¿Funciona la tarifa plana para los autónomos? Entre el trampolín y el incentivo perverso

Como cada año, la subasta autonómica para las cotizaciones de los autónomos ha comenzado. La tarifa plana nacional permite a los nuevos trabajadores por cuenta propia cumplir sus obligaciones con la Seguridad Social por solo 80 euros al mes durante el primer año, prorrogable un segundo si demuestran que tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). Pero además, algunas comunidades, como Madrid, Andalucía o Galicia, ofrecen cuotas cero, lo que significa que la cotización sale gratis a quienes se incorporen al autoempleo. ¿Funcionan estas ayudas como trampolín al emprendimiento o constituyen un incentivo perverso? La respuesta no está clara.

Emilio Congregado, profesor de Economía en la Universidad de Huelva, es una de las personas que ha estudiado la situación de los autónomos en España con mayor profundidad. En su opinión, para poder hacer un juicio sobre la utilidad de estas políticas, primero hay que entender por qué la gente se lanza al autoempleo. El académico diferencia dos perfiles: quienes emprenden voluntariamente, porque tienen una vocación y una idea de negocio clara, y el emprendedor por necesidad, que se ve obligado a hacerlo tras haber sido expulsado del mercado laboral. Fue, precisamente, para estos últimos para quienes se ideó la tarifa plana.

La medida surgió en 2008, en principio con carácter temporal, durante los primeros compases de la Gran Recesión. El objetivo, recuerda Congregado, era que las personas que habían perdido su empleo no se viesen abocadas a salir de la población activa, y se pudiesen reenganchar al mercado laboral de alguna manera. En ese sentido, también se tomaron otras medidas, como la capitalización de la prestación por desempleo, que permite cobrarla de una sola vez para, con ese dinero, poder iniciar una actividad por cuenta propia.

"El problema es que esos son emprendedores involuntarios", juzga el experto, que maneja unas detalladísimas series históricas por comunidades autónomas durante las últimas dos décadas. Curiosamente, todas reflejan el mismo patrón: cuando el paro es más bajo, el número de trabajadores por cuenta propia también, algo contraintuitivo si se tiene en cuenta que existe una mayor vitalidad en el mercado laboral. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, había más trabajadores autónomos en 2012, cuando el desempleo rozaba el 20%, que a finales de la década, cuando ya se había recuperado tras la crisis económica.

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En ese sentido, Congregado apunta a que medidas como la tarifa plana, y especialmente las cuotas cero, han contribuido a reforzar el proceso por el que los parados se lanzan al empleo autónomo en épocas recesivas. Sin embargo, muchos de estos autónomos involuntarios acaban regresando a sus ocupaciones habituales cuando regresa la bonanza. Otros no pueden hacerlo. "Habrá habido gente que se haya quedado involuntariamente en el autoempleo. Los políticos se preocupan de la entrada, pero nadie se preocupa de que los autónomos que están atrapados puedan salir", asegura el experto. A muchos les gustaría, añade, ya que se encuentran en niveles de subsistencia. La única razón por la que no se pasan a un trabajo por cuenta ajena no es su vocación emprendedora, sino las dificultades para conseguir un empleo.

Un colchón contracíclico

Un estudio elaborado por Begoña Cueto, Vanesa Rodríguez y Patricia Suárez durante la Gran Recesión corrobora esa teoría: a través de la Muestra continua de vidas laborales comprobaron que, durante las épocas de crisis, los flujos de entrada al autoempleo son mayores, pero la tasa supervivencia de los proyectos es menor. En otras palabras: el trabajo autónomo actúa como una suerte de colchón contracíclico para evitar que la tasa de paro siga aumentando, pero no como una actividad vocacional y profesionalizada que garantiza la creación de valor a medio y largo plazo.

Las encuestas internacionales también refuerzan la tesis de la necesidad. España es una de las naciones europeas con una mayor incidencia del empleo autónomo, de acuerdo con Eurostat: de entre las cinco grandes economías del continente —incluyendo el Reino Unido—, solo Italia tiene un mayor peso de esta figura laboral. En total, 3,33 millones de personas trabajan por cuenta propia en nuestro país, uno de cada seis afiliados a la Seguridad Social, según los datos más recientes del ministerio homónimo. Sin embargo, esto no significa que el paraíso del autónomo se halle al sur de los Pirineos. De hecho, el año pasado se produjeron 593.000 altas, pero también 579.000 bajas.

Por cada trabajador que emprende por necesidad, solo dos lo hacen por voluntad propia

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el mayor estudio mundial en este ámbito, no deja muy bien parada a España. La población de entre 18 y 64 años que piensa que la mayoría de la gente considera iniciar un negocio como una opción profesional deseable ha caído 25 puntos en los últimos 15 años, hasta situarse en el 47%, el tercer registro más bajo de la cuarentena de países analizados. En solo 10 de ellos existe un mayor porcentaje que afirma que no emprendería por miedo al fracaso que en España. Pero el dato más ilustrativo corresponde al índice motivacional, que se sitúa en 1,92. O lo que es lo mismo: por cada trabajador que emprende por necesidad, solo dos lo hacen por voluntad propia. En País Bajo la proporción es de casi 8 a 1, en Estados Unidos de 7 a 1 y en Alemania de 3 a 1. No hay ningún país de la Europa occidental que tenga un peor desempeño que España.

