El ‘lobby’ farmacéutico rechaza competir en subastas: ¿provocaría escasez de medicinas?

Cualquier persona estará a favor de dedicar mucho dinero a la sanidad. Infinito, si fuese posible. El problema es que los recursos siempre son limitados, de ahí que sea imprescindible la eficiencia: lograr los máximos resultados posibles con el presupuesto disponible. La subasta de medicamentos andaluza, ahora eliminada por el Gobierno del PP, ha irrumpido de lleno en este debate. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado una propuesta de subastas a nivel nacional, similar a la andaluza, para mejorar la eficiencia del gasto público en medicamentos y el ‘lobby’ farmacéutico ha salido en tromba a criticar esta propuesta. En su opinión, este sistema provocaría una reducción de la inversión en medicamentos y, además, afectaría al suministro de medicamentos pudiendo generar episodios de desabastecimiento de fármacos.

Las empresas no quieren subastas, están más cómodas con el juego de fijación de precios de las administraciones públicas que evita así la competencia entre compañías (sistema de precios de referencia). Sin embargo, un estudio de la AIReF aplaude los beneficios de la competencia entre laboratorios para mejorar la eficiencia del gasto farmacéutico, respetando siempre los 10 años garantizados por las patentes. El objetivo es introducir elementos de mercado en el sistema de formación de los precios públicos, para evitar cualquier posible arbitrariedad por parte de las administraciones. Esto permitiría una importante mejora de la eficiencia: no se trata de lograr un ahorro en sanidad sino de lograr los mejores resultados con los recursos disponibles.

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Farmaindustria, Aeseg (Asociación Española de Medicamentos Genéricos) y FEFE (Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles) han criticado al unísono el sistema propuesto por la AIReF, que defiende el sistema de subastas y la prescripción por indicación terapéutica en vez del principio activo. Las distintas asociaciones empresariales han criticado que estos dos sistemas afectarían a la inversión en nuevos medicamentos y al suministro. Es cierto que la competencia puede reducir los beneficios que obtienen los laboratorios gracias a los precios regulados, pero el sistema andaluz está muy lejos del desabastecimiento. Lo que sí es cierto es que las subastas lograron un ahorro de 560 millones de euros en Andalucía en apenas cinco años (2012-2017).

Desde que se puso en marcha el sistema de subastas, el número de farmacias en Andalucía ha aumentado un 8,5%, con incrementos que alcanzan el 17,4% en la provincia de Almería. Esto significa que el sistema de subastas no está afectando a la capilaridad de la red de farmacias, que supone el mayor riesgo de desabastecimiento.

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La rentabilidad de las pequeñas farmacias, que son precisamente aquellas situadas en los territorios con menos densidad de población, ha aumentado levemente durante todos estos años. Por el contrario, sí se aprecia un estrechamiento en el margen de beneficio de las grandes farmacias, que son aquellas que compran medicamentos en grandes lotes y que consiguen un descuento de los laboratorios. En definitiva, un beneficio que logran simplemente por su intermediación y que no repercute ni en las administraciones ni en los pacientes.

El estudio de la AIReF tampoco ha detectado un repunte de las incidencias en el suministro de medicamentos en Andalucía desde la entrada en vigor del sistema de subastas. Es cierto que en Andalucía hay un nivel de incidencias superior a la media nacional, pero no es diferente al que tienen otras regiones como Cantabria o Comunidad Valenciana, que se rigen por el sistema tradicional.

Además, la existencia de faltas en el suministro fue similar en los medicamentos sometidos a subasta que en el resto. No existe, por tanto, evidencia del impacto de las subastas sobre el suministro. Es lo mismo que ocurre en otros sectores: la competencia no provoca desabastecimiento, lo que hace es limitar los márgenes de beneficio de los productores y los intermediarios y expulsa a quienes ponen unos precios fuera de mercado.

Prescripción e inversión

Farmaindustria lamenta que las medidas encaminadas a mejorar la competencia provocarán “un importante daño, desde el punto de vista productivo, para la industria farmacéutica”. La AIReF, sin embargo, considera que lo que hay que atajar es la ‘investigación espuria’. Esto es, la que sirve para lanzar medicamentos aparentemente nuevos pero que realmente son muy similares a los ya existentes. Con esta estrategia, los laboratorios consiguen patentes nuevas que elevan sus márgenes aunque su medicamento no genere ningún avance respecto a los ya existentes.

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La Autoridad Fiscal propone que las recetas se centren en la indicación terapéutica (enfermedad que tratan) en lugar del principio activo (composición). De esta forma, se evitarían, en la medida de lo posible, estos medicamentos ‘nuevos’ y se primaría la investigación que realmente genere avances.

Farmaindustria alega que el gasto en recetas farmacéuticas se ha reducido durante la crisis y que es un 32% inferior al del resto de países de la eurozona. Además, citando las previsiones de la AIReF, el gasto farmacéutico crecerá en torno a un 1,4% anual, inferior al crecimiento del PIB. “No se entiende, por tanto, la necesidad de abordar un plan para ahorrar 1.500 millones de euros en cuatro años”, señala la patronal.

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En su opinión, no es apropiado introducir competencia de precios. En su lugar, considera que para mejorar la eficiencia hay que trabajar “con el Gobierno y las distintas administraciones con el fin de apoyar la calidad asistencial y la sostenibilidad futura de nuestro Sistema Nacional de Salud”.

La fijación unilateral del precio puede estar sujeta a decisiones erróneas provocadas por la presión de los diferentes 'lobbies' a las administraciones

Las patentes sirven precisamente para garantizar un retorno a los laboratorios que invierten en desarrollar nuevos medicamentos. La AIReF defiende que se mantengan las patentes y se garantice una rentabilidad a las farmacéuticas. Sin embargo, una vez que se pasa el periodo de 10 años de protección de la competencia, es necesario introducir elementos de mercado en el sistema de formación de precios.

La fijación unilateral de las administraciones puede estar sujeta a decisiones erróneas, ya sean involuntarias o voluntarias, producidas por las presiones de los distintos 'lobbies'. El sistema de subastas demostró en Andalucía que existe un amplio margen de ganancias de eficiencia en la fijación de precios. Solo así se explica que bajaran los precios de los fármacos, ya que las empresas no aceptarán vender a pérdidas. De esta forma, se introduce un incentivo a la competencia y también a la investigación, ya que los laboratorios tendrán un estímulo para crear medicamentos realmente novedosos.