EL CAMINO HACIA LA INVESTIDURA

C's pretende extender ahora el plan anticorrupción a todas las instituciones

Tras la firma del pacto anticorrupción, que C's planteó como requisito para iniciar las negociaciones de investidura, han llegado las interpretaciones y las matizaciones

Foto: Los portavoces parlamentarios del PP, Rafael Hernando (i), y de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta (d), durante la firma del pacto anticorrupción, el pasado viernes. (EFE)
Los portavoces parlamentarios del PP, Rafael Hernando (i), y de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta (d), durante la firma del pacto anticorrupción, el pasado viernes. (EFE)

Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos afrontarán este miércoles uno de los bloques temáticos en que más diferencias se están visibilizando: la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Tras la firma de ambos partidos del documento con seis exigencias en esta materia, que Ciudadanos planteó como requisito imprescindible para iniciar las negociaciones de investidura, han llegado las interpretaciones y las matizaciones. La obligatoriedad de apartar a los cargos del PP imputados por corrupción se ha reducido al ámbito estatal, una rebaja consensuada por ambas partes. En lo que no ha habido acuerdo es en el cuándo, es decir, si esta medida disciplinaria se debe aplicar desde la misma firma del acuerdo, como defiende Ciudadanos, o solo una vez que el PP consiga revalidarse en el Gobierno, como pretenden los populares. Tampoco hay coincidencias sobre lo que cada formación entiende como prácticas corruptas.

Todas estas cuestiones se pondrán sobre la mesa, siempre con la voluntad y "generosidad" reiteradas por ambas partes de sellar un acuerdo, para tratar de concretarlas e incluirlas en el documento final. El primer punto del denominado 'Pacto anticorrupción: condiciones de regeneración democrática y contra la corrupción', firmado el pasado viernes por PP y Ciudadanos, señala textualmente: "Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del proceso judicial".

C's pretende extender ahora el plan anticorrupción a todas las instituciones

Desde Ciudadanos, se defendió, por tanto, en un primer momento, la literalidad de esta exigencia, que se extiende "a cualquier cargo público" y se aplicaría de forma "inmediata". Sin embargo, José Manuel Villegas ya reconocía este martes que dicha exigencia se limitará solamente a los cargos estatales, es decir, a los representantes en el Congreso de los Diputados, el Senado o el Gobierno. Esta limitación se ha justificado asimismo por parte de la formación naranja porque "el acuerdo se firmó entre los grupos parlamentarios en el Congreso y se aplica al ámbito de su competencia". 

El cuándo todavía está en el aire, pero se esperan matizaciones a lo largo de este miércoles para encajarlo en un acuerdo que solo cabe aceptar en su integridad, no por puntos. Con todo, los populares se agarran a una consideración general del pacto, según la cual estas condiciones se deberán tramitar en los tres primeros meses de legislatura, a contar desde la fecha de investidura. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, también ha ido rebajando sus afirmaciones, pasando de asegurar que solo se aplicaría una vez que su partido llegase al Gobierno a afirmar que era una cuestión pendiente de negociar. 

El objetivo del pacto será que los imputados tengan que abandonar sus cargos en todas las instituciones municipales, autonómicas y provinciales

Ciudadanos quiere extender el acuerdo sobre esta cuestión referida a los imputados por corrupción política, firmada entre los dos grupos parlamentarios en el Congreso, a todos los partidos políticos a nivel nacional mediante la aceptación por parte de sus respectivas ejecutivas de un Pacto Nacional Contra la Corrupción y por la Regeneración Democrática. El objetivo de este pacto nacional será que los imputados por corrupción política tengan que abandonar sus cargos públicos en todas las instituciones municipales, autonómicas y provinciales.

Otro de los puntos que ya han sido reinterpretados y matizados, aunque la redacción de este se dejaba abierta, tiene que ver con el sexto y último: "Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular". Si bien dicha comisión se presentaba como sinónimo de caso Bárcenas, el PP logró que la formación centrista retirase el nombre del extesorero. De hecho, en el documento inicial que Ciudadanos distribuyó entre los medios de comunicación se podía leer: "Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, caso Bárcenas".

Ciudadanos "estudiará" si pide la dimisión del diputado del PP por Castellón Óscar Clavell, investigado por corrupción y fraude

El bloque sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción marcará la cuarta jornada de las negociaciones que arrancaron el viernes, y que ya se han encontrado con otra serie de trabas, principalmente en lo relativo a materia laboral. En este bloque, Ciudadanos ha acabado por marcar líneas rojas -"condiciones mínimas", según su terminología-, entre las que destacan la reducción de los modelos contractuales -el partido llevaba en su programa el contrato único-, las facilidades a los autónomos, tanto económicas como administrativas, la rebaja del IRPF y el complemento salarial.

Veto a los nacionalistas vascos

A estas tensiones se sumó, este martes, otro contratiempo que vino marcado por la posibilidad de que el PP llegue a acuerdos con el PNV para que apoye su investidura. Ciudadanos advirtió a los populares de que no puede llegar a acuerdos con los nacionalistas vascos que sean "incompatibles" con el que ambos están tratando de firmar. "Es difícil que haya contrapartidas al PNV que no sean contradictorias con el pacto que estamos negociando", afirmó Villegas, en referencia a la imposibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, que los 'jeltzales' han recuperado en su programa para las autonómicas del próximo 25-S, o a la unidad de mercado y la coordinación de las comunidades autónomas que pretenden incluir en el pacto. Desde el PP, Maillo quiso sortear esta polémica recordando que el PNV sigue formando parte del bloque del no, acusándolo de "parecer más preocupado por sus datos electorales en el País Vasco que por facilitar la gobernabilidad".

Entre las medidas estrella de su programa en la lucha contra la corrupción que Ciudadanos pondrá sobre la mesa, se encuentran una ley de partidos, mediante la que se asegurará la celebración de primarias para la elección de candidatos, la supresión de los aforamientos -ya ratificada en el pacto anticorrupción-, la garantía, también mediante ley, de la transparencia económica de los partidos o la regulación de las 'puertas giratorias' para evitar los conflictos de intereses.

Lo que se entiende como casos de corrupción será otro de los objetos de negociación. Villegas abrió este martes el debate al responder que "la mala praxis no es corrupción", tras ser preguntado por si iba a pedir la dimisión del diputado del PP Óscar Clavell, investigado por malversación y fraude. Con todo, la formación estudiará el caso y será otro de los objetos que se dirimirán en la reanudación de las negociaciones la mañana de este miércoles en el Congreso, después de que la tarde del martes se dedicase al análisis e intercambio de información. 

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