El Tribunal de Cuentas ve descontrol en las exenciones fiscales del Estado

¿Cuánto dinero deja de ingresar cada año el Estado de manera voluntaria? La cifra viene reflejada en la documentación que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado, pero los números no son los reales. Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de los beneficios fiscales que concede el Estado al sector privado, ya sean ciudadanos, empresas o instituciones sin fines de lucro.

Los beneficios fiscales, como sostiene el Tribunal de Cuentas, suponen una “merma importante” de los ingresos públicos y están orientados al logro de determinados objetivos de política económica y social. Es decir, que es dinero que deja de ingresar Hacienda por distintos motivos. Su cuantía, en todo caso, es imponente. En el ejercicio 2015, los beneficios fiscales (tan solo de los tributos estatales) ascendieron a un total de 40.719 millones de euros, de los cuales 20.783 millones correspondían a tributos directos y 19.844 millones, a indirectos.

Pues bien, el número de incentivos en 2015 ascendió a un total de 631, de los cuales 353 (el 56%) eran considerados beneficios fiscales. Respecto de estos, 219 estaban debidamente cuantificados (las dos terceras partes), pero el resto (el 32%) no estaban cuantificados por distintos motivos, entre los que se pueden citar los siguientes: su importe era mínimo y la estimación solo podía ser muy deficiente; el coste de hacerlo era muy elevado; el método de estimación que se utilizaba no lo permitía, o no se disponía de la información necesaria.

El Tribunal de Cuentas pone un ejemplo, la exención en el impuesto de sociedades que deberían pagar las entidades sin ánimo de lucro y las entidades religiosas en 2015 “no fue cuantificado y, por lo tanto, no existe estimación de su importe”. Aun así, los técnicos hacen una estimación. “Este tribunal”, dice el informe, “ha calculado de manera orientativa su cuantía tomando como base el importe de las rentas exentas declaradas por las entidades”, y su conclusión es la siguiente: los beneficios fiscales obtenidos por las instituciones sin fines de lucro y, fundamentalmente, por la Iglesia católica ascendieron en 2015 hasta los 123,63 millones de euros. De esta cantidad, las fundaciones y asociaciones sumaron 76,02 millones, mientras que las entidades religiosas se beneficiaron de otros 46,12 millones de euros. El resto fue a otras organizaciones.

Premios literarios

El fiscalizador recuerda que la ley obliga a esas entidades a declarar en el impuesto de sociedades la totalidad de sus rentas, tanto exentas como no exentas, lo que en su opinión proporcionaría una información que “permitiría efectuar una estimación aplicando los métodos de cálculo más apropiados”. Recuerda, igualmente, el escaso control que se ejerce sobre los premios literarios exentos de tributación, que no están convenientemente fiscalizados, lo que supone una merma de recaudación.

Como se sabe, la exoneración de gravamen de los premios literarios, artísticos o científicos —por ejemplo, los Princesa de Asturias— determina la no integración por el contribuyente del importe correspondiente a los mismos en la base imponible del impuesto como rendimientos del trabajo o actividades económicas.

El tribunal observa una primera consecuencia en esta falta de control exhaustivo. Los tipos efectivos que pagan los contribuyentes son inferiores a los que publica el 'Informe anual de recaudación tributaria', elaborado por Hacienda. En concreto, el tipo efectivo en el IRPF, teniendo en cuenta todos los factores considerados para su cálculo, fue un 4% inferior al estimado por la Agencia Tributaria. En el resto de tributos —sociedades e IVA—, el porcentaje es similar.

El Tribunal de Cuentas, además, reprocha a la Dirección General de Tributos, organismo encargado de cuantificar las exenciones fiscales, que no haya evaluado la oportunidad de ese dinero que deja de ingresar Hacienda. Y en concreto, recuerda que la ausencia de sistemas de evaluación “impide los análisis de eficiencia de las actuaciones realizadas”. En ese sentido, destaca que la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (ya disuelta) “tampoco ha realizado trabajos”.

Aunque no solo eso. El órgano fiscalizador del Estado encuentra que la creación de beneficios fiscales “no se encuentra precedida de estudios sobre los objetivos concretos de política económica y social que se espera lograr con ellos, ni se establecen indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos a través de dichos incentivos”.

Más claro no se puede decir y, de hecho, el Tribunal de Cuentas sostiene que Hacienda, una vez aprobados los beneficios fiscales, ni establece una duración temporal ni un periodo para evaluar si se han logrado los objetivos perseguidos. Tampoco se elaboran estudios que permitan saber si las actuaciones públicas de gasto fiscal, a través de los mismos, “son la forma más eficiente de conseguir los objetivos de política social o económica que persiguen”.