El Gobierno plantea acabar con el bono social y diseñar un sistema nuevo desde cero

Tres meses después de que se aprobara el nuevo bono social eléctrico con el complemento del bono térmico para calefacción, y en plena ola de frío, el Gobierno expresa sus dudas sobre la configuración del sistema. En una reciente consulta pública para recabar la opinión de los agentes expertos del sector (empresas, Ayuntamientos, CCAA, Servicios Sociales, ONG, etc.), el Ejecutivo pregunta si el esquema de reparto de ayudas a los hogares más vulnerables es adecuado o por el contrario "debería diseñarse un sistema nuevo".

Este cuestionamiento surge al término de 2018, ya con los datos en la mano de beneficiarios de ambos bonos. El número de perceptores se ha quedado en algo más de un millón, con lo que no cubre al total del 8% de la población española que sufre temperaturas inadecuadas en su vivienda, tal y como recoge el Ministerio de Transición Ecológica con datos del INE.

La duda se plantea en pleno plan de acción para dar una respuesta integral al problema que sufren los más vulnerables con sus facturas de luz y gas. Los planes del área que dirige Teresa Ribera es tener listo un borrador que defina las líneas maestras de su Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética en primavera.

Ante la baja participación cosechada por este programa en la última etapa del PP, el Gobierno decidió a primeros de octubre, coincidiendo con la aprobación del Real Decreto de medidas urgentes para la Transición Energética, prorrogar el plazo de renovación del mismo hasta el 31 de diciembre. En principio, este expiraba el 8 de octubre.

Otra problemática añadida es la dificultad burocrática. Según un conocedor del sistema de ayudas asegura que la excesiva documentación a presentar está suponiendo un freno a la concesión del bono social.

Tras la reforma del PSOE para estos descuentos en la factura, la ministra señaló que se trataba de un plan provisional que habría que abordar con mayor profundidad en una Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética. Tres meses después, la consulta pública lanzada para recabar opiniones se pregunta si debería diseñarse un mecanismo nuevo. No obstante, fuentes del Ministerio señalan que la consulta aún no está cerrada (el plazo de recepción de propuestas finaliza el 17 de enero) y se están estudiando todas las posibilidades.

Este debate se produce, además, con las expectativas del precio de la luz al alza. Los futuros eléctricos auguran un coste de la electricidad un 8% más elevado en 2019 que en 2018, que además fue el segundo año más caro de la historia.

Foco en la eficiencia energética

Otro de los puntos importantes sobre los que el Gobierno está poniendo el foco es la eficiencia energética. El Ejecutivo pide consejo para implementar aquellas actuaciones en materia de eficiencia energética que mayor incidencia tengan a la hora de aliviar el problema de la pobreza energética a corto, medio y largo plazo.

Esta es una cuestión clave para los expertos del sector ya que de nada sirve hacer descuentos en la factura si esta es demasiado elevada por malas praxis energéticas y fugas que no permiten calentar los hogares adecuadamente. De hecho, un reciente informe publicado por la fundación Naturgy señala que cuanto mayor es la pobreza también mayor es el grado de ineficiencia de los hogares, peor dotados energéticamente que la media al tratarse generalmente de edificios más antiguos y en peor estado.

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Además de pedir opinión sobre el bono social actual, solicita ayuda a los actores participantes en el sector para identificar los factores que se deben tener en cuenta a la hora de determinar los casos de pobreza energética.

Este mismo lunes se espera conocer la cuantía que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende destinar en los Presupuestos Generales del Estado al bono social térmico. Este ofrece descuentos de entre 25 y 100 euros a los beneficiarios del mismo en función de sus necesidades climáticas que tengan para sufragar sus gastos de calefacción. En un primer momento el Gobierno realizó una estimación de en torno a 100 millones de euros de coste total por este concepto.

Este bono social lo pagan las compañías eléctricas. Este hecho ha provocado constantes enfrentamientos entre el sector y los gobiernos que lo han aplicado, lo que ha derivado en algunas sentencias judiciales a favor de las empresas en el pasado. La implicación tanto de empresas, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Servicios Sociales en su aplicación ha generado diversas controversias, de ahí que a día de hoy se siga planteando la eficacia de este sistema de ayudas cuando el frío más aprieta en España y el precio de la luz, aunque contenido, sigue al alza.