Bélgica retira la inmunidad a 8 diplomáticas españolas: "Llevan mucho tiempo en el país"

El Gobierno de Bélgica ha tomado la decisión de retirar la inmunidad diplomática a ocho españolas, funcionarias de carrera, que trabajan para la Embajada española en el país desde hace cuatro décadas. Tal y como ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato de las administraciones públicas, el Ministerio belga de Asuntos Exteriores ha decidido, sin previo aviso, rechazar la renovación de la Tarjeta de Identidad Especial (TIE) a estas funcionarias, destinadas en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al considerar que llevan demasiado tiempo viviendo de manera permanente en el país, por lo que no pueden ser consideradas como personal diplomático. Así, las sitúa en un puesto de meras administrativas sin acreditación, dejándolas en "un limbo jurídico".

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El CSIF ha pedido explicaciones al Gobierno belga y ha solicitado al Ejecutivo español que interceda en esta situación. Entretanto, al carecer de la acreditación como personal diplomático, las funcionarias deberán pagar sus impuestos en Bélgica —hasta ahora pagaban impuestos en España—, lo que les supondrá "una importante pérdida de poder adquisitivo", tal y como ha señalado el sindicato. Además, dejarán de gozar de la inviolabilidad diplomática, tanto en su persona como en sus domicilios. La sindical sostiene que esta decisión va en contra del criterio que había seguido Bélgica desde 1980, momento desde el cual la Dirección de Protocolo de Exteriores dl país acreditaba a estas funcionaras como personal técnico y administrativo de la Embajada con residencia no permanente, en aplicación de la Convención de Viena que recoge los privilegios e inmunidades de este colectivo.

Desde el sindicato han pedido al Ministerio de Trabajo que actúe para "defender con urgencia los derechos de estas funcionarias de carrera", que además están a punto de jubilarse, porque la decisión contraviene una práctica realizada desde hace décadas. "Reivindicamos su derecho a que les renueven sus tarjetas de identidad especial, sin otro límite temporal que el que se deriva del ejercicio de sus funciones en la Misión Diplomática española, y que dejen de estar en este limbo jurídico inaceptable tras tantos años de servicio público", sostienen.

El Ministerio de Trabajo ha abogado por una "solución" y por extender la acreditación de este tipo de funcionarios por un número limitado de años, "lo que solucionaría este problema", y ha cponsiderado que la Administración belga debería tener en cuenta que "desde 2015 la permanencia del personal español desplazado en el exterior se ha limitado a un máximo de cinco años", por lo que situaciones como ésta requieren una "solución razonable".