Bruselas lanza la revisión de las normas fiscales y prevé un ajuste fiscal progresivo

Con las normas fiscales de la Unión Europea suspendidas desde 2020 para hacer frente a la pandemia, la Comisión Europea ha lanzado este martes el debate sobre su reforma, algo que ya estaba previsto desde antes de la crisis por el coronavirus, pero que ahora toma una nueva dimensión. En un documento vago, con pocos detalles y pistas de en qué dirección irá el debate, el Ejecutivo comunitario plantea a partir de 2023 una reducción del déficit progresivo tras varios años con las normas suspendidas.

Lo que han hecho los departamentos de Paolo Gentiloni, comisario de Economía, y de Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, es establecer simplemente los límites, muy difusos, que debe tener el debate, planteando al final del documento 11 preguntas muy abiertas que deberían estructurar la discusión, nueve de ellas ya presentes en la comunicación de febrero de 2020, cuando se preveía lanzar la reforma que quedó paralizada por la crisis de la pandemia. Pero ni siquiera ellos están en el mismo renglón. Dombrovskis pertenece al grupo de los “halcones”, de los que creen que las normas requieren pocos cambios y, en cualquier caso, las modificaciones deben centrarse en conseguir que las reglas se cumplan de manera más estricta. Gentiloni pertenece a otra corriente, en la que se encuentran países como España o Italia, que consideran que las reglas tienen que ser más flexibles y que deben dar espacio a las inversiones verdes.

Reflejan el corriente de dos bloques. Por un lado, los que opinan que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el paquete de las reglas fiscales europeas que obliga a tomar medidas correctoras cuando se supera el 3% del déficit presupuestario y la deuda pública supone más del 60% del producto interior bruto, ya tiene suficiente flexibilidad, como demuestra la reacción a la crisis del coronavirus. En ese grupo se encuentran Países Bajos, Dinamarca o Austria. Otros países, entre ellos España, defienden que hay que hacer una reforma más integral, en la que hay que dar una mayor flexibilidad e incorporar las lecciones aprendidas en la pandemia. Una fuente comunitaria señala que es una posibilidad que la reforma acabe decantándose hacia el "mínimo común denominador", pero asegura que no ha escuchado a ningún ministro defender que las reglas no requieren ningún retoque. Todos están de acuerdo, por ejemplo, en que las normas son demasiado complejas.

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El problema es que muchas de las sillas fundamentales en esta mesa de negociación se encuentran en este momento vacías. Alemania tiene un Gobierno en funciones mientras los socialdemócratas, liberales y ecologistas tratan de acordar un nuevo Ejecutivo, en el que uno de los elementos principales a pactar será precisamente la posición de Berlín respecto a las reglas fiscales. Y, mientras tanto, el tiempo se va agotando para Emmanuel Macron, presidente francés, que se enfrentará en mayo a unas presidenciales francesas que van a ocupar buena parte de su tiempo, y en París no hay demasiado apetito por una enorme batalla política a nivel europeo antes de los comicios.

Hay pocos detalles concretos, pero sí algunas pistas. Por ejemplo, Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, podrá saborear cómo el debate comienza al menos en una de las direcciones que a ella le interesan. Una y otra vez, la antigua directora general de Presupuestos de la Comisión Europea ha insistido en la necesidad de eliminar los “indicadores no observables” a la hora de analizar la situación económica. Con ello, Calviño se refiere al déficit estructural y al 'output gap'. La Comisión parece lanzar un guiño en esa dirección, haciendo referencia a la necesidad de utilizar indicadores “observables”.

Pero Bruselas no ha querido decantar el debate hacia un lado o hacia el otro. La Comisión necesita que el resultado final sea aceptable para todos, y por eso quiere evitar que se identifique su propuesta como muy favorable a uno de los lados que están cara a cara en este debate que pueda hacer que la parte contraria se enroque. "Las reglas fiscales solo funcionarán correctamente si todos están de acuerdo y se adhieren a ellas", ha señalado Dombrovskis en rueda de prensa.

Reactivando las antiguas normas

Una de las grandes preguntas es qué ocurrirá a partir de enero de 2023, cuando las reglas fiscales vuelvan a aplicarse tras la suspensión de la cláusula general de escape, porque previsiblemente se hará sin tener todavía un nuevo paquete de normas. Este es, de hecho, uno de los elementos que enfrentan a los dos bloques en las reuniones de ministros de Finanzas. Los halcones aseguran que prefieren un debate pausado, que la reforma no se haga de manera rápida. Mejor reactivar las normas mientras se discute con tiempo. Pero los que están a favor de los cambios más profundos quieren que las nuevas reglas fiscales estén en pie antes de que se reactiven las normas. Creen que una vez las normas estén de nuevo aplicándose, los halcones lo tendrán todo a su favor para retrasar y embarrar las conversaciones y obligar al resto de los Estados miembros a aceptar una reforma poco ambiciosa.

Sin embargo, con el calendario electoral que hay por delante y la cantidad de trabajo que habría que hacer, pocos apuestan a que haya un acuerdo sobre las nuevas normas antes de que finalice 2022. Una fuente comunitaria señala que el objetivo es que, cuando se reactiven las reglas, “haya una idea o una clara orientación de hacia dónde queremos ir con la política fiscal”, que permita ya aplicar las antiguas reglas en la dirección en la que vayan a ir las nuevas, aunque todavía queden algunos detalles por cerrar.

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Lo que no va a haber es un cambio en los objetivos principales: controlar los desequilibrios macroeconómicos, que sigue siendo "esencial", según ha explicado Dombrovskis. Es un mensaje muy claro que se lanza desde Bruselas, que lo que sí hace es señalar que ese ajuste tendrá que ser gradual. No es una sorpresa porque se daba por hecho que el Ejecutivo comunitario buscaría una consolidación fiscal “gradual” partiendo del punto en el que se encuentran los Estados miembros una vez se suspende la cláusula general de escape. Esa actitud flexible era la única manera de que los países en una situación más complicada, como es el caso de España, retiraran los estímulos demasiado pronto. La idea de que el ajuste se hará de manera progresiva ya se repetía desde hacía tiempo por parte de un buen número de fuentes, por lo que no es una sorpresa.

Una fuente comunitaria señala ahora que buena parte de la reducción del déficit se producirá “automáticamente” a medida que los programas de gasto relacionados con la pandemia vayan caducando. Pero no muestra ninguna duda respecto a la importancia de devolver “los déficits estructurales a una posición sostenible”. “La discusión no es tanto si se hace, sino a qué ritmo”, explica la fuente.

El Ejecutivo comunitario señala en la comunicación de este martes que la reducción de la deuda pública deberá hacerse también de una manera “sostenible” y que “apoye al crecimiento”, y Dombrovskis admite que se trata de un ejercicio muy complejo: reducir la deuda pública al mismo tiempo que se impide ahogar el crecimiento es el "equilibrio adecuado" aunque será la "cuadratura del círculo".

Una de las prioridades del Ejecutivo comunitario es preparar bien el terreno para el periodo que habrá entre la reactivación de las normas a finales de 2022, y la aplicación de nuevas reglas fiscales. Por eso, en los primeros tres meses de 2022 Bruselas proporcionará “orientación para la política fiscal para el próximo periodo” en el que reflejará “la situación específica de cada Estado miembro y el debate sobre el marco de gobernanza económica”. Una fuente comunitaria señala que Bruselas ofrecerá entonces "orientaciones sobre posibles cambios en el marco de gobernanza económica con el objetivo de lograr un consenso amplio sobre el camino a seguir con suficiente tiempo para 2023".