El país de los 600 (o más) seguros obligatorios

Por pilotar una embarcación de recreo, por conducir un coche, por usar motos náuticas, por tener animales peligrosos, por cazar, por jugar al golf... Y así hasta más de 600 situaciones o actos que forman parte de la vida de muchas personas deben contar con un seguro obligatorio. Sí, obligatorio. Y sí, más de 600 actividades. Es lo que ocurre en España... aunque, en realidad, casi nadie lo sabe.

Es más, esa cifra de 600 seguros es más tentativa que real. Ni siquiera está claro que las instituciones la conozcan con precisión. De hecho, a comienzos de 2014, la aseguradora HDI Gerling presentó un estudio elaborado por la empresa especializada Inese en el que se compilaban más de 800 seguros obligatorios. Dada la magnitud de la cifra, apenas sorprende que se destacara entonces que esa cifra "sitúa a España a la cabeza del 'ranking". Vamos, que ningún otro país tiene una proliferación similar.

Más allá de ser una anécdota, esta realidad constituye un auténtico problema. Primero, porque no es práctica. De tan profusa que es la lista, conocerla con detalle se convierte en una tarea imposible, con lo que su aplicación real se diluye. Y segundo, porque desde el propio sector reconocen que, en contra de lo que pueda parecer, esta situación no les conviene porque no siempre tienen productos adecuados para la obligatoriedad exigida. O dicho de otro modo, lamentan haber quedado en muchas ocasiones al margen de una avalancha procedente de los poderes públicos estatales, regionales y municipales.

Operación Poner orden

Precisamente porque ese desconocimiento casa mal con la obligatoriedad de cubrir esas actividades con un seguro y por la maraña existente en la actualidad, en la que se combinan los seguros obligatorios nacionales con los autonómicos y municipales, el Ministerio de Economía ya está manos a la obra para poner cordura en esta situación. La Dirección General de Seguros (DGS) publicará en las próximas semanas la lista de esos seguros obligatorios con la finalidad de aportar transparencia y de que los ciudadanos la puedan conocer. Su directora, Flavia Rodríguez-Ponga, así lo ha confirmado esta misma semana.

"Este registro estará operativo desde el 1 de enero de 2016, pero habrá que esperar un tiempo hasta que se termine de remitir toda la información relevante por los obligados a ello", confirman desde la DGS.

Este paso se deriva de la obligación de comunicación de seguros obligatorios a la Comisión Europea prevista en la directiva Solvencia II y ya estaba contemplado en la disposición adicional segunda de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Una de sus novedades consiste en crear un registro público de seguros obligatorios, cuya gestión recae en el Consorcio de Compensación de Seguros y en el que las comunidades autónomas debían implicarse poniendo en conocimiento de la DGS los seguros obligatorios existentes en su región. Este registro será desarrollado por un real decreto que ahora está en tramitación, y todo indica que el consorcio lo difundirá en su web para que esté a disposición del público.

Rodríguez-Ponga quiere depurar y reducir semejante volumen de seguros mediante la fusión de algunos o la creación de nuevas categorías

La nueva normativa procurará proporcionar una mayor transparencia que ahora no existe y, con ello, "facilitar así el cumplimiento de las obligaciones establecidas", precisan desde la DGS. Aunque la intención va más allá. Rodríguez-Ponga también ha deslizado esta semana la voluntad de aprovechar ese ejercicio de transparencia para empezar a depurar y reducir semejante volumen de seguros mediante la fusión de algunos de ellos o la creación de nuevas categorías que cobijen varias actividades a la vez. Porque los seguros obligatorios persiguen un fin, como es el de proteger a los ciudadanos ante las consecuencias dañinas de una determinada actividad, pero el volumen y la poca transparencia actual impiden o, al menos, dificultan que cumplan ese cometido.

Por el momento, y a la espera de tomar una determinación sobre este asunto, lo cierto es que la nueva ley impone nuevos parámetros con los que intentar contener esta selva de seguros, que ha ido creciendo, casi de manera silvestre. Para evitar que la lista siga creciendo sin orden ni concierto, en adelante el control será mayor. Para empezar, porque los seguros obligatorios "deberán establecerse mediante normas con rango de ley". Y para continuar, porque "deberán contar con un informe preceptivo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o del órgano competente de las comunidades autónomas, con objeto de que puedan formular observaciones en materia de técnica aseguradora".

Obligatorios y con sanciones

Más allá de tratarse de asuntos legales o meramente técnicos, esclarecer el panorama de los seguros obligatorios y facilitar la manera de conocerlos mejor resulta importante para la población. Más que nada, porque el término obligatorio no es gratuito. Y nunca mejor dicho, porque no contar con un seguro cuando resulta obligatorio tenerlo termina afectando al bolsillo.

"La realización de actividades careciendo del correspondiente seguro obligatorio será constitutiva de infracción administrativa muy grave, salvo lo dispuesto en su normativa específica", aclara la ley. Y añade: "Será sujeto infractor la persona física o jurídica que viniera obligada a la suscripción del seguro, pudiendo ser sancionado con multa de 1.000 a 20.000 euros".