El Gobierno eleva a 2.687 millones el coste del plan para parados de larga duración

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este vienres el Plan Reincorpora-T, adelantado por este periódico y que va destinado a reducir el paro de larga duración. El plan tendrá tres años de duración (2019-2021) y el objetivo es reducir el número de parados de larga duración en 541.000 personas de los 1.500.000 parados que hay actualmente. "Queremos atender a 600.000 personas, rebajar en un tercio los parados de larga duración y reducir a la mitad la brecha de género entre los parados de larga duración mayores de 30 años", ha explicado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

El coste íntegro de este plan, agregando los tres años de duración, es de 2.687 millones de euros. Esto significa que tras las negociaciones con los sindicatos ha aumentado en casi 200 millones de euros respecto a la estimación inicial. Y no solo eso, el plan contempla además ayudas fiscales para las empresas que contraten a parados de larga duración y que está pendiente de negociación con el Ministerio de Economía, de modo que no está estimado su coste.

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Una parte de estos 2.687 millones de euros ya se había aprobado en las últimas semanas, ya que afectaban a contenidos con rango de ley y necesitaban incorporarse a los últimos decretos leyes de los 'viernes sociales' anteriores. En concreto, se trata de la recuperación del subsidio por desempleo a mayores de 52 años y la cotización de las cuidadoras no profesionales de la Ley de dependencia. En total, estas dos medidas tendrán un impacto presupuestario de 1.313 millones de euros durante los tres años de aplicación del Plan. El resto, 1.374 millones, se corresponden a las nuevas medidas adoptadas el viernes.

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En total, el Plan contempla 63 medidas concretas que se articulan en torno a "cinco líneas de actuación: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad, emprendimiento y mejora del marco institucional", ha señalado Valerio. Una de las medidas más importantes será la obligación de introducir, en las cláusulas sociales de la contratación pública, la obligación de que el 10% de los empleos creados se nutran de parados de larga duración. De esta forma, el sector público estaría obligando a las empresas contratantes a buscar entre los desempleados de larga duración una parte de su mano de obra.

Queremos atender a 600.000 personas, rebajar en un tercio los parados de larga duración y reducir a la mitad su brecha de género

"Tiene que haber colaboración público-privada para acabar con esta lacra", ha señalado Valerio, quien ha pedido a las empresas "que apuesten por contratar a personas en situación de desempleo de larga duración". El Plan también contempla bonificaciones a la contratación de estos parados. En concreto, las empresas tendrán una rebaja en las cuotas a la Seguridad Social de 1.500 euros si son mujeres y 1.300 euros si son hombres (ayudas que correrán a cargo de los presupuestos generales del estado).

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El Ministerio de Trabajo también ha aprobado bonificaciones en la cotización para empresas que contraten a parados de larga duración y decidan formarlos para que adquieran las competencias que necesiten. Las empresas podrán ahorrarse un máximo del 5% del coste formativo en sus cuotas a la Seguridad Social.