La fotovoltaica recurre a la 'ley antiquiebra' de las inmobiliarias para evitar su colapso
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medidas contables contra la quiebra técnica

La fotovoltaica recurre a la 'ley antiquiebra' de las inmobiliarias para evitar su colapso

La fotovoltaica se aferra a la normativa aprobada graciosamente en su día por el Gobierno Zapatero para evitar la quiebra de las grandes inmobiliarias.

Foto: Parque fotovoltaico (EFE)
Parque fotovoltaico (EFE)

Los promotores fotovoltaicos aguzan el ingenio al formular sus cuentas para demorar el colapso del sector tras la reforma del tándem Soria-Nadal. Al punto que, según aseguran fuentes del sector, muchos proyectos han recurrido a la normativa aprobada graciosamente en su día por el Gobierno Zapatero para evitar que las grandes inmobiliarias entraran en causa de disolución por la pérdida de valor de sus activos. Esa concesión legal, que data del año 2008, permite a las empresasno contabilizar ese deterioro a la hora de determinar si el patrimoniode la firma se encuentra por debajo del 50% del capital social, una situación que equivale a la quiebra técnica.

“La reciente evolución de la actividad económica internacional nos sitúa en un contexto excepcional. Las pérdidas por deterioro, coyunturalmente significativas en determinadas compañías, al incorporarse a la cuenta de pérdidas y ganancias habrían de computar a los efectos del cálculo de la pérdida del patrimonio neto en los supuestos de señalados de reducción de capital y disolución. Por esta razón, se suspende, con una vigencia temporal de dos años (…) el régimen societario aplicable, sin que ello suponga, por lo demás, alteración del correspondiente régimen contable”, reza el Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, rubricado en plena burbuja inmobiliaria por la vicepresidenta Teresa Fernández De la Vega.

La exención, que afecta a las pérdidas por deterioro del “inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias”, se prorrogaba por parte del PSOE en marzo de 2010, al entender que la medida había “permitido amortiguar el impacto de la crisis en muchas empresas que, de otra manera, se habrían visto gravemente afectadas”. Se ampliaba el mecanismo dos ejercicios sociales más para evitar que “un apreciable número de empresas entren ahora en causa disolución o, en su caso, en supuestos de reducción obligatoria de capital”. Este maquillaje contable también fue avalado por el PP y su actual ministro de Economía, Luis de Guindos, en una disposición adicional a su paquete de medidas para el saneamiento del sistema financiero, en febrero de 2012.

placeholder Luis de Guindos y José Manuel Soria. (Efe)

Se renueva, sin solución de continuidad y a todos los efectos legales, durante el ejercicio social que se cierre a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre”, reza el documento, trayendo al presente la posibilidad de acogerse a la medida. Eso sí, como publicó El Confidencial, este indulto contable tiene fecha de caducidad. No en vano, el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, ya ha hecho llegar a las principales compañías del sector inmobiliario que 2014 será el último año de ese escudo legal antiquiebras.

Hacerle las redes a las eléctricas

La reforma eléctrica diseñada por Industria contempla el fin del sistema de primas al régimen especial –en esencia las energías renovables– y su sustitución por un modelo de rentabilidad fija del 7,39% para cada instalación. El problema es que ese rédito se calcula sobre toda la vida útil de la planta, incluidos los ejercicios que ya se han cobrado. Por tanto, si se percibió una retribución en el pasado por encima de esa ganancia, se minora la remuneración a futuro. Un planteamiento que los afectados denuncian por su carácter retroactivo, sin contar con que la rentabilidad se calcula sobre unos costes fijados por el Ministerio y que los afectados estiman cifrados a la baja.

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“Mi inversión se ha visto rebajada a la hora de tasar la planta en casi un 20% –explica un damnificado–. Y el Ministerio no tiene en cuenta la subestación que tuvo que montarse, los 135.000 euros por megavatio en cada punto de conexión, las líneas de evacuación… La fotovoltaica le ha pagado a las eléctricas la reestructuración de todas las redes. Y además del recorte, la Ley del Sector Eléctrico limita el retorno de cash-flow. En conclusión, ya en 2014no podrá afrontarse el servicio de la deuda. Los proyectos que tuvieran reservas podrán aguantar la sangría de este año, pero como el problema es recurrente, las plantas están en quiebra técnica y abocadas a la restructuración”.

Peor es todavía el escenario de quien constituyó para financiar la planta un project finance tradicional, avalando con garantías personales, y tiene que responder ahora con su patrimonio. El feeling en el sector es que la banca –que tampoco se ha empleado a fondo para dulcificar este frente– terminará ejecutando buena parte de los huertos solares y colocándolos a firmas distressed. Y es que a esos fondos oportunistas sí pueden salirles las cuentas con la rentabilidad que se ofrece y sin la carga de la inversión. Todo se precipitará –deterioros, provisiones, ejecuciones, demandas…– cuando la regulación esté aprobada. Nueve meses después de que el BOE recogiera la reforma, ni siquiera está cerrado el marco legal. Un ejemplo para los inversores foráneos.

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