Portugal forzó a Juncker para meter a España en el ‘saco’ de la multa por déficit

Las presiones de Portugal para no sentirse relegada como único Estado miembro de la eurozona en sufrir la deshonra política, aparte del coste económico, que implica la eventual multa por déficit excesivo han forzado la entrada de España en el expediente anunciado oficialmente por la Comisión Europea el pasado 7 de julio. El Gobierno de Mariano Rajoy defiende argumentos de mucho mayor peso que el socialista de António Costa en el país vecino, pero Bruselas ha preferido hacer tabla rasa con los dos casos para evitar males mayores que pudieran condicionar la estabilidad del Ejecutivo que preside Jean-Claude Juncker.

A diferencia de lo que precisamente ocurre ahora en España con la formación del nuevo Gobierno, en el caso de la CE cabe recordar que la elección de su actual titular fue impulsada hace dos años con el respaldo mayoritario de los socialistas europeos, incluyendo entre ellos el grupo que encabeza en Portugal el ahora primer ministro, António Costa. El dirigente luso ha sabido poner en valor su exquisita relación con Juncker para no quedarse solo ante el desaire de una sanción comunitaria y los funcionarios de Bruselas han entendido que es mucho más equitativo, desde el punto de vista político, incluir en el mismo saco a un país pequeño como Portugal con otro grande como España.

A simple vista, la situación de las dos naciones que forman la península Ibérica puede resultar equivalente para justificar el expediente sancionador. Tanto España como Portugal han superado con creces los límites del Plan de Estabilidad, que fija el techo máximo del déficit público en el 3%. Incluso se da la circunstancia de que España ha cerrado 2015 con un ‘agujero’ largo del 5%, mientras que Portugal lo ha hecho en un entorno del 4,4%, incluyendo las ayudas de recapitalización del Banco Internacional de Funchal (Banif). Así las cosas, cabría entender que la Comisión Europea no ha discriminado su criterio a la hora de juzgar las 'medidas efectivas' que ambos países han llevado a cabo para adaptar sus cuentas públicas.

La arbitrariedad se plantea cuando se observa con cierto detalle la comparación, más odiosa, entre los compromisos contraídos por uno y otro país. La situación de Portugal se antoja en este supuesto bastante más delicada desde el momento en que la senda para el país vecino exigía un límite del 2,5% de déficit a cierre de 2015. En España, los objetivos pactados en 2013 con los burócratas de Bruselas establecían la meta final al término de 2016. Dicho en otras palabras, Rajoy puede argumentar que todavía no ha traspasado la raya marcada por la Comisión Europea, algo de lo que no puede presumir Costa en Portugal.

La multa de Bruselas puede enrarecer el ambiente político en España, al coincidir justo con la primera sesión de investidura de Rajoy

Los detractores de cualquier análisis matizado esgrimen la peor expectativa reconocida por el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando fija la estimación de déficit para este año en el 3,6% del PIB. No es menos cierto, sin embargo, que la ejecución del actual presupuesto no será oficial hasta marzo de 2017, y para entonces es muy factible que España haya conseguido un nuevo acuerdo con Bruselas orientado a prorrogar, al menos un año más, la consabida meta del 3% que los halcones comunitarios se obstinan en vigilar a sangre y fuego. En definitiva, hoy por hoy, la proclamación del supuesto incumplimiento por parte de España solo puede equipararse al de Portugal mediante un ejercicio de fabulación basado en previsiones de futuro.

La Comisión Europea es capaz de todo ello y mucho más, sobre todo si de esta forma se satisfacen las peticiones de Alemania y sus satélites aliados, que invocan la disciplina fiscal como el santo y seña de la política económica. Entre unas cosas y otras, España tendrá que pasar por la horca caudina de un expediente que previsiblemente tomará carta de naturaleza en la reunión que celebrarán los ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin) el próximo martes en la capital belga. A partir de ahí, el Gobierno dispondrá de 10 días, hasta el 22 de julio, para efectuar alegaciones, en tanto que el Ejecutivo comunitario dispondrá de 20 días, hasta el 1 de agosto, para proponer la eventual multa.

La última semana de julio se antoja clave en el calendario inmediato de Bruselas, coincidiendo también con unas fechas decisivas para comprobar el grado de compromiso político que los distintos grupos parlamentarios van a exhibir en las Cortes de cara a la formación del Gobierno. La primera parte contratante de la investidura de Rajoy puede verse sometida esos mismo días a la obligación contratada de la primera multa impuesta desde Bruselas por déficit excesivo. Todo ello para hacer más surrealista y complejo el verdadero programa de estabilidad política y económica que los dirigentes nacionales y extranjeros reclaman para España desde hace un año. Poesía son ellos.