Bruselas sitúa el umbral de notificación de las nacionalizaciones en los 250 millones

La Comisión Europea ha enviado a las capitales su revisión del esquema de ayudas de estado en el marco de la pandemia, con la que Bruselas pretende facilitar la nacionalización de empresas en apuros por el shock económico del coronavirus. Así Bruselas facilita y flexibiliza la asistencia a estas compañías, estableciendo en los 250 millones de euros el umbral a partir del cual los Estados miembros deben notificar a la Comisión dicha acción y esta debe aprobarla.

Pero no será una nacionalización a la carta. El Ejecutivo comunitario ha intentado limitar al máximo los efectos estableciendo una serie de condiciones, como por ejemplo que no quede otra opción para la supervivencia de la empresa que la entrada de capital público, que la recapitalización no sirva para mejorar la posición de capital de la empresa previa al coronavirus, y el Estado no podrá permanecer en las compañías más de seis años.

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Uno de los asuntos más polémicos ha sido el del umbral de notificación. Alemania, el país más activo en el uso de las ayudas de estado, de hecho más del 50% de los programas aprobados por la Comisión Europea han sido alemanes, quería que este umbral se situase en los 500 millones de euros, pero España preocupada por las desigualdades que se pueden estar generando en el interior del mercado interior haciendo uso de estas ayudas de estado, se negaba a que hubiera una limitación tan flexible.

La fragmentación del mercado interior se ha convertido en uno de los principales problemas para la Unión Europea, y Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de competencia, es consciente de ello, aunque ha explicado en un comunicado este lunes que es necesario que “la financiación que no causa distorsiones en la competencia pueda llegar rápidamente a las empresas”.

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Otras de las limitaciones será la desaparición de los bonus para directivos al menos hasta que la empresa haya devuelto el 75% del capital público. Además, las compañías no podrán pagar dividendos hasta que haya finalizado la participación pública. Bruselas también ha pedido a la banca que se aplique estas restricciones durante el periodo en el que se les da más flexibilidad para que faciliten el crédito.

Todas estas medidas estarán sujetas a un régimen de transparencia, con los Estados miembros publicando los detalles sobre las empresas que han recibido sus ayudas y los correspondientes importes de estas en un periodo de tres meses a partir de la recapitalización. De la misma forma, los beneficiarios (que no sean pymes) tendrán que publicar la información sobre el uso de las ayudas recibidas, incluyendo la forma en que esta ayuda apoya a la empresa respetando las obligaciones nacionales y europeas relacionadas con la transformación ecológica y digital.

Por otro lado, las empresas recapitalizadas no podrán utilizar la ayuda estatal para apoyar la actividad económica de otras sociedades asociadas que estén en dificultades ya antes del 31 de diciembre de 2019. Las excepciones que Bruselas ha ido aprobado a las normas de ayudas públicas europeas estarán vigentes hasta diciembre de 2020, pero las correspondientes a recapitalizaciones de empresas gozarán de un periodo superior, hasta junio de 2021.