Florentino Felgueroso, experto en mercado laboral de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), considera que esta encuesta es muy representativa para entender hasta qué punto una parte del empleo autónomo resulta, de alguna manera, contingente: "Los datos en España son muy bajos con respecto a otros países, y han sufrido una caída espectacular". De ahí que los problemas estructurales del mercado laboral se hayan convertido en una variable clave para entender la mayor presencia de esta modalidad en nuestro país, caracterizado por la proliferación de esos que Congregado llama "emprendedores involuntarios". La pregunta resulta obligada: ¿tiene sentido utilizar dinero público para que esas personas, que no tienen un plan de negocio definido más que ir tirando, puedan iniciar una actividad?

La respuesta no se antoja sencilla, especialmente a la luz de los datos de que se disponen. La Autoridad Independiente de Responsabilidad (AIReF) evaluó en 2020 el funcionamiento de la tarifa plana en uno de sus spending review, para cuantificar hasta qué punto estaba siendo una política efectiva. El resultado es que recomendó mantenerla hasta que los trabajadores por cuenta propia cotizasen por sus ingresos reales, una línea en la que se ha avanzado tras la reciente reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Según la Autoridad Fiscal, la tarifa plana aumentó un 17% la posibilidad de que los jóvenes se diesen de alta como autónomos, pero también redujo la posibilidad de darse de baja un 10%. En otras palabras: no solo aumentó la entrada al autoempleo, sino también la supervivencia de estas iniciativas. Sin embargo, conviene coger con pinzas los resultados, ya que no hacen referencia a la cuota cero desplegada por las comunidades autónomas.

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Hasta el momento, esta es la única gran evaluación pública que conocen los expertos, para quienes sería necesario intensificar los mecanismos para controlar la eficiencia de políticas como la tarifa plana. Felgueroso pide que, más que realizarse ex post, se lleven a cabo ex ante. No se trataría tanto de ver cuánto aumentó la supervivencia como de dar esas facilidades solo a los proyectos que tengan posibilidades de salir adelante, para así ayudarles a cumplir su objetivo. De lo contrario, la ayuda se convierte en un fuego a discreción: por la propia inercia, dará el empujón necesario a algunos, pero no es eficiente a la hora de asignar correctamente los recursos públicos.

Congregado comparte la misma reclamación. En estos casos, hilar fino es lo más importante, y lo cierto es que no se está haciendo. Lo verdaderamente relevante, asegura, no es que haya más o menos autónomos —en 2023 aumentaron en casi 16.000—, sino una mayor proporción de emprendedores voluntarios respecto a los involuntarios. Y, en general, una composición más productiva del tejido empresarial. Se trata, por tanto, de garantizar que el apoyo público se dirija a proyectos que generan un mayor valor añadido para el conjunto de la sociedad. "No hay ningún tipo de acompañamiento ni seguimiento, una política coordinada", denuncia el experto. Por ejemplo: si España necesita proyectos de energía y le sobran bares, lo lógico es que las ayudas se centrasen en los primeros.

Sobrevivir no es tener éxito

Además, el profesor de la Universidad de Huelva rechaza uno de los mitos más extendidos: la búsqueda de una mayor supervivencia. Para Congregado, el incremento de la vida de los proyectos que detectó la evaluación de la AIReF no es una buena noticia por sí misma, al igual que la creación de los mismos. Y mucho menos si esa continuidad se consigue a base de ayudas públicas: "Si sigo dopando a alguien para que permanezca en el autoempleo estoy haciendo un flaco favor al resto del sistema productivo, porque estoy alterando las reglas de la competencia". Lo que deberían perseguir estas políticas es que las iniciativas escalen, y se conviertan en empresas que contraten trabajadores y sean capaces de invertir para seguir creciendo. ¿Cuántas compañías de éxito nacieron gracias a que su creador se acogió a una tarifa plana para autónomos? Es una pregunta que, en estos momentos, no tiene respuesta.

El 82% de quienes inician actividad acogiéndose a la tarifa plana acaban bajando la persiana

En la misma línea, Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), considera que las tarifas planas suponen una competencia desleal para los trabajadores por cuenta propia que satisfacen sus obligaciones con la Seguridad Social sin ningún tipo de descuento. Y aporta un dato: el 82% de los autónomos que inician la actividad acogiéndose a esa medida acaban bajando la persiana antes de los dos años de vigencia de la misma. "Nos parece bien, pero no puede ser café para todos", asegura, antes de recordar que, especialmente hasta la aprobación de la llamada ley rider, la ayuda supuso un foco de fraude que incentivó la proliferación de falsos autónomos. Como solución, demanda más controles por parte de la Administración, que al menos debería exigir un plan de negocio digno de tal nombre y la aportación de las facturas pertinentes.

La línea que separa el trampolín del incentivo perverso resulta muy fina. Pero esto no parece importarles a los gobiernos autonómicos, que seguirán su particular subasta anual en busca de una bolsa de votantes inmensa: según el GEM, el 8,3% de los españoles en edad de trabajar se plantea iniciar una actividad por cuenta propia en los próximos tres años.