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La reforma de las pensiones sacude al Gobierno y Escrivá se queda sin aliados
  1. Economía
SIN REUNIONES CON SINDICATOS Y EMPRESARIOS

La reforma de las pensiones sacude al Gobierno y Escrivá se queda sin aliados

El 31 de diciembre está cada vez más cerca y el Gobierno aún no ha hecho una oferta formal sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones. Ni siquiera hay reuniones con sindicatos y empresarios. Fuertes discrepancias en el gabinete

Foto: La vicepresidenta Yolanda Díaz, junto al ministro de Hacienda, José Luis Escrivá. (EFE/Ballesteros)
La vicepresidenta Yolanda Díaz, junto al ministro de Hacienda, José Luis Escrivá. (EFE/Ballesteros)
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"No tenemos ni un papel. Desde el pasado 12 de septiembre no nos reunimos y no sabemos qué es lo que quiere hacer el Gobierno, más allá de declaraciones públicas que no aclaran nada". Esta es la fotografía de la situación que hace uno de los negociadores de la segunda parte de la reforma de las pensiones que la Moncloa se ha comprometido a tener aprobada ante la Comisión Europea antes del 31 de diciembre.

No hay avances. Y no los hay porque el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, no solo ha encontrado dificultades en los sindicatos y empresarios para su aprobación, sino también en el Consejo de Ministros, donde el bloque de Unidas Podemos, incluida la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto pie en pared y descarta respaldar una de las dos reformas que están en juego: el aumento del periodo de cálculo de las pensiones.

Foto: María Jesús Montero (ministra de Hacienda) y Pedro Azpiazu (consejero vasco de Hacienda). (EFE)

El otro punto caliente es el destope parcial de las bases máximas de cotización, un asunto bien visto por los sindicatos, pero que cuenta con la oposición frontal de CEOE, ya que ello supondría un aumento de los costes empresariales. La patronal, igualmente, descarta respaldar el aumento del periodo de cálculo porque ello complicaría los ajustes en las empresas, puesto que muchos trabajadores se verían penalizados por la ampliación. Preocupa, igualmente, el efecto que tendría sobre la pensión de las mujeres, pues suelen tener más lagunas de cotización que los hombres. Es decir, han tenido que interrumpir en más ocasiones su vida laboral por cuestiones como la maternidad o la propia vulnerabilidad que provoca tener empleos más precarios.

Así las cosas, nada indica que pueda haber acuerdo, lo que obligaría al Gobierno a tirar de real decreto-ley, pero con una incógnita no menor. Su posterior convalidación en el Congreso de los Diputados no está garantizada, lo que supondría volver al punto de partida.

El problema es que el Gobierno se comprometió ante Bruselas —componente 30 del plan de recuperación— a tener lista la segunda parte de la reforma de pensiones (la primera entró en vigor el pasado 1 de enero) antes de final de año. Y no es un asunto cualquiera, habida cuenta de que lo que está en juego es la sostenibilidad del sistema de pensiones, una cuestión que la Comisión Europea considera prioritaria en un contexto de envejecimiento de la población y caída de la natalidad. No en vano, la Seguridad Social arrastra cuantiosos déficits desde hace más de una década. El Gobierno estima que el desequilibrio en 2023 será equivalente al 0,5% del PIB, aunque no hay que olvidar que ese déficit está suavizado por las aportaciones del Estado para tapar el agujero.

Cuantía de las pensiones

El compromiso del Gobierno con Bruselas es algo genérico: "Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación", pero no hay dudas de que sugiere que se alargarán los actuales 25 años que se tienen en cuenta para estimar la cuantía de las pensiones.

El Gobierno siempre ha hablado de gradualismo en la reforma de las pensiones y de tener en cuenta las lagunas de cotización. Incluyendo la posibilidad de descartar los peores años de cotización para que la base reguladora sea más elevada y no penalizar a los colectivos más vulnerables. En definitiva, plazos muy largos e introduciendo muchos matices a la vista de que se trata de un asunto muy sensible, tanto en lo correspondiente a las bases máximas de cotización como al periodo de cálculo. El aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años se articuló, por ejemplo, en 15 años, entre 2012 y 2027.

Las direcciones de UGT y de CCOO siempre se han opuesto a la ampliación del periodo de cálculo porque ello supone una merma en la prestación al contabilizarse años de menores ingresos. Existen evidencias de que el salario suele crecer a medida que avanza la vida laboral, por factores como los pagos por antigüedad o mayor cualificación profesional. Los sindicatos, recientemente, dejaron claro que "todas aquellas medidas que impliquen recortes en la cuantía de las pensiones o en el derecho de los pensionistas [en clara referencia al periodo de cálculo] contarán con el rechazo frontal de las organizaciones sindicales".

Un reciente estudio del Banco de España ha estimado que la extensión del periodo de cálculo desde 15 hasta 25 años ha recortado la pensión inicial media un 5%, mientras que una ampliación desde los 25 actuales hasta los 35 años produciría una reducción adicional del 8,2%. Como se recordará, la primera reforma de las pensiones de la democracia, en 1985, amplió el periodo de cálculo de dos a ocho años; posteriormente, se alargó hasta los 15 años, y ahora, como se ha dicho, son 25. Así pues, el horizonte de tener en cuenta toda la vida laboral está más cerca.

Dura penalización

Otro trabajo publicado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social llega a conclusiones similares a las del Banco de España, aunque sus estimaciones sobre el efecto que tendría la ampliación a 35 años del periodo de cálculo sobre las pensiones medias son, incluso, más desfavorables para los jubilados.

Según sus estimaciones, la disminución de la pensión inicial sería, en promedio, equivalente al 8,6%, dato superior a otros trabajos que han circulado, que la sitúan entre el 5,4% y el 6,3%. Los autores del estudio han llegado a la conclusión de que en el caso de las carreras laborales cortas, verían disminuir su pensión un 14,7% para el último cuartil (equivalente a menos de 31 años cotizados), frente a carreras largas, donde solo disminuiría un 7,5% para el primer cuartil (equivalente a más de 43 años y ocho meses cotizados). También detectaron un posible problema de discriminación indirecta por razón de género, ya que las mujeres presentan carreras laborales más cortas, con lo cual su pensión inicial se reduciría un 10,2%, frente a la reducción de los hombres, que sería de un 7,8%, lo que supone una reducción superior al 30% para las mujeres respecto de los hombres.

Aunque no hay una propuesta formal por escrito del Gobierno, lo que hoy se conoce es una oferta —que se barajó hace un año— que pasaba por elevar las bases máximas de cotización en un horizonte de 30 años con el objetivo de aproximarlas a los salarios reales. Igualmente, se planteó la posibilidad de indexar las bases de cotización máximas al IPC más un porcentaje que hoy no está definido, algo que disgusta a los empresarios. En particular, por introducir revisiones automáticas —la indexación— que la patronal rechaza, por ejemplo, en la negociación colectiva.

"No tenemos ni un papel. Desde el pasado 12 de septiembre no nos reunimos y no sabemos qué es lo que quiere hacer el Gobierno, más allá de declaraciones públicas que no aclaran nada". Esta es la fotografía de la situación que hace uno de los negociadores de la segunda parte de la reforma de las pensiones que la Moncloa se ha comprometido a tener aprobada ante la Comisión Europea antes del 31 de diciembre.

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