Las ayudas públicas evitan que el número de trabajadores sin renta supere el 30%

La declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus provocó un hundimiento del PIB inédito en la historia en tiempos de paz. Una buena parte de esta factura la asumió el sector público al hacerse cargo de las cotizaciones sociales de las empresas y de las rentas de trabajadores y autónomos. Sin estas medidas, la desigualdad entre los trabajadores se habría disparado a cotas históricas, ya que mientras unos siguieron con su actividad habitual, otros tuvieron que parar por el cierre económico.

Gracias a estas medidas, el Gobierno evitó que se disparara la desigualdad. Así lo pone de relieve un estudio realizado por CaixaBank Research analizando la evolución de tres millones de nóminas de su cartera de clientes. Aunque la muestra pueda estar algo sesgada, principalmente por la distribución geográfica de la entidad, es la mayor base de datos de ingresos de los hogares analizada en alta frecuencia. Además, la información está desagregada para distinguir entre nóminas y prestaciones públicas, lo que permite hacer un seguimiento de la evolución del mercado real y de las ayudas del Estado.

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Los resultados del análisis muestran que el porcentaje de trabajadores que hubieran perdido todos sus ingresos entre marzo y abril se habría disparado por encima del 30% si no hubiese existido la acción estabilizadora del sector público. En febrero, el porcentaje de trabajadores sin ingresos se disparó hasta el entorno del 33%, esto es, uno de cada tres. Este dato muestra la magnitud de destrucción de empleo que se produjo como consecuencia del cierre económico.

Sin embargo, el sector público actuó como un amortiguador para las familias gracias, principalmente, a los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) y al cese de actividad de los autónomos. Estas dos medidas evitaron que se multiplicara la desigualdad derivada de la acción del sector privado. El número de trabajadores sin ingresos (incluye todos aquellos que no cobraron los ERTE pese a tener derecho a su prestación) se incrementó hasta el 10%, muy lejos del 30% al que habría llegado sin la intervención del Estado.

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“El papel del sector público, por tanto, está siendo clave para amortiguar el impacto de la crisis”, explican los investigadores de CaixaBank. El sector público evitó graves problemas económicos en muchos hogares, pero no en todos. En torno al 10% de los trabajadores perdió todos sus ingresos, una situación que contrasta con el porcentaje del 4% que ocurre en un mes habitual. El Estado fracasó a la hora de proteger a muchos hogares vulnerables por dos motivos. El primero es que los ERTE generaron muchos problemas burocráticos que evitaron el pago durante meses. El segundo es que el retraso en la aprobación de una renta de emergencia, el ingreso mínimo vital, dejó en la cuneta a una parte de la población más necesitada.

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En cualquier caso, la acción del sector público logró evitar que se disparase la brecha entre trabajadores durante los primeros meses del estado de alarma. El principal indicador que se utiliza para medir la desigualdad es el índice de Gini. Según los datos de CaixaBank, este índice subió nada menos que un 25% antes de las transferencias del sector público. Una cifra inédita de aumento de la desigualdad, pero que es coherente si se tiene en cuenta que más de tres millones de trabajadores acabaron en ERTE. “Nunca habíamos observado variaciones de esta magnitud en un mismo país en un periodo de tiempo tan breve: en tan solo dos meses aumentó un 25%”, equivalente a la diferencia de desigualdad existente entre Alemania y EEUU.

La acción estabilizadora de las prestaciones públicas evitó tal aumento de la desigualdad, aunque no impidió un cierto repunte. En concreto, el índice de Gini subió en 4 puntos, muy lejos del 25% que habría subido solo con la acción del mercado laboral. “El índice de Gini también refleja el importante papel que está jugando el sector público”, señalan los analistas de CaixaBank. “Cuando tenemos en cuenta los esquemas de soportes de rentas del sector público, como pueden ser las prestaciones por desempleo o las que reciben los trabajadores que se encuentran en un ERTE, el aumento del nivel de desigualdad es también pronunciado, pero muy inferior” al que habría ocurrido en ausencia de estas ayudas.

Es importante señalar que sin las prestaciones extraordinarias del coronavirus también se habría producido una acción estabilizadora del sector público a través del paro ordinario. Los ERTE se habrían sustituido por despidos, de modo que cada trabajador habría percibido una prestación proporcional al periodo y base de cotización que hubiese acumulado. Esto es, los estabilizadores automáticos habrían funcionado, aunque no con la intensidad que lo hicieron como consecuencia de las prestaciones extraordinarias aplicadas, tanto en cuantías de la protección, como en alcance. Eso sí: estos datos muestran la importancia estabilizadora que tiene el sector público durante las crisis, para evitar que el coste recaiga íntegramente sobre una parte de los trabajadores y para impulsar las recuperaciones.