Montero financiará la política de vivienda con fondos UE y quita deducciones a empresas

Europa financiará la política de vivienda del Gobierno. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este miércoles en el Congreso, contempla que tres de cada cuatro euros dedicados a este capítulo procedan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, del fondo de la Comisión para impulsar la recuperación económica tras la crisis del covid. Además, el Ejecutivo reducirá las bonificaciones fiscales a las empresas dedicadas al alquiler.

En total, la dotación para vivienda en los Presupuestos asciende a 3.295 millones de euros, la cifra más alta de la historia, de los que 806 los pondrá Madrid y 2.489 Bruselas. Se trata de un 46,25% más que el año pasado, en un momento en el que el asunto se ha colado en la agenda política ante la próxima aprobación de la nueva ley del sector. La partida aportada por el Gobierno aumenta casi un 34% respecto al año pasado, mientras que la procedente del fondo de recuperación crece más de un 50%. En otras palabras: un año más, Moncloa pagará una parte importante de las medidas gracias al 'maná' europeo.

Una de las novedades, el bono para al alquiler joven anunciado recientemente por el presidente Pedro Sánchez, se llevará una partida de 200 millones de euros. Por su parte, la Entidad Pública Empresarial de Suelo recibirá 115 millones y las ayudas a ayuntamientos para promover viviendas en alquiler asequible o social, 27.

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Sin embargo, las medidas más costosas volverán a ser la de las subvenciones para la promoción y rehabilitación, que se financiarán con cargo a los fondos europeos: 1.359 millones para programas de rehabilitación en edificios privados, 600 para la eficiencia energética en edificios públicos y 500 para construir viviendas de alquiler social energéticamente eficiente. Además, el Estado aportará 355 millones para subvenciones de planes de viviendas.

En su libro amarillo —un documento explicativo que desgrana el proyecto de Presupuestos—, el Gobierno fija tres prioridades para estas políticas, que ya se recogen en el Plan Estatal 2022-2025: la atención prioritaria a los más vulnerables, el favorecimiento del acceso a una vivienda digna para los colectivos con menos recursos y la promoción de un parque de vivienda asequible, "con especial atención a fórmulas de colaboración público-privada".

Menos bonificaciones a empresas

Moncloa ha tratado durante los últimos días de templar los ánimos del sector privado, después de la polémica sobre la nueva regulación del alquiler, que ha provocado fuertes críticas de los empresarios y la oposición, hasta llegar a calificarla de "comunista". Sin embargo, la influencia de Unidas Podemos en el Gobierno se deja notar en otra de las medidas que recoge el proyecto presupuestario: la reducción de las bonificaciones fiscales para las empresas dedicadas al arrendamiento.

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Hasta ahora, se les abonaba el 85% del impuesto de sociedades, un porcentaje que se reducirá hasta el 40% tras la aprobación de la ley orgánica de los PGE. La medida, ya anunciada en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos sobre el alquiler, se adelanta, así, a 2022, tal y como ha destacado la ministra de Hacienda en su comparecencia.