Garamendi consigue que la CEOE elimine el límite de mandatos del presidente

La Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reunida este miércoles, ha aprobado acabar con la limitación de dos mandatos del presidente de la patronal, cargo que actualmente sustenta Antonio Garamendi. La Asamblea General, el órgano de la patronal que tiene la competencia para modificar los estatutos, ha ratificado así la propuesta ya aprobada el pasado mes de junio por el Comité Ejecutivo de la organización.

El actual líder de la CEOE, Antonio Garamendi, se encuentra en su segundo y, por ahora, último mandato tras ser reelegido con un apoyo superior al 80% en la última Asamblea Electoral de la CEOE, celebrada el pasado 23 de noviembre. Tras ratificarse por la Asamblea General el cambio en los estatutos para no limitar a dos los mandatos, Garamendi puede seguir dirigiendo la organización durante algunos años más en el supuesto de que decidiera presentarse a las siguientes elecciones, que deberían celebrarse en noviembre de 2026. Entre las organizaciones que integran la CEOE, Foment del Treball ha apoyado esta decisión.

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La CEOE estableció este tope en abril de 2014, estando Juan Rosell en la Presidencia de la organización. Rosell, que empezó a liderar la patronal en 2010, cumplió con el límite establecido entonces en los Estatutos y dejó la Presidencia en 2018, tras dos mandatos.

El empresario vasco Antonio Garamendi tomó el relevo a Rosell y asumió la presidencia de la CEOE en 2018, siendo elegido para un segundo mandato en 2022. Antes de la llegada de Rosell y Garamendi, la CEOE tuvo otros tres presidentes cuyo mandato no estaba limitado: Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas y Gerardo Díaz Ferrán. De ellos, el que más tiempo estuvo a los mandos de la organización empresarial fue José María Cuevas, nada menos que 23 años.

Además, en la Asamblea General del miércoles, como es habitual en este tipo de encuentros de la patronal que se celebran una vez al año, también se han abordado otros temas internos de la organización, como las cuentas anuales.

Bajar los impuestos

Garamendi ha ofrecido también el tradicional discurso del presidente al finalizar la Asamblea General. En su intervención, ha repasado las 100 principales demandas del sector empresarial a los políticos para fomentar el crecimiento del tejido empresarial y la inversión. El primer punto que ha reclamado Garamendi es la "defensa" de la empresa privada, ya que es "la principal garantía para el crecimiento de la economía española". Un mensaje directo al Gobierno que todavía está en vigor para que termine con sus ataques a los empresarios y a las empresas: "Exigimos respeto" para los empresarios y las empresas.

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Uno de los principales puntos que ha señalado el presidente es la necesidad de bajar los impuestos: "Cargar el peso de un presupuesto desequilibrado sobre la espalda de las empresas por la vía de más impuestos o más cotizaciones solo nos va a llevar a menor crecimiento económico, menos empleo y mayores déficits fiscales", ha alertado.

Garamendi ha reclamado la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que se encuentran entre las más altas de la Unión Europea tras la última subida aprobada por el ministro José Luis Escrivá. Garamendi también ha reclamado que se dejen de crear nuevos tributos, lo que ha llamado "impuestos a la carta". Se refiere así a las nuevas figuras que gravan los beneficios de la banca y las energéticas, la facturación de las tecnológicas o las transferencias financieras. También ha reclamado, "como no podía ser de otra manera", la eliminación de los impuestos de sucesiones y de patrimonio.

El presidente de la patronal también ha lanzado un dardo contra el intervencionismo de los gobiernos en las relaciones laborales. "La función del legislador tiene que limitarse a lo estrictamente necesario", ha señalado. Su intervención debería restringirse a los momentos en los que la negociación colectiva no consiga alzar consensos. Pero, cuando el diálogo entre empresas y trabajadores funciona, deberían limitar su acción.

La tarea del poder ejecutivo debe concentrarse en "una estrategia global de formación y cualificación" para combatir el desajuste entre la oferta y demanda de mano de obra. "Faltan 25.000 profesionales en el ámbito de la ciberseguridad y otros tantos miles que van a ser necesarios en las áreas digitales o de sostenibilidad", ha señalado Garamendi, "pero también tenemos que hablar de los miles y miles de puestos de trabajo que quedan sin cubrir en la hostelería, el comercio o la construcción". Para ello, ha reclamado potenciar la formación profesional y la formación en el empleo para cualificar a los jóvenes, pero también a los adultos que ya están trabajando y necesiten recualificarse.