la ley de seguridad nacional estará para el 27-S

Rajoy se arma con nuevas vías legales para intervenir ante una secesión de Mas

El Gobierno contará en septiembre con un nuevo recurso legal para frenar operaciones contra la Constitución como la consulta independentista del 9-M o proclamas de secesión

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas (i), y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), durante un almuerzo del Salón del Automóvil. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas (i), y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), durante un almuerzo del Salón del Automóvil. (EFE)

El Gobierno contará en septiembre con un nuevo recurso legal y operativo para frenar operaciones contra el marco constitucional como la consulta independentista celebrada el pasado 9 de noviembre en Cataluña o los movimientos parecidos que pueda impulsar Artur Mas con motivo de sus “elecciones plebiscitarias” del próximo 27-S. La ley de seguridad nacional permitirá al jefe del Ejecutivo declarar “situación de interés para la seguridad nacional” con el fin de garantizar “la defensa de España y sus principios y valores constitucionales” y así disponer directamente de todos los medios “materiales y humanos” para hacer frente a esas amenazas.

Sin recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite (previa votación en el Senado) intervenir las competencias de una comunidad autónoma que pretenda saltarse la ley, ni tener que declarar el estado de alarma o excepción, el Gobierno podrá disponer por decreto de esos medios humanos y materiales, “tanto públicos como privados” que considere oportunos para enfrentarse a las situaciones “de interés para la seguridad nacional”.

El proyecto de ley correspondiente está ya en la Comisión Constitucional del Congreso después de superar en el pleno el trámite de enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos nacionalistas. El Grupo Popular ha contado en esta ocasión con el respaldo de los socialistas, que sólo ponen pegas de detalle y redacción y apoyan los fundamentos de un texto que salió del Consejo de Ministros avalado de forma unánime por el Consejo de Estado.

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Defendido en la Cámara por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y negociado en el Congreso con el último representante del equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba en la dirección parlamentaria del PSOE, José Enrique Serrano, el proyecto de ley ha levantado todas las suspicacias entre los nacionalistas catalanes y vascos. CDC, PNV y  ERC temen que sea utilizado en contra de sus aspiraciones independentistas y niegan a la Administración central el derecho a intervenir sobre sus competencias y “territorios” hasta en caso de emergencia.

El Ejecutivo y el principal partido de la oposición se han limitado a eludir cualquier debate sobre esa “aplicación añadida” de la futura ley y continúan con la tramitación parlamentaria que debe concluir en septiembre, justo antes de los comicios del 27-S, según el calendario que tiene previsto el Gobierno.

El artículo 3 del proyecto dice textualmente: “A los efectos de esta ley se entenderá por Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

La ley crea un Consejo de Seguridad Nacional y una Conferencia Sectorial para los asuntos que afectan a la Seguridad, donde se integrarán representantes de las comunidades autónomas, pero también deja clara la jerarquía superior del presidente del Gobierno en todas las decisiones: desde declarar la “situación de interés” a la de disponer de todos “los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas” que considere oportuno en caso de amenaza para la seguridad nacional.

El  modelo de respuesta rápida a esas crisis, con la coordinación y mando superior en la Presidencia del Ejecutivo, es el mismo que se adopta en los principales países occidentales, pero en España choca con la parcelación de competencias en las comunidades autónomas. El proyecto zanja la cuestión: “La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y necesarios que se encuentren bajo su dependencia”.

Unas 600 personas protestan en Barcelona por la querella de la Fiscalía contra el Gobierno catalán por la celebración del 9N. (EFE)
Unas 600 personas protestan en Barcelona por la querella de la Fiscalía contra el Gobierno catalán por la celebración del 9N. (EFE)

En fuentes parlamentarias apuntan que la ley de Seguridad Nacional, de haber estado en vigor, se podría haber invocado el pasado mes de noviembre ante el simulacro de consulta independentista en Cataluña organizado por Mas pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. El TC no pidió ni propuso medidas para impedirlo, y el Gobierno prefirió no recurrir a las fuerzas de seguridad para evitar el espectáculo de incautar las urnas, aunque fueran de cartón.

La Constitución enuncia en su artículo 155 la respuesta del Estado ante una institución que vulnera la ley, la intervención en sus competencias, pero no hay ley orgánica alguna que establezca el procedimiento. En el caso de la ley de Seguridad Nacional, por decreto ley de la Presidencia del Gobierno, el Ejecutivo central podría dar órdenes a los funcionarios de la Generalitat implicados sin tener que suspender derechos y libertades como exige la declaración de estado de excepción y sitio.

Para lo que pueda ocurrir en Cataluña con las “elecciones plebiscitarias” del 27-S y los planes de secesión en 6 meses pactados entre Mas y Junqueras, el diputado de ERC Joan Tardà ha presentado en el Congreso una enmienda a la Ley de Seguridad muy reveladora sobre sus preocupaciones de fondo. Consiste en la siguiente disposición: “En ningún caso lo establecido en la presente ley, y en particular la declaración de interés para la Seguridad Nacional, podrá ser adoptado como respuesta a las decisiones tomadas por los parlamentos autonómicos”.

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