inmediato y avanzará en paralelo a las diligencias del Juzgado de Instrucción número 28. En el ámbito asegurador –que al final tendrá que hacerse cargo de las facturas- existe el convencimiento de que será muy difícil hallar un responsable de lo sucedido, ya que todas las investigaciones hasta la fecha apuntan a un hecho fortuito.

La póliza de multirriesgo empresarial que Asón Inmobiliaria, la sociedad de la familia Rayzábal, tenía contratada para proteger al edificio ascendía a 100 millones de euros (90 por distintos conceptos y 10 en responsabilidad civil). Una cantidad a todas luces insuficiente que aseguraba de forma generosa dos años de pérdidas de alquileres (por un montante global de 27 millones de euros), pero que vagamente recogía el apartado de desescombro (la acción sustitutoria que ejerce el Ayuntamiento de Madrid ha presupuestado por este concepto 17,5 millones de euros), o la citada “responsabilidad civil” (un montante irrisorio si se tiene en cuenta que, por cada día de paralización de El Corte Inglés de Castellana, se producía una pérdida próxima al millón de euros).

La casualidad de que este último centro, al igual que el Windsor, estuviera asegurado por Allianz podría facilitar un acuerdo. Éste, sin embargo, será más difícil de alcanzar con los inquilinos del edificio y con los profesionales y comercios afectados de la zona.

Los peritos de seguros que intervienen en representación de las partes afectadas, José María Niubó, de Niubó Asociados, por la familia Rayzábal, y José Antonio Striano, de la firma Toplis&Harding España, por representación de la aseguradora Allianz, no han conseguido acceder al edificio. En fuentes aseguradoras explican que el problema es que Juzgado y Ayuntamiento eluden la decisión uno a favor del otro, aunque finalmente es el Consistorio el que facilita el acceso previa autorización del Juzgado. De momento, asegurador y asegurado han decidido colaborar tanto en vía administrativa como penal, para lo que se han producido diversos encuentros. El último de estos tuvo lugar el 23 de febrero, en presencia de los abogados Ignacio Vellón, en representación de Allianz, y Santiago Ortiz, por los Rayzábal.

Ese momento también fue aprovechado para mantener una reunión de peritos. Conviene recordar que, además de los de seguros, en este siniestro también intervienen los peritos que investigan las causas: Ricardo Navas, por la propiedad del inmueble, y Vicente Pons y López Abad, por Allianz.

Dos días después de este encuentro, el 25 de febrero, el Juzgado dictaba una providencia en la que Allianz aparecía personada en la causa en calidad de denunciada. Tras la incorporación de un nuevo juez, el pasado 2 de marzo, las diligencias se están acelerando.