SoLO 3.300 COTIZANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

España se queda sin mineros: el fin de una leyenda

La minería se acaba. La Seguridad Social registra ya, apenas, 3.300 cotizantes. Mientras que la Comisión Europea ha dado dos años a España para cerrar todas las explotaciones

“(…) El número de concesiones mineras creció de forma vertiginosa. De pronto, como si de un nuevo e inmenso El Dorado se tratara, el subsuelo español pasó a ser objeto de una especulación febril en la que, en intrincada mezcolanza, confluyeron simples aventureros y auténticos hombres de empresa”. En estos términos se expresaba el historiador Jordi Nadal cuando se refería al decreto ley de 1868 que liberalizó la minería española, y que supuso un cambio trascendental en la historia económica de España.

Casi 150 años después, la minería está en vías de extinción. Apenas 3.300 trabajadores continúan cotizando en el régimen especial de la minería. Lejos, muy lejos, de los 18.524 mineros que estaban dados de alta al comenzar este siglo, y a años luz de los más de 100.000 mineros que había en España en los años cincuenta y sesenta, cuando la autarquía nacionalizó pozos en ruinas para salvar explotaciones privadas y asegurarse el aprovisionamiento de materias primas fundamentales para un país aislado del exterior. Aún hoy, 67.170 mineros cobran una pensión de jubilación y muchos más están prejubilados a edades tempranas.

Pero ahora las cuencas mineras se mueren. Agonizan. Vastos territorios han quedado a merced de la intemperie y del abandono, y comarcas enteras proyectan hacia su entorno una visión fantasmagórica. El Dorado es hoy un desierto de vetas negras. Y todo indica que el futuro va a ser peor. “Las cuencas mineras acabarán siendo un gueto sin un puñetero empleo”, asegura Víctor Fernández, responsable de minería de UGT. ¿Quién va a poner un negocio en un territorio devastado?, se pregunta, “con poca población y envejecida”.

Y es que la suerte está echada. La Comisión Europea acaba de aprobar la concesión de 2.130 millones de euros para el sector. Pero con una obligación: el cierre 'ordenado' de 26 minas de carbón no competitivas a cambio de aliviar el impacto social y medioambiental ocasionado por la clausura de esas minas. “Hemos perdido la batalla del carbón”, sostiene José Luis Villores, responsable de industrias extractivas de CCOO. Su colega de UGT es también muy directo: “El Gobierno ha tirado la toalla” incumpliendo todos los acuerdos firmados.

El plazo de Bruselas es taxativo y no admite discusión. Las minas deben estar cerradas en 2018. El dinero se destinará a los trabajadores que hayan perdido o vayan a perder su empleo debido a los cierres, mediante la financiación de las indemnizaciones por despido y de las prestaciones de Seguridad Social. Solo podrán seguir abiertas las que sean rentables en 2019, y si alguna explotación quiere seguir operando, tendrá que devolver las subvenciones.

Las ayudas pueden cubrir las pérdidas operativas dentro de ciertos límites, y deben basarse en un plan de cierre. La decisión del consejo exige que las minas que reciban subvenciones hayan sido desmanteladas dentro de dos años y medio a más tardar. La Comisión esgrime razones medioambientales para justificar la guillotina al carbón nacional en favor de energías renovables, que tienen prioridad en el 'pool' de generación.

Carbón y derechos laborales

Villores reconoce que “el carbón español es caro”, pero, al mismo tiempo, recuerda que ningún país avanzado puede competir -salvo que haya ayudas nacionales suficientemente importantes- con países como Indonesia, Colombia o Rusia, donde no se respetan los derechos laborales que hoy se exigirían en cualquier explotación europea. El resultado es que de las 20 millones de toneladas de carbón consumidas, 15 millones proceden de importaciones, apenas tres millones vienen de las cuencas nacionales y los dos millones restantes provienen de 'stocks' de difícil salida.

Es curioso que el carbón siempre -o casi siempre- ha traído de cabeza al país. Algunos historiadores como Vicens Vives, Sánchez Albornoz o el propio Nadal sostienen que la liberalización de 1868 fue fallida por los enormes costes de oportunidad que pagó la economía española al entregar el subsuelo a capitales meramente especulativos y escasamente productivos. Y el tiempo parece que les ha dado lo razón.

El decreto ley que pretendía modernizar la estructura productiva (claramente liberal) originó, en realidad, una verdadera colonización del sector, que cayó en manos de fortunas foráneas, la casa Rothschild entre ellas, ávidas de exportar los beneficios. Provocando, además, débiles influencias sobre la industria siderúrgica. Otros autores como Tortella o Prados lo niegan. Pero lo que está fuera de toda duda es que ese capitalismo nacional vinculado a las minas ha desaparecido.

Solo el estallido de la I Guerra Mundial revitalizó el sector minero español, especialmente el asturiano. Los precios se dispararon, aprovechando que importantes productores como Reino Unido o Alemania estaban en guerra. Como sostiene Ignacio Fernández Mateo, autor de un trabajo sobre el carbón nacional, el 'boom' fue tal que incluso se retomó la explotación de yacimientos improductivos, dado que los altos precios compensaban los costes.

En el caso de Asturias, se pasó de 129 minas en 1914 a 314 en 1918, mientras que el numero de mineros aumentó hasta los 39.000 efectivos en 1920. La producción de carbón vivió su punto álgido en 1958, inmediatamente antes del Plan de Estabilización. Pero a partir de los años sesenta, el sistema energético español dio un giro decantándose por las energías más limpias (electricidad y gas). Como sostienen los expertos, el carbón español presenta un problema de costosa solución, tiene baja calidad y alto contenido en azufre.

El primer choque petrolífero tras la guerra de Yom Kipur (1973-74) supuso un respiro. La participación del carbón en la producción eléctrica pasó del 18% en 1975 al 40% en 1987. En gran parte, esta reacción se debió a la entrada en funcionamiento de la Mina de As Pontes, cuyo proyecto se inicia, por Endesa, a principios de los años setenta, sin poder prever el choque petrolífero.

Pero eso es el pasado. Hoy, el carbón nacional es la tabla de salvación de miles de jubilados y prejubilados que sobreviven gracias a las ayudas del Estado. En un futuro no muy lejano, ni eso.

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