Las comunidades de vecinos tendrán ayudas al gas aunque no pongan contadores individuales

Las comunidades de vecinos podrán mantener el gas subvencionado, aunque no instalen contadores individuales hasta 2024. El Ministerio de Transición Ecológica publicó este jueves una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conceder una suerte de moratoria de un año para que las fincas con calderas comunitarias se adapten a este requisito, indispensable para acceder a la tarifa regulada, conocida como TUR. La medida afectará a unas 6.700 comunidades que en estos momentos se benefician de esta ayuda.

A solo tres días para que acabe el plazo de adaptación, el Gobierno ha decidido dar de margen hasta el 30 de septiembre de 2024 para cumplir con esa obligación para acceder a la ayuda del paquete antiinflación. Fuentes del ministerio reconocen que algunas comunidades de vecinos con calderas comunitarias no han llegado a tiempo para instalar los contadores individuales, pese a que la condición lleva vigente desde el 19 de octubre del año pasado, cuando se aprobó la medida en el marco uno de los reales decretos para hacer frente al impacto de la subida de los precios en los hogares.

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La clave, explican desde el ministerio, es que la instalación de estos contadores —o, en su defecto, de repartidores de coste— debe realizarse en verano, cuando el sistema no está en funcionamiento, ya que resulta imprescindible vaciar los circuitos. Las comunidades que no han podido adaptarse hasta ahora —el departamento de Teresa Ribera no da cifras— necesitarán otro año para hacerlo: no es viable llegar a tiempo antes del inicio de la temporada de calefacción, que suele ser en noviembre.

El Gobierno reconoce, por tanto, que el proceso está siendo más lento de lo esperado, y da 30 días a los vecinos para que comuniquen a su comercializadora de referencia, mediante una declaración responsable, que experimentan "dificultades de naturaleza técnica o administrativa" que les han impedido cumplir el plazo que se estipuló en un principio. Todas las que lo hagan podrán acceder a esa moratoria de un año, y evitarán una penalización del 25% en su factura, que se aplicaría retroactivamente desde el momento en que se acogieron a la TUR. De todas formas, los incumplidores podrán disfrutar de la tarifa regulada hasta el 31 de diciembre de este año.

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La tarifa de último recurso solo estaba disponible para clientes individuales hasta octubre del año pasado, pero el Ejecutivo decidió entonces extenderla a las comunidades con calderas comunitarias en un momento en que los precios del gas batían récords. Más allá de permitirles elegir entre el mercado libre y el regulado —el primero depende de cómo sean las ofertas privadas que se elijan y el segundo, de los precios que estipule el Gobierno trimestralmente—, la medida ha supuesto una subvención directa a las comunidades de vecinos, ya que el Ejecutivo bonifica, a través de los presupuestos generales del Estado, el ahorro de hasta el 40% a todas las que se acojan a la TUR.

Solo llega a 6.700 comunidades

Además de las comunidades, hasta 2,7 millones de hogares individuales se benefician de los precios regulados, tras una avalancha de traslados desde el mercado libre para aprovecharse de las medidas del Gobierno, que ha presupuestado 3.000 millones de euros para financiarlas. Sin embargo, este fenómeno no ha tenido lugar para las calderas comunitarias.

La ayuda ha fracasado: podía llegar a hasta 1,7 millones de familias, pero solo se han acogido a esta tarifa 6.700 comunidades de vecinos, según los datos facilitados por Transición Ecológica. Desde el ministerio dicen desconocer el tamaño de las comunidades, pero parece lejano a la media de 250 viviendas que garantizaría la cobertura plena de la medida. En marzo afectaba a 5.000 hogares, así que la cifra no ha aumentado demasiado en los últimos meses. Tampoco está previsto que lo vaya a hacer.

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La medida del Gobierno permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y posteriormente decaerá si no se prorroga el actual paquete para hacer frente a la inflación. En el seno del Ejecutivo se debate la conveniencia de hacerlo, ante la presión de Bruselas para retirar las ayudas y empezar el ajuste fiscal, por un lado, y la impopularidad que generaría no renovarlas, por el otro. En este caso, el escaso impacto, su perjuicio medioambiental —se trata de una subvención a una fuente de energía contaminante— y su escasa equidad —los vecinos de fincas con calderas comunitarias tienen una renta superior a la media— la convierten en una de las candidatas a decaer.