Rosell lanzará a las empresas a una guerra casa por casa contra el decretazo de Montoro
La patronal considera que uno de los puntos débiles de la reforma fiscal radica en eliminar de Sociedades de forma retroactiva las deducciones por pérdidas empresariales
Las relaciones entre el presidente de la CEOE, Joan Rosell, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; están bajo cero y no por el frío de diciembre sino por el "decretazo" de medidas fiscales contra las empresas que se aprobó el pasado 3 de diciembre, a las puertas del macropuente y que recogía las medidas para incrementar la recaudación en 5.000 millones. Tras analizar el texto, en la patronal se considera que uno de los puntos débiles de la reforma fiscal radica en la eliminación del impuesto de sociedades de manera retroactiva en las deducciones por pérdidas empresariales. La próxima semana, CEOE invitará a las empresas a recurrir en los tribunales esta medida, con la que está en profundo desacuerdo, según han adelantado fuentes cercanas a la patronal Fomento del Trabajo.
En el decretazo de medias fiscales se aplica una compleja medida técnica denominada "régimen fiscal transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades generadas en períodos impositivos anteriores a enero de 2013". Detrás de este farragoso título se oculta una norma que obliga a las empresas a devolver las deducciones aplicadas por empresas por pérdidas de sus filiales de manera retroactiva —lo que ha levantado en armas a la patronal y en especial a aquellos sectores que más pérdidas acumularon con la crisis: inmobiliarias y constructoras, que ahora verán recortados de facto los créditos fiscales acumulados— y a hacer desembolsos millonarios a Hacienda.
Hasta ahora, cuando una empresa tenía pérdidas las provisionaba y se aplicaba una deducción por dicha provisión. El problema no es que ya no se pueda llevar a cabo esta práctica, sino que se obligará a las empresas a devolver de manera retroactiva las ventajas fiscales ya obtenidas en años anteriores, algo que para Rosell y la patronal CEOE resulta intolerable.
El decreto da cinco años a las compañías para devolver estas deducciones que incrementarían la base imponible. Se calcula que de los 5.000 millones de ingresos extraordinarios que generará para las arcas públicas el Real Decreto Ley 3/2006 del pasado 2 de diciembre, unos 2.000 millones dependen de esta controvertida medida.
En la reunión de la junta de la CEOE del pasado miércoles, el exdiputado Josep Sánchez Llibre ya expuso el impacto de esta medida y explicó que no se puede combatir legalmente de manera global, sino que ha de ser cada empresa la que acuda a los tribunales para no pagar a Hacienda por este concepto. Si las empresas siguen esta senda, supondrá una verdadera guerra casa por casa para Hacienda y un colapso de los tribunales.
Joan Rosell ha encargado un dictamen jurídico a un catedrático y un informe económico que estará listo la semana que viene, tras lo cual lo más previsible es que se invite a todas las empresas a combatir legalmente en los juzgados la devolución de estas deducciones, que pueden tener un impacto millonario en muchas empresas, y donde las más perjudicadas serán aquellas que más sufrieron la crisis pero que sobrevivieron a la misma. Es decir, aquellos que tuvieron pérdidas multimillonarias entre 2009 y 2013 y ahora estaban saliendo del agujero.
Al optar por la vía del Real Decreto, Montoro ha cercenado de raíz la capacidad de 'lobby' de la CEOE para aguar la reforma en el trámite parlamentario
La patronal catalana Fomento del Trabajo ha sido de las más beligerantes en esta cuestión a raíz de un artículo publicado en 'La Vanguardia' por el economista Joan Antón Sánchez Carreté y en donde se advertía de que medidas como la "reversión de las pérdidas por deterioro de cartera" creaban un clima de inseguridad jurídica que iba a provocar que las empresas extranjeras no quisieran instalarse en España.
Algo que ha molestado aún más a Joan Rosell y a la cúpula de la CEOE es que se haya optado por la vía del real decreto, lo que deja a la patronal española ante una política de hechos consumados por parte de Cristóbal Montoro y sin margen para negociar en el Congreso una modulación de la subida de la presión fiscal.
Alcance de la medida
El alcance total de esta medida es difícil de calcular. Fiscalistas consultados apuntan que en los cinco años que tienen las empresas para devolver las deducciones percibidas esta cifra podría situarse entre los 10.000 y los 12.000 millones de euros para el conjunto del período. Desde estos sectores se apunta también a que la nueva norma implicará numerosos problemas de gestión de tesorería y de presupuestos empresariales para el próximo año.
En los primeros análisis jurídicos que se manejan desde la patronal se pone el acento en que se está gravando fiscalmente una renta ficticia, pues ni se han incrementado los fondos propios ni se ha pagado dividendo.
También se apunta a que la aplicación retroactiva "está expresamente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico si con ello se perjudica la situación de partida del obligado tributario", según reza uno de los documentos que sobre esta cuestión se maneja en Fomento del Trabajo.
Ejercicios prescritos
La medida afecta a todos los créditos fiscales que haya en libros, sin que se haya acotado un límite temporal de cuándo se generaron esas pérdidas, por tanto habrá algunas de ellas que afecten a ejercicios prescritos, los cuales, según la ley "son inatacables" desde el punto de vista fiscal.
Esta medida no ha llegado sola sino que va acompañada de todo un paquete fiscal que se incluye en el mismo decreto que afecta al impuesto de sociedades. Así se incluye limitar la deducción para evitar la doble imposición por inversiones en el extranjero, limitar las deducciones por pérdidas en años anteriores al 50%; y también recortar las deducciones por deterioro de crédito u otros activos. Este decreto afecta a todas las empresas que facturen más 20 millones de euros, que ahora son considerada por Montoro "gran empresa".
Las relaciones entre el presidente de la CEOE, Joan Rosell, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; están bajo cero y no por el frío de diciembre sino por el "decretazo" de medidas fiscales contra las empresas que se aprobó el pasado 3 de diciembre, a las puertas del macropuente y que recogía las medidas para incrementar la recaudación en 5.000 millones. Tras analizar el texto, en la patronal se considera que uno de los puntos débiles de la reforma fiscal radica en la eliminación del impuesto de sociedades de manera retroactiva en las deducciones por pérdidas empresariales. La próxima semana, CEOE invitará a las empresas a recurrir en los tribunales esta medida, con la que está en profundo desacuerdo, según han adelantado fuentes cercanas a la patronal Fomento del Trabajo.
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