Las comunidades del PP aumentaron la subcontratación de empresas con la crisis

Durante la burbuja inmobiliaria los ingresos tributarios se dispararon y las diferentes administraciones hicieron lo mismo con sus presupuestos. En esos años de bonanza, las comunidades autónomas apuntalaron el Estado del bienestar mejorando la financiación de la educación y la sanidad, y también despilfarraron con obras innecesarias y un crecimiento acelerado del gasto corriente. En ese periodo aumentaron la subcontratación a un ritmo superior al gasto público: los gobiernos regionales optaron por externalizar la prestación de servicios y de bienes a sus ciudadanos en empresas privadas.

Así se extrae del último documento de trabajo publicado por el Banco de España y elaborado por Mar Delgado-Téllez, Enrique Moral-Benito y Javier J. Pérez, que analiza la evolución de la externalización de la producción de bienes y servicios realizada por las comunidades autónomas desde 2002 hasta 2018. Para medir el nivel de externalización, los autores utilizan la fórmula tradicional: calcular el porcentaje del gasto intermedio y de las transferencias en especie adquiridas en el mercado sobre el total del consumo público. De este modo, se obtiene la parte del gasto destinada a adquirir en el mercado bienes y servicios para proveerlos a la ciudadanía.

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Cuando estalló la crisis, los gobiernos autonómicos se vieron obligados a recortar su gasto público para frenar el avance del déficit. A la vez que recortaban el gasto público, también reducían los niveles de subcontratación de modo que la producción volvió al sector público. Lo hicieron todas salvo cuatro: La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña, que aumentaron sus niveles de externalización. El caso de Cataluña es excepcional porque ha mostrado un comportamiento extraordinario durante toda la serie. En las otras tres, el punto en común es que todas estaban gobernadas por el Partido Popular, incluida Castilla-La Mancha, que coincidió con los años de gobierno de María Dolores de Cospedal.

Desde 2013, cuando comenzó la recuperación, algunas comunidades han vuelto a aumentar los niveles de subcontratación, mientras que otras han seguido recortándolos. Pero solo hay cuatro que en 2018 superaron el nivel de subcontratación de 2008: La Rioja, Madrid, Castilla y León y Murcia. Todas ellas también tienen en común que son comunidades gobernadas tradicionalmente por el Partido Popular.

Estos datos del Banco de España evidencian la diferencia en la forma de hacer política entre las dos formaciones. Las regiones gobernadas por el PP han optado por contratar a empresas privadas para proveer bienes o servicios a los ciudadanos. Este ejemplo es especialmente evidente en los casos de Madrid y La Rioja, en los que se ha buscado una gran participación de las empresas en la ejecución del gasto público y los niveles de externalización están en la zona de máximos históricos.

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Por el contrario, las regiones tradicionalmente gobernadas por el PSOE han optado por mantener en el sector público la provisión de esos servicios, evitando así la contratación de empresas. Además, estas comunidades han optado por mantener niveles de gasto público más elevados que el resto de comunidades, lo que también es una seña de identidad de la izquierda. El problema es que el Banco de España no ha realizado un análisis de eficiencia del gasto, de modo que no es posible conocer cuál de las dos opciones (subcontratar el gasto al sector privado o mantenerlo en el público) ha sido mejor.

La literatura económica ha arrojado análisis en los dos sentidos, por lo que tampoco es útil a la hora de estimar cuál es preferible. Por una parte, la externalización fomenta la competencia entre empresas, lo que reduce los costes y mejora la eficiencia. Pero, por otro lado, la externalización ha generado situaciones negativas cuando las empresas se benefician de contratos inflados gracias a sus presiones sobre los dirigentes políticos. Además, la externalización puede ser ineficiente si el sector privado tiene menos experiencia que el público, lo que puede resultar en una menor productividad.

El problema es que tampoco los gobiernos autonómicos analizaron el impacto de sus decisiones para que sus políticas se adaptaran a los criterios de mayor eficiencia. En muchos casos, las subcontrataciones de empresas se realizaron por intereses partidistas sin velar por el interés general. En otros casos, el gasto corriente se infló con ineficiencias que encarecieron la producción de esos bienes y servicios en el sector público sin prestar atención a las prácticas más productivas. Es la lacra de la cultura política española que en contadas ocasiones ha realizado un análisis sobre las políticas adoptadas para medir su idoneidad y eficiencia. Y, en la mayoría de los casos, detrás hay intereses partidistas que impiden el cambio.

Dos correlaciones

El estudio del Banco de España marca dos correlaciones que se han repetido con frecuencia en las comunidades autónomas durante las últimas dos décadas. La primera es que las comunidades con mayor nivel de gasto público son las que menos subcontratan la provisión de bienes y servicios. El caso más claro es el de Extremadura, la única región en la que el gasto público autonómico supera el 20% del PIB. Sin embargo, su nivel de subcontratación está entre los más bajos de España. Por el contrario, las tres regiones con mayor nivel de subcontratación: Cataluña, Madrid y Valencia, se sitúan a la cola de España en gasto público.

Esta tendencia, aunque no se cumple de forma perfecta para todas las comunidades autónomas, sí marca una clara correlación de modo que las comunidades con mayor gasto tienen menores niveles de subcontratación. Estos resultados también tienen sentido si se analizan desde el punto de vista político, ya que muestran que las regiones que más gasto tienen son las que han estado gobernadas tradicionalmente por la izquierda, que es menos propensa a externalizar la producción de bienes y servicios. Por el contrario, las regiones gobernadas por la derecha tienen un sector público más precario y una buena parte del mismo está externalizado en empresas privadas.

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La segunda correlación es que la externalización es creciente con el gasto público dentro de cada CCAA. Cuando las regiones inician fases de expansión de sus presupuestos, aceleran a un ritmo superior la subcontratación y viceversa. Hasta cierto punto, es comprensible que sea así, ya que un aumento acelerado del gasto público se gestiona con mayor facilidad si se externaliza una parte.

Hay dos regiones en las que esta correlación no se cumple. La primera es Cataluña, que durante estas dos décadas ha llevado movimientos erráticos de gasto y externalización y que puede responder a la volatilidad de su política. La segunda es el País Vasco, que ha mantenido siempre un nivel de gasto público muy constante durante todos estos años gracias, en gran medida, a su modelo productivo y a tener su hacienda foral, que garantizan unos ingresos estables.