la investigación toca a familiares del político

La Agencia Tributaria estrecha el cerco a Rodrigo Rato desde hace más de un año

La información remitida por el organismo dependiente de Hacienda judicializó el caso y desencadenó las actuaciones del juzgado número 35 de la capital, tras denuncia de la Fiscalía de Madrid

Foto: Funcionarios de la Agencia Tributaria sacaron la noche de la detención varias cajas con documentación del despacho de Rato (EFE)
Funcionarios de la Agencia Tributaria sacaron la noche de la detención varias cajas con documentación del despacho de Rato (EFE)

La imagen del exvicepresidente económico Rodrigo Rato saliendo de su casa detenido por los agentes del Servicio de Aduanas no ha sido fruto de un hallazgo casual. Y es que según aseguran fuentes conocedoras del proceso, la Agencia Tributaria investiga el caso desde hace más de un año después de que Anticorrupción tumbara la investigación por estar demasiado embrionaria. Precisamente fue la información remitida por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la que judicializó el caso y desencadenó las actuaciones del juzgado número 35 de la capital, tras denuncia de la Fiscalía de Madrid.

El alcance de la inspección también puede constatarse en las ramificaciones –hasta geográficas- de la misma. No en vano la Fiscalía dejaba claro que había “otras personas” implicadas, véase posibles socios del exministro o abogados, y los registros alcanzaban un bufete de Sotogrande (Cádiz) relacionado con el que fuera cerebro económico del PP. La denuncia insta a investigar al director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, siendo previsible que el procedimiento recaiga a partir de ahora en la Fiscalía Anticorrupción.

El arranque de todo es la regularización llevada a cabo por Rato dentro del proceso de amnistía fiscal aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Aunque ese movimiento no despertó las sospechas de la Agencia Tributaria, sí lo hicieron las contradicciones detectadas con posteriores declaraciones. Por ejemplo, la Ley Antifraude de ese mismo año obligaba a declarar los bienes y derechos que tuvieran en el extranjero, siempre que la suma de los activos en cuestión superara los 50.000 euros. Es el famoso modelo 720, tal y como ha confirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha asegurado que este cambio normativo, que entró en vigor en 2013, ha permitido aflorar mucho patrimonio que hasta ahora no se conocía y que estaba residenciado en el exterior.

Rodrigo Rato en el momento de su detención (EFE)
Rodrigo Rato en el momento de su detención (EFE)

“En general, el Ministerio de Hacienda va estrechando el cerco sobre posibles delitos al ir cruzando datos. Tal vez hubiera sido más inteligente para Rato no regularizar. Era como poner el cebo. Luego bastaba con ir tirando”, exponen fuentes jurídicas con un punto de ironía. Tampoco ha ayudado a aliviar el problema el complejo entramado de sociedades con que topó la Agencia Tributaria en la investigación, en muchos casos con familiares del político en sus registros.

El pasado 17 de febrero, la Agencia Tributaria comunicaba el envío al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que presentaron la Declaración Tributaria Especial (DTE) -la conocida como amnistía fiscal- y que presentaban indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales. El director general de la Agencia, Santiago Menéndez, dejaba claro que las actuaciones inspectoras no se veían limitadas por la DTE. "Quien haya cometido un delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes, seguirá siendo responsable de los mismos", zanjaba. 

Investigar sin duelo

Paradójicamente, el golpe de gracia a Rato –tras los casos que ya tiene abiertos por su gestión en Bankia- le ha sido asestado por quien fuera uno de sus más estrechos colaboradores. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda hoy y también titular del ramo con el Gobierno Aznar, aseguraba ayer en el Congreso que los funcionarios del Estado deben investigar los indicios de fraude sin preocuparse por “nombres, actividades, relevancia social o afiliación política”. Toda una declaración de intenciones.

Montoro añadía que el Ejecutivo "respeta completamente la independencia y autonomía" de estos funcionarios y que "sólo interviene para tratar de mejorar los medios a su disposición, apoyarles cuando incluso se les ataca desde fuera y estimularles en su trabajo". En esta línea, remachaba: "Deben acudir allí donde detecten posibles bolsas de fraude o indicios de delito, sin que les tengan que preocupar lo más mínimo los nombres que tenga los posibles defraudadores ".

El juez de la operación Puerto, instructor de la causa

El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano, será el encargado de instruir la causa contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía por presuntos delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y delito fiscal.

Pese a que los registros están siendo dirigidos por el juzgado de guardia esta semana en Madrid, el número 35, la denuncia de la Fiscalía ha recaído por turno en el juzgado del juez Serrano, que ha instruido otras causas de impacto mediático, como la Operación Puerto, contra el dopaje en el deporte de elite; o la condena al que fuera magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López tras ser sorprendido circulando en su moto bajo los efectos del alcohol.

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