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Bruselas valida otro pago a España, pero duda del plan para pagar el coste de las pensiones
  1. Economía
EL QUE MÁS EXPECTATIVAS DESPERTABA

Bruselas valida otro pago a España, pero duda del plan para pagar el coste de las pensiones

La Comisión Europea ha aprobado el segundo pago, pero recela de los cálculos del impacto fiscal de la reforma de las pensiones y del mecanismo de equidad intergeneracional

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. (EFE/Stephanie Lecocq)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. (EFE/Stephanie Lecocq)

El pasado 30 de abril el Gobierno solicitó el segundo desembolso de su partida del fondo de recuperación: 12.000 millones de euros en transferencias para los que, antes de obtenerlos, el Ejecutivo tenía que demostrar a la Comisión Europea que había cumplido con los 31 hitos y nueve objetivos marcados en el plan. Los técnicos de Bruselas tenían dos meses para analizar si efectivamente se habían completado todos los requisitos, y prácticamente han agotado ese margen. Ahora, casi dos meses después de la solicitud, la Comisión da luz verde al desembolso.

“Hoy tengo buenas noticias para España. Creemos que España ha avanzado lo suficiente en la implementación de su plan nacional de recuperación para recibir un segundo pago del fondo de recuperación”, ha explicado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un comunicado. “España sigue avanzando en su agenda de reformas e inversiones: en renovación energéticamente eficiente y comunicaciones móviles 5G, por ejemplo, junto con reformas del mercado laboral y medidas para prevenir el fraude fiscal”, ha señalado por su parte Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión.

Foto: Ursula von der Leyen (Reuters/Pool)

Se trata de uno de los desembolsos que más expectativas despertaba, ya que incluía, entre los objetivos, la aprobación de la reforma laboral. También incluye otras medidas, como la aprobación de la llamada ley ‘rider’, o la Carta de Derechos Digitales. Hay más medidas, muchas de ellas centradas en la transición verde y la digital, como, por ejemplo, medidas para facilitar el desarrollo del 5G.

Sin embargo, el equipo de la Comisión Europea es escéptico respecto a la sostenibilidad fiscal de las pensiones y los cálculos que realiza el Ejecutivo español. El Gobierno ha enviado a Bruselas una estimación del impacto de la indexación de las pensiones al IPC de entre el 2,2% y el 2,7% del PIB, y un ahorro con algunas de las medidas aprobadas para intentar acercar la edad de jubilación real a la legal, de entre el 1,1% y el 1,6%.

Los técnicos comunitarios consideran que el análisis español respecto al impacto fiscal de la indexación es correcto, pero por el lado alto de la horquilla, es decir, cercano al 2,7% del PIB, y en cuanto a las medidas compensatorias creen que incluso la parte baja de la horquilla enviada por las autoridades españolas es demasiado optimista y sitúan su análisis por debajo.

La hora de la verdad llegará a finales del año, cuando el Gobierno tenga que enviar un análisis sobre el impacto fiscal de la reforma

Ya en el documento de trabajo que acompañaba a la aprobación de la Comisión Europea del plan español se identificaba como el talón de Aquiles la indexación de las pensiones. “Estos elementos aumentarían el gasto en pensiones a medio y largo plazo, a menos que su impacto sea suficientemente compensado por medidas compensatorias”, explicaban los técnicos en el documento.

“España ha facilitado estimaciones de que las medidas que aumentan la edad efectiva de jubilación generan ahorros que oscilan entre el 0,2 % y el 0,4 % del PIB en 2030 y entre el 1,1 % y el 1,6 % del PIB en 2050. Los servicios de la Comisión consideran que la reforma generará ahorros fiscales, pero lograr ahorros hasta y ciertamente por encima del límite inferior está sujeto a una incertidumbre muy alta”, explica el documento de trabajo en el que la Comisión analiza el cumplimiento de las medidas.

Foto: Nadia Calviño, ministra de asuntos económicos.

Después la Comisión Europea añade: “Las autoridades españolas han facilitado estimaciones de que la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional sería fiscalmente neutral, mientras que los servicios de la Comisión consideran que es probable que con el tiempo dé lugar a un aumento significativo del gasto público como porcentaje del PIB”.

La hora de la verdad llegará a finales del año, cuando el Gobierno tenga que enviar al Ejecutivo comunitario un análisis sobre el impacto fiscal de la reforma de las pensiones, y que forma parte de los requisitos para el cuarto desembolso. Y el análisis debe parecerse, algo que hoy no ocurre. Si hay una divergencia muy importante, el Ejecutivo comunitario podría optar por rechazar el pago o realizar un desembolso parcial.

La Comisión todavía no puede analizar el impacto total del paquete de la reforma de pensiones, que es el componente 30 del plan español, porque todavía falta la ampliación del plazo de cómputo para el cálculo de la pensión, la reforma de la cotización a la seguridad social para los autónomos, y el aumento de la base de cotización. Pero Bruselas señala que “para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete de reformas sería necesario abordar el riesgo de que surja una brecha fiscal significativa (...) para asegurar el cumplimiento satisfactorio de los hitos 409 (que se refiere al reemplazo del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad) y el 410, que es, precisamente, el documento que España debe enviar a finales de año en el que debe comprobarse que “las reformas de pensiones realizadas en 2021 y 2022 aseguran la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.

Próximos pasos

El asunto pasa ahora a manos del Comité Económico y Financiero del Consejo de la UE, conformado por altos funcionarios de todos los Estados miembros, de los bancos centrales, del Banco Central Europeo (BCE) y de la propia Comisión. Es en este órgano en el que una capital puede defender que existe una “desviación” en el cumplimiento del plan, y, en ese caso, solicitar que el asunto se eleve al nivel del Consejo Europeo, la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Foto: Cristina Herrero, presidenta de la AIReF. (EFE/Puente Hoyos)

España ya obtuvo, como el resto de Estados miembros cuyo plan fue aprobado, unos 9.000 euros de prefinanciación, y después también recibió los 10.000 millones de euros del primer desembolso a finales de 2021, y fue el primer país en recibir uno. El actual se trata del mayor desembolso que recibirá España durante todo el despliegue del plan nacional, y con este nuevo tramo el país ha recibido ya el 44,5% de todas las subvenciones que le fueron concedidas, aunque en los próximos días la Comisión anunciará que, tras un recálculo hecho con base en el impacto del PIB, España obtendrá otros 5.000 millones de euros.

El pasado 30 de abril el Gobierno solicitó el segundo desembolso de su partida del fondo de recuperación: 12.000 millones de euros en transferencias para los que, antes de obtenerlos, el Ejecutivo tenía que demostrar a la Comisión Europea que había cumplido con los 31 hitos y nueve objetivos marcados en el plan. Los técnicos de Bruselas tenían dos meses para analizar si efectivamente se habían completado todos los requisitos, y prácticamente han agotado ese margen. Ahora, casi dos meses después de la solicitud, la Comisión da luz verde al desembolso.

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